SAN SALVADOR. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó con aval del Congreso, el Estado de excepción, restringiendo libertades civiles y ampliando los poderes de la policía, cuando el país enfrenta una ola de violencia pandillera que dejó 76 homicidios en dos días.
Con fusiles de asalto y chalecos antibalas, policías y soldados patrullan las calles, mientras continuaba la detención de cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusados de ordenar los crímenes.
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Citando “las graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales”, el decreto, previamente aprobado a pedido de Bukele por 67 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa (oficialista), declara por un mes un “régimen de excepción” en “todo el territorio nacional”.
En consecuencia queda restringida la libre asociación y reunión, se permite abrir la correspondencia e intervenir las comunicaciones telefónicas o de correo electrónico sin orden judicial. También restringe el derecho a ser informado el motivo de una detención y a contar con abogado desde la captura, y extiende el plazo de la detención por más de 72 horas.
“Para la inmensa mayoría de personas la vida continúa normal”, aunque habrá “cierres focalizados y temporales” en algunas zonas, tuiteó Bukele.
Servicios religiosos, eventos deportivos y comercio se pueden realizar en forma normal, “a menos que usted sea pandillero o se considere sospechoso”, dijo.
Bukele ordenó además decretar “emergencia máxima” en todas las cárceles, donde permanecen más de 17 mil de los 70 mil miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras.
“Todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio”, tuiteó el mandatario. “Mensaje para las pandillas: por sus acciones, sus “homeboys (compañeros presos) no podrán ni ver un rayo de sol”.
Bukele, un milenial de 40 años con amplio apoyo popular desde que llegó al poder en 2019, hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al inicio de su mandato una baja en los homicidios.
Pero en diciembre, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a dos funcionarios de su gobierno por presuntamente haber negociado con pandillas para que apoyen al partido de Bukele en las elecciones legislativas de 2021.
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