El primer ministro británico, Boris Johnson, negó el jueves haber mentido a la reina sobre sus motivos para suspender el parlamento y dijo confiar en alcanzar un acuerdo sobre el Brexit con Bruselas, un optimismo que no comparten los negociadores europeos.
Johnson pidió a Isabel II hace dos semanas la suspensión de las labores parlamentarias entre mediados de septiembre y el 14 de octubre, pocos días antes del Brexit. Obligada constitucionalmente a seguir su consejo, la monarca accedió y la suspensión se hizo efectiva el martes.
Johnson justificó su decisión por la necesidad de presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno. Pero sus opositores denuncian que su verdadero objetivo era impedir que los diputados bloqueasen un Brexit sin acuerdo y no se lo dijo a la jefa de Estado.
¿Mintió a la reina?, le preguntaron los periodistas el jueves.
"¡Absolutamente no!", fue la tajante respuesta de Johnson.
La víspera, una corte escocesa estimó que el consejo dado a la soberana condujo a una suspensión "ilegal". Sin embargo, una corte inglesa dictó lo contrario la semana pasada. Ambas decisiones deben ser examinadas el próximo martes por la Corte Suprema.
Un tribunal de Irlanda del Norte se pronunció también a favor del gobierno el jueves en una tercera demanda presentada en Belfast.
"La punta del iceberg"
En los días previos al receso, el parlamento asestó duros reveses al primer ministro que sufrió una rebelión en sus filas, perdió la mayoría, vio aprobada una ley que le obligaría a pedir otro aplazamiento del Brexit y denegada su petición de elecciones anticipadas.
Y "si el señor Johnson no hubiese cerrado el parlamento, los diputados lo habrían freído" tras la publicación de un informe según el cual en caso de un Brexit brutal habría penuria de alimentos frescos y medicamentos, afirmó el jueves Tom Brake, del opositor Partido Liberal-Demócrata.
Obligado por el parlamento, el gobierno de Johnson hizo pública el miércoles una síntesis de los informes elaborados en secreto, bajo el título Operación "Yellowhammer" o "Carpintero Dorado", para prepararse a un Brexit sin acuerdo.
Estos advierten de perturbaciones en 12 sectores claves, desde el abastecimiento de agua a los transportes y las fronteras, y de la posibilidad de "disturbios públicos y tensiones comunitarias". "Protestas y contraprotestas ocurrirían en todo el Reino Unido y obligarían al uso de una cantidad importante de recursos policiales", agrega.
Hasta 85% de los camiones británicos podrían ver complicado el paso de los controles aduaneros franceses en los puertos, unas perturbaciones que podrían durar tres meses e impactar en el abastecimiento de productos frescos, fármacos y químicos para el tratamiento del agua.
