Peruanos en la sureña región de Puno sacaron a las calles los ataúdes de los 17 civiles que murieron en las protestas a comienzos de esta semana, el peor brote de violencia que ha visto la nación andina en más de veinte años.
Las protestas se expendieron ayer en el sur del país, donde se reportaron nuevos enfrentamientos de manifestantes con las fuerzas de seguridad en Cuzco, mientras se mantiene el pedido de renuncia de la presidenta Dina Boluarte tras las últimas muertes.
Te puede interesar: Fiscalía inicia investigación previa contra Boluarte por muertes en protestas en Perú
Las manifestaciones reunieron a cientos de personas, gran parte de ellos campesinos llegados desde localidades del interior a las capitales de las regiones de Cuzco, Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Tacna, esta última fronteriza con Chile.
En Cuzco se reportó que decenas de personas marcharon por la ciudad y luego intentaron llegar hasta el aeropuerto internacional, que es vigilado por un numeroso contingente policial, que incluye la presencia de tanquetas antidisturbios.
Mientras que los manifestantes lanzaron arengas contra el gobierno, un grupo de personas buscó acercarse a la terminal aérea y se originó enfrentamientos con el uso de gases lacrimógenos. Un autobús fue atacado y quemado durante la noche en la provincia cuzqueña de Chumbivilcas por unos 300 manifestantes, sin que se registraran heridos.
En Ayacucho, donde en diciembre pasado murieron 10 personas, se cumplió con el segundo día de paro y hacia el mediodía una marcha numerosa llegó hasta la plaza principal, donde los participantes guardaron un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos en Juliaca.
En la región Apurímac, que fue otro de los epicentros de las protestas de diciembre, se reportó una paralización parcial, aunque paulatinamente se restableció el transporte público, pero manifestantes recorrieron las calles de la ciudad de Andahuaylas de manera pacífica para reiterar su rechazo al Ejecutivo y el Congreso.
En Arequipa también se reportaron movilizaciones y el bloqueo de un puente en el norte de la ciudad, lo que obligó a numerosas personas a cruzar la zona caminando, bajo la vigilancia de militares y efectivos de la Policía Nacional.
En la vecina Tacna, donde en la madrugada se quemaron dos casetas de peaje en la carretera Panamericana Sur, decenas de manifestantes llegaron hasta la plaza principal, aunque luego un grupo intentó acercarse a un centro comercial, por lo que la Policía arrojó bombas lacrimógenas para dispersarlos.
Medios locales mostraron que un grupo no identificado atacó con piedras la comisaría del distrito Gregorio Albarracín, que resultó con ventanales rotos y las puertas dañadas, mientras que la Policía incrementó el número de agentes.
Aunque las manifestaciones se presentan en su gran mayoría en el sur del país, también se reportó que en la región norteña de San Martín se bloqueó un sector de la carretera Fernando Belaúnde Terry, la principal de ese departamento En tanto, se realizaron velatorios masivos de los muertos que dejaron choques con las fuerzas de seguridad, mientras Estados Unidos pidió “moderación” a todas las partes.
En Puno, en la frontera con Bolivia, miles de pobladores recorrieron las calles de Juliaca con ataúdes de las 17 víctimas civiles del lunes. Los féretros de color blanco y marrón fueron cargados por sus allegados.
Cada uno lucía una fotografía y una bandera de Perú cubriéndolo por completo. “Dina me asesinó con balas”, se leía en el ataúd blanco de Edgar Huaranca, llevado en hombros por seis familiares.
Perú declaró duelo nacional en honor a los muertos de Puno, donde el martes el gobierno decretó tres días de toque de queda nocturno en un intento por contener las protestas. Al mismo tiempo una misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Lima para evaluar “la situación de derechos humanos durante las protestas que dejan al menos 40 muertes desde hace un mes.
➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo
Los comisionados de la CIDH fueron recibidos por Boluarte en el Palacio de gobierno, sede del Ejecutivo peruano.
La fiscalía abrió el martes una investigación por presunto delito de “genocidio” a Boluarte, que impuso un toque de queda en Puno para frenar las manifestaciones violentas.
.png "Salario mínimo (1).png")
