/ miércoles 20 de mayo de 2020

Combate a la coca pone en jaque a los campesinos

La siembra representa la única fuente de ingresos para una parte de la población. La pugna entre el Ejército y los campesinos aumenta el riesgo de contagio del virus

BOGOTÁ. La erradicación forzada de los cultivos ilícitos en Colombia durante la cuarentena por el coronavirus ha puesto en jaque a decenas de campesinos colombianos que argumentan que si el Ejército sigue con este programa se van a quedar sin qué comer durante la crisis por la pandemia.

Con los "asentamientos campesinos", los jornaleros impiden en varios departamentos de Colombia que el Ejército arranque las matas de coca o las rocíe con el herbicida glifosato porque para ellos acabar con las plantaciones ilícitas supone terminar con su única fuente de ingresos.


Los choques provocaron la muerte del joven Alejandro Carvajal, quien según denunciaron organizaciones sociales, fue asesinado por el Ejército en la región del Catatumbo (fronteriza con Venezuela) durante una protesta contra "las erradicaciones manuales, violentas y forzadas" de coca en la zona.

Adriana Muro, directora de Elementa, una ONG integrada en la Coalición de Acciones para el Cambio (CAC), explicó que han documentado operativos de erradicación forzada en siete departamentos del país desde que inició la cuarentena el pasado 25 de marzo.

"Esto es riesgoso no sólo porque las personas que salen de sus casas a defender sus cultivos se exponen al coronavirus sino porque las protestas contra las autoridades terminan en disturbios, amenazas e incluso con dos muertos en las últimas semanas", añadió Muro.

Una de las víctimas mortales es Carvajal y la otra un indígena awá, que según la comunidad murió el mes pasado por un disparo de un policía cuando protestaba contra la erradicación en una zona rural de Tumaco, cerca de la frontera con Ecuador y la región con más hectáreas sembradas de coca de Colombia.

"Los campesinos se enfrentan por una parte a la represión del Ejército y la Policía y por otra parte a los grupos armados ilegales que quieren la supervivencia del cultivo", lamentó Muro.

Los cultivadores también "tienen miedo a que los militares que vienen a erradicar desde las ciudades traigan el coronavirus a nuestras regiones", explicó Juan Carlos Quintero, portavoz de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que opera cerca de la frontera con Venezuela.

Sus vidas peligran más que las del resto si se tiene en cuenta su difícil acceso al sistema de salud.

Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que encuestó a seis mil 350 familias que vivían en zonas de cultivos de coca, sólo tres por ciento tenía acceso a hospitales o centros de atención primaria.


El presidente colombiano, Iván Duque, apostó por la erradicación forzada en un contexto en el que Colombia llegó al máximo histórico de hectáreas cultivadas de coca en 2018 -año de su posesión- y con la presión política de Estados Unidos por abordar militarmente el problema.

En 2018, el país llegó a la cifra de 171 mil hectáreas, según la UNODC. Colombia es el primer productor de coca del mundo.

De estas hectáreas, los campesinos erradicaron voluntariamente 40 mil gracias a los programas de sustitución de cultivos ilícitos del acuerdo de paz firmado entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos.


Te recomendamos el podcast ⬇

Apple Podcasts

Google Podcasts

Omny

Spotify

BOGOTÁ. La erradicación forzada de los cultivos ilícitos en Colombia durante la cuarentena por el coronavirus ha puesto en jaque a decenas de campesinos colombianos que argumentan que si el Ejército sigue con este programa se van a quedar sin qué comer durante la crisis por la pandemia.

Con los "asentamientos campesinos", los jornaleros impiden en varios departamentos de Colombia que el Ejército arranque las matas de coca o las rocíe con el herbicida glifosato porque para ellos acabar con las plantaciones ilícitas supone terminar con su única fuente de ingresos.


Los choques provocaron la muerte del joven Alejandro Carvajal, quien según denunciaron organizaciones sociales, fue asesinado por el Ejército en la región del Catatumbo (fronteriza con Venezuela) durante una protesta contra "las erradicaciones manuales, violentas y forzadas" de coca en la zona.

