/ lunes 19 de octubre de 2020

Corte escuchará apelación de Trump sobre el muro y los migrantes

El máximo tribunal estadounidense aceptó escuchar una apelación del gobierno de Trump sobre el desvío de fondos militares para pagar el muro en la frontera con México

La Corte Suprema acordó el lunes decidir sobre la legalidad de una de las políticas migratorias más severas del presidente Donald Trump que ha obligado a decenas de miles de migrantes a esperar en México, en lugar de poder entrar en Estados Unidos, mientras se tramitan sus solicitudes de asilo.

Los jueces escucharán una apelación a un fallo del tribunal inferior de 2019 que determinó que la política de mantener a los solicitantes de asilo en México probablemente violaba la ley federal de inmigración.

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El programa, llamado Protocolos de Protección al Migrante, sigue en vigor porque la Corte Suprema congeló en marzo la decisión de la corte inferior de bloquear la política en espera de que se resuelva la disputa.

El presidente republicano ha dicho que la política de "permanecer en México", que entró en vigor en enero de 2019, ha reducido el flujo de migrantes de América Central a Estados Unidos.

La restricción de la inmigración tanto legal como ilegal ha sido un tema central de la presidencia de Trump, quien ha tratado de reducir las solicitudes de asilo mediante una serie de cambios en las políticas y las normas.

Grupos de defensa de la inmigración y 11 solicitantes de asilo que huyeron de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras y que fueron devueltos a México después de entrar en Estados Unidos presentaron una demanda para impugnar la legalidad de la medida federal.

La política de "quedarse en México", que representó un cambio fundamental respecto de la práctica anterior de Estados Unidos, es una de las medidas que Trump ha adoptado para tratar de impedir la migración en gran escala desde América Central y otros países a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

Su gobierno ha dicho que permitir que los miles de solicitantes de asilo crucen la frontera inundaría el sistema de migración estadounidense y dañaría las relaciones de Estados Unidos con México.

Un juez federal bloqueó el programa diciendo que obligar a estos solicitantes de asilo a esperar en México era contrario al texto de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y violaba las obligaciones basadas en el tratado de no enviar a los refugiados de vuelta a los países peligrosos de los que procedían.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, con sede en San Francisco, confirmó parcialmente esa decisión en febrero. La Corte Suprema puso entonces la medida cautelar en suspenso, permitiendo al gobierno de Trump continuar con la política de asilo.

Los migrantes en el programa, muchos de ellos niños, han enfrentado la violencia y la falta de vivienda en México mientras esperaban las fechas de los tribunales. Grupos de derechos humanos han documentado casos de secuestros, violaciones y asaltos.

Además, el lunes el máximo tribunal estadounidense aceptó escuchar otra apelación del gobierno de Trump a un fallo que dijo que excedió sus poderes constitucionales al desviar fondos militares para pagar su prometido muro en la frontera entre México y Estados Unidos.



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La Corte Suprema acordó el lunes decidir sobre la legalidad de una de las políticas migratorias más severas del presidente Donald Trump que ha obligado a decenas de miles de migrantes a esperar en México, en lugar de poder entrar en Estados Unidos, mientras se tramitan sus solicitudes de asilo.

Los jueces escucharán una apelación a un fallo del tribunal inferior de 2019 que determinó que la política de mantener a los solicitantes de asilo en México probablemente violaba la ley federal de inmigración.

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El programa, llamado Protocolos de Protección al Migrante, sigue en vigor porque la Corte Suprema congeló en marzo la decisión de la corte inferior de bloquear la política en espera de que se resuelva la disputa.

El presidente republicano ha dicho que la política de "permanecer en México", que entró en vigor en enero de 2019, ha reducido el flujo de migrantes de América Central a Estados Unidos.

La restricción de la inmigración tanto legal como ilegal ha sido un tema central de la presidencia de Trump, quien ha tratado de reducir las solicitudes de asilo mediante una serie de cambios en las políticas y las normas.

Grupos de defensa de la inmigración y 11 solicitantes de asilo que huyeron de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras y que fueron devueltos a México después de entrar en Estados Unidos presentaron una demanda para impugnar la legalidad de la medida federal.

La política de "quedarse en México", que representó un cambio fundamental respecto de la práctica anterior de Estados Unidos, es una de las medidas que Trump ha adoptado para tratar de impedir la migración en gran escala desde América Central y otros países a través de la frontera entre Estados Unidos y México.

Su gobierno ha dicho que permitir que los miles de solicitantes de asilo crucen la frontera inundaría el sistema de migración estadounidense y dañaría las relaciones de Estados Unidos con México.

Un juez federal bloqueó el programa diciendo que obligar a estos solicitantes de asilo a esperar en México era contrario al texto de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y violaba las obligaciones basadas en el tratado de no enviar a los refugiados de vuelta a los países peligrosos de los que procedían.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos, con sede en San Francisco, confirmó parcialmente esa decisión en febrero. La Corte Suprema puso entonces la medida cautelar en suspenso, permitiendo al gobierno de Trump continuar con la política de asilo.

Los migrantes en el programa, muchos de ellos niños, han enfrentado la violencia y la falta de vivienda en México mientras esperaban las fechas de los tribunales. Grupos de derechos humanos han documentado casos de secuestros, violaciones y asaltos.

Además, el lunes el máximo tribunal estadounidense aceptó escuchar otra apelación del gobierno de Trump a un fallo que dijo que excedió sus poderes constitucionales al desviar fondos militares para pagar su prometido muro en la frontera entre México y Estados Unidos.



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