/ lunes 5 de marzo de 2018

Cristina Fernández, a juicio por presunto encubrimiento de terroristas

La expresidenta y actual senadora de Argentina no quedó presa por tener fuero

Buenos Aires, Argentina.- La Justicia argentina envió a juicio a la expresidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los imputados por el ataque contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, tres años después de que el fiscal Alberto Nisman apareciera muerto días después de denunciarla.

Tras cerrar la instrucción, el juez Claudio Bonadio decidió abrir la vista oral y pública, en fecha todavía por determinar, con un total de 12 procesados, alguno de ellos en prisión preventiva desde el pasado diciembre.

La mandataria entre 2007 y 2015 y actual senadora evitó por el momento quedar presa por contar con fueros parlamentarios y es acusada, al igual que su excanciller Héctor Timerman y otros de sus colaboradores, de "encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionario públicos, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad".

Este será el tercer juicio que debe enfrentar la exmandataria, que se considera víctima de una persecución judicial impulsada por el actual gobierno: en 2017 se anunció la apertura de un juicio por presuntas irregularidades en el Banco Central durante su mandato y el pasado viernes otro por supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública.

Tampoco estos tienen todavía fecha de celebración.

El fiscal Nisman, que apareció muerto en enero de 2015 -en circunstancias aún sin esclarecer- cinco días después de denunciar a Fernández, encabezaba la investigación del atentado contra la mutua AMIA de Buenos Aires -el mayor que ha sufrido Argentina-, que dejó 85 muertos, sigue impune y es atribuido por la comunidad judía a Irán y al grupo chiíta Hezbolá.

El procurador estaba convencido de que un memorándum suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba, en realidad, encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos exaltos cargos del país persa, a cambio de mejorar la relación comercial bilateral.

Tras la muerte de Nisman, su denuncia fue desestimada, pero la causa fue reabierta a finales de 2016.

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Buenos Aires, Argentina.- La Justicia argentina envió a juicio a la expresidenta Cristina Fernández por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los imputados por el ataque contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, tres años después de que el fiscal Alberto Nisman apareciera muerto días después de denunciarla.

Tras cerrar la instrucción, el juez Claudio Bonadio decidió abrir la vista oral y pública, en fecha todavía por determinar, con un total de 12 procesados, alguno de ellos en prisión preventiva desde el pasado diciembre.

La mandataria entre 2007 y 2015 y actual senadora evitó por el momento quedar presa por contar con fueros parlamentarios y es acusada, al igual que su excanciller Héctor Timerman y otros de sus colaboradores, de "encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionario públicos, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad".

Este será el tercer juicio que debe enfrentar la exmandataria, que se considera víctima de una persecución judicial impulsada por el actual gobierno: en 2017 se anunció la apertura de un juicio por presuntas irregularidades en el Banco Central durante su mandato y el pasado viernes otro por supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública.

Tampoco estos tienen todavía fecha de celebración.

El fiscal Nisman, que apareció muerto en enero de 2015 -en circunstancias aún sin esclarecer- cinco días después de denunciar a Fernández, encabezaba la investigación del atentado contra la mutua AMIA de Buenos Aires -el mayor que ha sufrido Argentina-, que dejó 85 muertos, sigue impune y es atribuido por la comunidad judía a Irán y al grupo chiíta Hezbolá.

El procurador estaba convencido de que un memorándum suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado buscaba, en realidad, encubrir a los sospechosos del ataque, entre ellos exaltos cargos del país persa, a cambio de mejorar la relación comercial bilateral.

Tras la muerte de Nisman, su denuncia fue desestimada, pero la causa fue reabierta a finales de 2016.

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