/ domingo 5 de septiembre de 2021

Condena EU el fallo que permite reelección de Bukele en El Salvador

La noche del viernes, los magistrados constitucionalistas, revirtieron un fallo de 2014 y habilitaron la reelección presidencial inmediata

Estados Unidos condenó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador con lo que permite la reelección presidencial de Nayib Bukele y afirmó que este "declive" de la democracia daña la relación entre ambas naciones.

"El Gobierno de los Estados Unidos condena la decisión tomada el 3 de septiembre por la Sala de lo Constitucional salvadoreña de la Corte Suprema", dijo la encargada de negocios de EU en El Salvador, Jean Manes, en una conferencia de prensa a la que fue convocada la prensa local.

La noche del viernes, los magistrados constitucionalistas, nombrados el 1 de mayo, revirtieron un fallo de 2014 y habilitaron la reelección presidencial inmediata, con lo que el presidente Nayib Bukele podría buscar un segundo periodo en 2024.

"Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución salvadoreña que establece que la reelección inmediata no está permitida", subrayó la jefa de la misión diplomática estadounidense.

"Esto demuestra una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso clave al poder Ejecutivo", agregó.

Manes también criticó la reciente decisión del Congreso de cesar a los jueces y fiscales sexagenarios bajo el argumento de combatir prácticas corruptas.

Democracia en El Salvador, al borde del abismo: HRW

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que "la democracia en El Salvador está al borde del abismo".

"La Sala de lo Constitucional de El Salvador -que Bukele coptó en mayo de este año- acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección, publicó Vivanco en Twitter.

Añadió que, a su juicio, es "el mismo libreto que usaron Daniel Ortega (Nicaragua) y Juan Orlando Hernández (Honduras)" para reelegirse.

Agregó que "muchos venimos alertando hace más de un año sobre los riesgos para el Estado de derecho en El Salvador" y lamentó que el secretario General de la OEA, Luis Almagro, "descartó estas alertas" y etiquetó a quienes las emitían de ser "voces recurrentemente histéricas".

Compartió un video con las declaraciones de Almagro de 2020 y agregó que "ahora es tarde".

Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, indicó que observan a El Salvador para "denunciar prácticas violatorias" de derechos humanos y advirtió sobre el desmantelamiento de las instituciones.

"En el mundo nos enfrentamos a Gobiernos autoritarios que desmantelan las instituciones para violar DDHH. Queda demostrado que El Salvador no será la excepción", publicó Guevara-Rosas en Twitter.

Añadió que en Amnistía Internacional "tenemos ojos en El Salvador para denunciar las prácticas violatorias de DDHH del Gobierno de Nayib Bukele".

Así se abrió camino a Bukele

El 1 de mayo pasado, la Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, cesó a los magistrados constitucionalistas y nombró a 5 abogados para ocupar los cargos, que son los que emitieron este fallo.

Entre los magistrados nombrados se encuentra un exasesor del Ejecutivo de Bukele, un abogado del actual director de la Policía y un excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, que fue elegido por Bukele en un proceso cuestionado.

En la resolución criticada por diversos sectores, los jueces ordenan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir "que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión".

La decisión judicial abre la vía para que el presidente Bukele pueda buscar la reelección en 2024, pues con la interpretación que se le dio en 2014 al epígrafe 1 del artículo 152 de la Constitución debía esperar hasta 2034.

A juicio de los magistrados, la interpretación de 2014 es "errónea" y apuntaron que la Constitución permite que un ciudadano puede ser presidente por un máximo de 10 años.

El mandatario, que ganó las elecciones presidenciales de 2019 con una amplia ventaja y mantiene una alta aceptación ciudadana, no se ha pronunciado ante la posibilidad de competir de nuevo por la reelección.

Estados Unidos condenó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador con lo que permite la reelección presidencial de Nayib Bukele y afirmó que este "declive" de la democracia daña la relación entre ambas naciones.

"El Gobierno de los Estados Unidos condena la decisión tomada el 3 de septiembre por la Sala de lo Constitucional salvadoreña de la Corte Suprema", dijo la encargada de negocios de EU en El Salvador, Jean Manes, en una conferencia de prensa a la que fue convocada la prensa local.

La noche del viernes, los magistrados constitucionalistas, nombrados el 1 de mayo, revirtieron un fallo de 2014 y habilitaron la reelección presidencial inmediata, con lo que el presidente Nayib Bukele podría buscar un segundo periodo en 2024.

"Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución salvadoreña que establece que la reelección inmediata no está permitida", subrayó la jefa de la misión diplomática estadounidense.

"Esto demuestra una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar un contrapeso clave al poder Ejecutivo", agregó.

Manes también criticó la reciente decisión del Congreso de cesar a los jueces y fiscales sexagenarios bajo el argumento de combatir prácticas corruptas.

Democracia en El Salvador, al borde del abismo: HRW

El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que "la democracia en El Salvador está al borde del abismo".

"La Sala de lo Constitucional de El Salvador -que Bukele coptó en mayo de este año- acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección, publicó Vivanco en Twitter.

Añadió que, a su juicio, es "el mismo libreto que usaron Daniel Ortega (Nicaragua) y Juan Orlando Hernández (Honduras)" para reelegirse.

Agregó que "muchos venimos alertando hace más de un año sobre los riesgos para el Estado de derecho en El Salvador" y lamentó que el secretario General de la OEA, Luis Almagro, "descartó estas alertas" y etiquetó a quienes las emitían de ser "voces recurrentemente histéricas".

Compartió un video con las declaraciones de Almagro de 2020 y agregó que "ahora es tarde".

Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara-Rosas, indicó que observan a El Salvador para "denunciar prácticas violatorias" de derechos humanos y advirtió sobre el desmantelamiento de las instituciones.

"En el mundo nos enfrentamos a Gobiernos autoritarios que desmantelan las instituciones para violar DDHH. Queda demostrado que El Salvador no será la excepción", publicó Guevara-Rosas en Twitter.

Añadió que en Amnistía Internacional "tenemos ojos en El Salvador para denunciar las prácticas violatorias de DDHH del Gobierno de Nayib Bukele".

Así se abrió camino a Bukele

El 1 de mayo pasado, la Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, cesó a los magistrados constitucionalistas y nombró a 5 abogados para ocupar los cargos, que son los que emitieron este fallo.

Entre los magistrados nombrados se encuentra un exasesor del Ejecutivo de Bukele, un abogado del actual director de la Policía y un excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, que fue elegido por Bukele en un proceso cuestionado.

En la resolución criticada por diversos sectores, los jueces ordenan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir "que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión".

La decisión judicial abre la vía para que el presidente Bukele pueda buscar la reelección en 2024, pues con la interpretación que se le dio en 2014 al epígrafe 1 del artículo 152 de la Constitución debía esperar hasta 2034.

A juicio de los magistrados, la interpretación de 2014 es "errónea" y apuntaron que la Constitución permite que un ciudadano puede ser presidente por un máximo de 10 años.

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