SANTIAGO. El gobierno de Chile rechazó el controvertido megaproyecto Dominga, que promovía la extracción de concentrado de hierro y cobre cerca de uno de los ecosistemas más importantes del mundo donde vive 80 por ciento de los pingüinos de Humboldt.
La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, quien presidió el Consejo de Ministros que canceló la iniciativa, junto con los titulares de Salud, Minería, Agricultura, Energía y Economía, dijo que la decisión es “robusta y basada en evidencia técnica” y que las reclamaciones tienen que ver con “vida marina”, “contaminación de agua” y “calidad de aire”, entre otras.
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Tanto Rojas como el presidente Gabriel Boric eran contrarios al proyecto incluso antes de asumir el cargo hace un año.
Ambientalistas y locales celebraron la cancelación del proyecto, que incluía una mina y un puerto, aunque pidieron mayor protección para la zona, que alberga una reserva natural única en el planeta.
Por su parte, la compañía Andes Iron, impulsora del proyecto que lleva una década tratando de conseguir los permisos, anunció que recurrirá en los tribunales la decisión y criticó “la intervención política” del Comité de Ministros.
Entre quienes criticaron la cancelación hay poderosos gremios como el de los empresarios y mineros, que calificaron la decisión de “mala noticia” y aludieron la pérdida de empleos para la zona.
Tras el rechazo del megaproyecto, que se había valorado en 2 mil 500 millones de dólares, el ministro de Economía, Nicolás Grau, detalló un plan para fomentar el empleo en la zona, La Higuera, una de las comunas más pobres del país.
Desde su presentación hace 10 años, la minera Dominga estuvo envuelta en polémicas que salpicaron al expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022).
La investigación periodística “Papeles de Pandora” reveló en 2021 irregularidades en la venta en 2010 en Islas Vírgenes Británicas de acciones de este megaproyecto del exmandatario.
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La investigación difundió una cláusula de compraventa entre el empresario y amigo de la familia Carlos Alberto Délano y Piñera, en la que se condicionaba el último pago a que no se declarara área de protección ambiental la zona de la mina.
La protección ambiental dependía de Piñera, quien había asumido el poder unos meses antes de la venta del proyecto. La Fiscalía de Chile abrió una investigación, aún no hay cargos contra nadie.
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