LIMA. Amnistía Internacional (AI) denunció que, durante las protestas antigubernamentales en Perú, hubo “ataques generalizados” hacia la población por parte de las fuerzas del orden y que la “grave crisis de derechos humanos” que vive el país ha sido alimentada por el racismo y la criminalización contra comunidades indígenas y campesinas.
Las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social
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“En Perú se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de ataques generalizados hacia la población, con la intención de castigar y silenciar a personas que ejercen su legítimo derecho a la protesta”, aseguró la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, durante la presentación de los hallazgos preliminares de la misión que investiga la crisis peruana.
Guevara insistió en que el “uso excesivo y desproporcionado de la fuerza” por parte de las fuerzas del orden, que incluyó “uso ilegítimo de armas letales y armas menos letales de manera indiscriminada”, ha dejado un saldo “fatal y trágico”, que “profundiza el racismo sistémico que existe en las autoridades del Estado”.
“Las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos”, aseveró.
La organización destacó que las protestas estallaron en regiones del sur, las “más marginadas del país”, cuya población, mayoritariamente indígena, ha sido “objeto de históricamente de discriminación y de desigualdad”.
Resaltó, en este sentido, que mientras que los departamentos con más población indígena representan el 13 por ciento de la población peruana, estos concentran 80 por ciento de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis, en diciembre pasado.
“No es casualidad que decenas de personas dijeran a AI que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos. El racismo sistémico arraigado en la sociedad peruana y en sus autoridades durante décadas, ha sido el motor de la violencia ejercida como castigo contra las comunidades que han alzado la voz”, indica el informe de AI.
Estos hechos, alerta, “podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, lo que es un crimen bajo el derecho internacional, que tiene responsabilidades, no solo de quien jaló el gatillo sino de quien dio la orden”.
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El gobierno rechaza cometer abusos para frenar los disturbios y afirma que en las manifestaciones, algunas violentas con la quema de sedes públicas y privadas y la toma de aeropuertos, las fuerzas de seguridad actuaron conforme a ley.
La fiscalía peruana inició hace dos semanas una investigación preliminar contra Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves” durante las protestas, en la que incluyó también aparte de su gabinete de ministros.
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