/ martes 19 de junio de 2018

Correa va a proceso por secuestro del exlegislador Fernando Balda

Un legislador opositor del expresidente denunció su plagio en 2012; tiene 15 días para presentarse en Quito

QUITO, Ecuador. La Corte Nacional de Justicia (CNJ, Supremo) de Ecuador vinculó al expresidente Rafael Correa a un proceso por el secuestro del que denunció ser víctima el exlegislador Fernando Balda, en 2012 en Colombia, y le ordenó presentarse ante el tribunal cada 15 días, desde el próximo 2 de julio.

La jueza de Garantía Penales de la CNJ, Daniella Camacho, con base en los argumentos de la Fiscalía, declaró la validez procesal del caso y vinculó a Correa, que reside de forma permanente en Bélgica, de donde es oriunda su esposa.

El exmandatario, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, es acusado de "asociación ilícita" y "secuestro" de quien era entonces uno de sus más enconados opositores políticos.

Balda, líder del partido Sociedad Patriótica, denunció su secuestro en 2012, pero fue este año, ya con un nuevo presidente en el país, Lenín Moreno, cuando la Fiscalía inició la investigación reservada y solicitó las primeras versiones del caso.

Según denunció el político, el secuestro se produjo en Colombia la noche del 13 de agosto de 2012, cuando fue abordado por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que lo introdujeron con violencia en un vehículo. El auto fue localizado y una persona fue detenida por las autoridades colombianas.

Pese a que la Fiscalía de Ecuador había solicitado como medias cautelares que Correa se presentara periódicamente ante la Embajada en Bélgica, la jueza Camacho decidió, por decisión propia, que dicha acción se realice ante la secretaría de la CNJ en Quito cada quince días, una decisión que sorprendió a la sala. El abogado defensor Caupolicán Ochoa denunció que la jueza ha actuado con "carencia de imparcialidad" y ha cometido un "franco abuso del derecho" al pedir al fiscal que reformule las medidas cautelares.

Correa deberá presentarse ante el CNJ desde el 2 de julio, lo que, en principio, le exigiría retornar al país desde Bélgica. La audiencia se dio en medio de protestas de varias decenas de simpatizantes del expresidente en las afueras de la CNJ.

Al final, manifestantes lanzaron huevos y otros objetos contra periodistas que cubrían esta diligencia, al acusarlos de favorecer los intereses de grupos de derechas opuestos al Gobierno del exmandatario.

QUITO, Ecuador. La Corte Nacional de Justicia (CNJ, Supremo) de Ecuador vinculó al expresidente Rafael Correa a un proceso por el secuestro del que denunció ser víctima el exlegislador Fernando Balda, en 2012 en Colombia, y le ordenó presentarse ante el tribunal cada 15 días, desde el próximo 2 de julio.

La jueza de Garantía Penales de la CNJ, Daniella Camacho, con base en los argumentos de la Fiscalía, declaró la validez procesal del caso y vinculó a Correa, que reside de forma permanente en Bélgica, de donde es oriunda su esposa.

El exmandatario, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, es acusado de "asociación ilícita" y "secuestro" de quien era entonces uno de sus más enconados opositores políticos.

Balda, líder del partido Sociedad Patriótica, denunció su secuestro en 2012, pero fue este año, ya con un nuevo presidente en el país, Lenín Moreno, cuando la Fiscalía inició la investigación reservada y solicitó las primeras versiones del caso.

Según denunció el político, el secuestro se produjo en Colombia la noche del 13 de agosto de 2012, cuando fue abordado por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que lo introdujeron con violencia en un vehículo. El auto fue localizado y una persona fue detenida por las autoridades colombianas.

Pese a que la Fiscalía de Ecuador había solicitado como medias cautelares que Correa se presentara periódicamente ante la Embajada en Bélgica, la jueza Camacho decidió, por decisión propia, que dicha acción se realice ante la secretaría de la CNJ en Quito cada quince días, una decisión que sorprendió a la sala. El abogado defensor Caupolicán Ochoa denunció que la jueza ha actuado con "carencia de imparcialidad" y ha cometido un "franco abuso del derecho" al pedir al fiscal que reformule las medidas cautelares.

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