QUITO. Seis bandas se disputan las cárceles de Ecuador, y la mayoría están al servicio de los cárteles mexicanos de la droga.
Los Choneros, los Pipos, los Tiguerones, los Chone Killers, los Lagartos y los Lobos son las bandas que mandan en las cárceles del país.
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De éstas, una disputa entre los Choneros y los Lobos, brazos armados de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, habría desatado el enfrentamiento armado que dejó más de 100 muertos en una cárcel de Guayaquil.
Su disputa por control de reos y espacio ha logrado que el 2021 supere las muertes violentas en cárceles al 2019 y 2020.
En total, este año se han registrado 144 reos muertos en matanzas producto de amotinamientos. El dato es alarmante tomando en cuenta que en 2020 hubo 51 muertes de este tipo, en 2019 hubo 33 y en 2018 fueron 11.
BANDAS Y NARCOTRÁFICO
Para Andrés Granda, sociólogo y master en política pública, el discurso de “se trató de una guerra entre bandas” se ha normalizado de tal manera que “le permite al gobierno desligarse de su responsabilidad”.
Un exfuncionario del sistema penitenciario comenta que en el sistema carcelario hay seis bandas “bien constituidas” que se disputan el control de los pabellones y cuya rivalidad por espacio también “está afuera”, pues requieren ser dueños de los pasos de droga de los cárteles mexicanos a los que responden.
Antes de la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña” y líder de los Choneros, las cárceles tenían territorios marcados y “que se respetaban”.
Con su muerte (2020), las bandas de los Pipos, los Tiguerones, los Chone Killers, los Lagartos y los Lobos “se han puesto como consigna atacar a los Choneros y quitarles su espacio”, dice el exfuncionario, que prefiere el anonimato.
“Estas bandas conocen todo sobre el sistema carcelario y mueven la corrupción que impera en guías, directores y más (…) sino no hay otra explicación para que entren motosierras y fusiles”, detalla.
Agrega que los reos planifican motines simultáneos porque saben que la capacidad de reacción y el número de personal desde el gobierno, para seguridad, es bajo.
El experto en seguridad Mario Pazmiño dice que el narcotráfico en Ecuador y las bandas en las cárceles responden a dos cárteles mexicanos: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa.
Ambos se disputan el control de corredores y las redes de envío de cocaína por las costas ecuatorianas a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
La rivalidad más marcada está entre los Lagartos y los Choneros. Los primeros responden al cártel de Jalisco Nueva Generación y los segundos a Sinaloa. “Por eso ellos han adoptado formas más cruentas en las matanzas, porque vienen de la escuela del narco mexicano”.
Sobre los otros cuatro grupos, el extrabajador del sistema carcelario explica que muchos son disidentes de los Choneros y los Lagartos y pueden estar ligados a los mismos cárteles u otros de menos impacto en el país, como los Zetas, la Familia Michoacana y el Cártel del Golfo.
¿GUERRA ESTADO VS NARCO?
El coronel Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército ecuatoriano, dice que el alza de las muertes violentas, los ataques con drones y la dotación de armas que tienen los reos dan un claro mensaje de los cárteles al Estado: “el narcotráfico amenaza al Estado y no el Estado al narco”.
Es por eso que emprender un plan estratégico contra el narcotráfico y el tráfico de armas debe ser la consigna, para que “la violencia de las cárceles no se traslade a las calles”, dice Pazmiño.
Pero la crisis carcelaria no inició con la matanza de 79 presos, el 23 de febrero de 2021. El estado de las cárceles es el resultado de reformas legales, que entran en la categoría de populismo penal, mas la naturalización del mandato interno de bandas criminales y sus “guerras” por espacio.
Andrés Granda indica que el quiebre del sistema carcelario data del 2018.
“Si bien el déficit de guías penitenciario, tecnología e infraestructura es algo que pasa hace décadas, en Ecuador, en 2018, el abuso de la prisión preventiva impactó en el grado de hacinamiento”, dice.
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El 2018, había un hacinamiento de 36 por ciento. En 2021 alcanza 38 por ciento.
La entrada en vigor del Código Penal, en 2014, tiene mucho que ver, según Granda, y lo único que representó fue el populismo penal del gobierno de Rafael Correa para enviar el mensaje de que había “mano dura contra la delincuencia”.
(Este texto se reproduce con autorización del periódico ecuatoriano La Hora)
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