/ sábado 5 de octubre de 2019

Boris Johnson prevé aplazar Brexit si no hay pacto

El gobierno británico se comprometió a pedir por carta a la UE una prórroga que evite la ruptura abrupta el próximo 31 de octubre

EDIMBURGO. El gobierno británico está dispuesto a cumplir la ley y solicitar una extensión de la fecha de salida de la Unión Europea si para el 19 de octubre no logra un acuerdo con Bruselas, pero la oposición teme que guarde un as en la manga para evitar retrasar la fecha de partida haya o no pacto.

Según los documentos remitidos por el Ejecutivo del conservador Boris Johnson al Tribunal de Sesiones de Edimburgo, el gobierno se compromete, en línea con la legislación, a pedir por carta a Bruselas una prórroga que evite una ruptura abrupta el próximo 31 de octubre.

Este fue el argumento en que el gabinete de Johnson basó su defensa durante la vista para valorar las consecuencias legales que podría asumir el primer ministro si forzara un divorcio por las bravas, lo que podría incluir la imposición de una multa y hasta una posible pena de prisión.

El caso, sobre el que el juez Lord Pentland se pronunciará el próximo lunes, está motivado por la demanda que han presentado la parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, el empresario Vince Dale y el representante de la asociación antibrexit "The Good Law Project" Jolyon Maugham.

Los demandantes temen que, pese a haber asegurado que se respetará la ley, el gobierno busque algún subterfugio que le permita, al mismo tiempo que solicita la prórroga, evitar que esta se lleve a cabo y poder así forzar la retirada de la UE.

Una fuente de Downing Street, el despacho oficial del primer ministro, confirmó que el Gobierno cumplirá la norma, aunque reiteró que el "brexit" se producirá el 31 de octubre, como está previsto.

Acerca de la legislación, que se conoce como "Benn Act" por el diputado laborista Hilary Benn que la impulsó, dijo que "solo impone un deber específico muy estricto con respecto a la carta del Parlamento solicitando una extensión", y su contenido, precisó, "puede ser interpretado de maneras diferentes". "Pero la ley no impide que el Gobierno haga otras cosas que no impliquen extensiones, incluidas otras comunicaciones, privadas y públicas", sostuvo la citada fuente.

EDIMBURGO. El gobierno británico está dispuesto a cumplir la ley y solicitar una extensión de la fecha de salida de la Unión Europea si para el 19 de octubre no logra un acuerdo con Bruselas, pero la oposición teme que guarde un as en la manga para evitar retrasar la fecha de partida haya o no pacto.

Según los documentos remitidos por el Ejecutivo del conservador Boris Johnson al Tribunal de Sesiones de Edimburgo, el gobierno se compromete, en línea con la legislación, a pedir por carta a Bruselas una prórroga que evite una ruptura abrupta el próximo 31 de octubre.

Este fue el argumento en que el gabinete de Johnson basó su defensa durante la vista para valorar las consecuencias legales que podría asumir el primer ministro si forzara un divorcio por las bravas, lo que podría incluir la imposición de una multa y hasta una posible pena de prisión.

El caso, sobre el que el juez Lord Pentland se pronunciará el próximo lunes, está motivado por la demanda que han presentado la parlamentaria del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, el empresario Vince Dale y el representante de la asociación antibrexit "The Good Law Project" Jolyon Maugham.

Los demandantes temen que, pese a haber asegurado que se respetará la ley, el gobierno busque algún subterfugio que le permita, al mismo tiempo que solicita la prórroga, evitar que esta se lleve a cabo y poder así forzar la retirada de la UE.

Una fuente de Downing Street, el despacho oficial del primer ministro, confirmó que el Gobierno cumplirá la norma, aunque reiteró que el "brexit" se producirá el 31 de octubre, como está previsto.

Acerca de la legislación, que se conoce como "Benn Act" por el diputado laborista Hilary Benn que la impulsó, dijo que "solo impone un deber específico muy estricto con respecto a la carta del Parlamento solicitando una extensión", y su contenido, precisó, "puede ser interpretado de maneras diferentes". "Pero la ley no impide que el Gobierno haga otras cosas que no impliquen extensiones, incluidas otras comunicaciones, privadas y públicas", sostuvo la citada fuente.

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