Adriana Muro, directora de Elementa, una ONG integrada en la Coalición de Acciones para el Cambio (CAC), explicó que han documentado operativos de erradicación forzada en siete departamentos del país desde que inició la cuarentena el pasado 25 de marzo.

"Esto es riesgoso no sólo porque las personas que salen de sus casas a defender sus cultivos se exponen al coronavirus sino porque las protestas contra las autoridades terminan en disturbios, amenazas e incluso con dos muertos en las últimas semanas", añadió Muro.

Una de las víctimas mortales es Carvajal y la otra un indígena awá, que según la comunidad murió el mes pasado por un disparo de un policía cuando protestaba contra la erradicación en una zona rural de Tumaco, cerca de la frontera con Ecuador y la región con más hectáreas sembradas de coca de Colombia.

"Los campesinos se enfrentan por una parte a la represión del Ejército y la Policía y por otra parte a los grupos armados ilegales que quieren la supervivencia del cultivo", lamentó Muro.

Los cultivadores también "tienen miedo a que los militares que vienen a erradicar desde las ciudades traigan el coronavirus a nuestras regiones", explicó Juan Carlos Quintero, portavoz de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), que opera cerca de la frontera con Venezuela.

Sus vidas peligran más que las del resto si se tiene en cuenta su difícil acceso al sistema de salud.

Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que encuestó a seis mil 350 familias que vivían en zonas de cultivos de coca, sólo tres por ciento tenía acceso a hospitales o centros de atención primaria.


El presidente colombiano, Iván Duque, apostó por la erradicación forzada en un contexto en el que Colombia llegó al máximo histórico de hectáreas cultivadas de coca en 2018 -año de su posesión- y con la presión política de Estados Unidos por abordar militarmente el problema.

En 2018, el país llegó a la cifra de 171 mil hectáreas, según la UNODC. Colombia es el primer productor de coca del mundo.

De estas hectáreas, los campesinos erradicaron voluntariamente 40 mil gracias a los programas de sustitución de cultivos ilícitos del acuerdo de paz firmado entre la extinta guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos.


Te recomendamos el podcast ⬇

Apple Podcasts

Google Podcasts

Omny

Spotify

Política

Diputados aprueban en comisiones eliminación de 109 fideicomisos

Con esta eliminación, el Gobierno federal obtendrá 68 mil 478 millones de pesos para que empleé en programas sociales y la atención de la pandemia por Covid-19

Justicia

Juez ordena reabrir caso del periodista asesinado Javier Valdez

Hoy un juez admitió las pruebas en contra de uno de los autores materiales de su asesinato

Mundo

Periodistas piden a CIDH actuar ante ataques en El Salvador

Los firmantes, entre ellos Rubén Blades y Diego Luna, solicitaron al organismo internacional que "monitoree de manera especial y con extrema urgencia la situación al más breve plazo"

Mundo

#Data | Trump tiene un mes para acortar la ventaja de Biden

Según The Economist, desde junio las probabilidades de que el ex vicepresidente Biden gane se han mantenido estables

CDMX

Encapsulamento evitó choque entre feministas y Frenaaa dice Sheinbaum

44 mujeres policías resultaron lesionadas durante la marcha feminista pro aborto tras choque con grupos infiltrados

Mundo

Acusan a hijo de Bolsonaro de lavado

Fiscalía de Río de Janeiro acusó a Flavio Bolsonaro de corrupción desde el año 2003

Sociedad

Banqueros y CTM, con diferencias por reforma al sistema de pensiones

Luis Niño de Rivera, presidente de la ABM, indicó que el asunto debe regularse por temas de competencia y no por imposición legislativa

Finanzas

Fonatur le abrirá paso al Tren Maya mediante abogados

Alistan licitación para desalojar con litigios a quienes vivan en zonas irregulares cercanas a las vías

Política

Programas sociales no son de uso político: Secretaría del Bienestar

Javier May respondió a las críticas y aseguró que no hay corrupción en la dependencia a su cargo