El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicitó este domingo al Congreso prorrogar por un mes el régimen de excepción decretado el 27 de marzo, durante el cual se ha detenido a 16 mil presuntos pandilleros como respuesta a una ola de homicidios.
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"En este momento, estoy convocando al Consejo de Ministros para que solicite a la Asamblea Legislativa (congreso), la ampliación del régimen de excepción por 30 días más", escribió Bukele en Twitter.
Para prorrogar el régimen de excepción, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, convocó a los diputados para celebrar la tarde de este domingo una sesión extraordinaria.
A pedido del mandatario, el Congreso, controlado por el oficialismo, decretó un régimen de excepción el 27 de marzo, que permite detenciones sin orden judicial, y una reforma para castigar con hasta 45 años de prisión a los miembros de las pandillas.
"Más de 16.000 terroristas sacados de las calles, en solo 29 días. Seguimos Guerra Contra Pandillas", destacó el gobernante.
La Policía informó que el sábado capturó a 590 pandilleros y desde el inicio de la ofensiva el 26 de marzo, acumula 16 mil 53 detenidos, una cifra sin precedentes en los últimos 30 años.
El Salvador sufre el asedio de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras pandillas, que suman 70 mil miembros, de los cuales, con la ofensiva de arrestos, ahora 32 mil están encarcelados.
Basado en una encuesta que publicó el jueves CID Gallup, el mandatario aseguró que "el 91% de los salvadoreños apoyan la guerra contra pandillas que impulsa nuestro gobierno".
Bukele declaró la guerra contra las pandillas que operan en su territorio luego del asesinato de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, crímenes que las autoridades vincularon al accionar de estas agrupaciones criminales.
La reforma también incluye castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. Con la ofensiva, las autoridades lograron detener la escalada homicida desde el 28 de marzo.
Esta última medida fue calificada como una "ley mordaza" por los medios salvadoreños, ya que su poca claridad permitiría una interpretación de limite la libertad de los comunicadores para informar sobre las actividades de las pandillas y sus confrontaciones con el gobierno.
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Asimismo, el estado de excepción impulsado por Bukele ha sido duramente criticado dentro y fuera de El Salador, alegando posibles violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias.
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