Río de Janeiro, 5 ago (EFE).- Las ciudades más violentas de Brasil están en el norte y noreste del país, las regiones más pobres del gigante suramericano y en las que crece el mercado ilícito de maderas y la guerra por el narcotráfico, según un estudio divulgado este lunes.
Una de estas ciudades es Altamira, una localidad en el interior del estado amazónico de Pará y donde la semana pasada 62 presos murieron víctimas de un sangriento enfrentamiento en una penitenciaría, producto de una guerra entre facciones criminales que disputan el control del narcotráfico en la región.
Altamira es uno de los 310 municipios brasileños con más de 100.000 habitantes analizados por el estatal Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (Inpe, por sus siglas en portugués) con base en sus tasas de homicidios en 2017 y solo está detrás de Maracanaú, en el estado de Ceará, considerada la ciudad más violenta del país.
El estudio, elaborado conjuntamente con el Fórum de Seguridad Pública de Brasil y que hace parte del Atlas de la violencia 2019, mostró que las muertes aumentaron en las regiones norte y noreste del país "influenciadas principalmente por la guerra contra el narcotráfico, la ruta por el flujo de drogas y el mercado ilícito de madera".
De acuerdo con el informe, de los 20 municipios más violentos de Brasil, 18 están en el norte y noreste del país y cuatro de ellos están en Pará (Altamira, Marituba, Marabá y Ananindeua).
Para el coordinador de la investigación, Daniel Cerqueira, el perfil de las ciudades más violentas es un reflejo de la realidad que se vive en los países más carentes, en contraste con las naciones desarrolladas.
"En términos proporcionales, la diferencia entre los municipios más y menos violentos corresponde a la diferencia entre Brasil y Europa", compara. En los municipios más violentos, el perfil socioeconómico es más similar al de los países latinoamericanos o africanos: las personas generalmente no tienen acceso a la educación, al desarrollo infantil y al mercado laboral", señala el investigador, citado en el informe.
El obispo emérito de Xingú, el austríaco Erwin Kräutler, que hace 13 años vive bajo protección policial debido a las amenazas contra su vida, lamentó la violencia llevada por la hidroeléctrica a Altamira y que se agravó con la inclusión de la ciudad en las rutas de narcotráfico y con la actuación de bandas de narcotraficantes.
