SAN JOSÉ. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, se dirigen hacia un control casi total de la vida de los nicaragüenses mediante la represión de la voz disidente, incluso la Iglesia católica.
La acumulación de poder de la pareja presidencial se viene gestando desde su retorno a la primera magistratura en 2007, tras efectuar cambios a la Constitución en 2011 y 2014, según la socióloga Elvira Cuadra, exiliada en Costa Rica.
Entre los cambios de Ortega figura la eliminación del artículo que prohibía la reelección consecutiva. Y solo era posible una vez tras un período alterno.
Ortega “modificó la naturaleza o modelo de gobierno establecido en la Constitución se puede ver que hay un cambio, por uno autoritario”, observó Cuadra.
Desde 2018, cuando Ortega reprimió protestas antigubernamentales que dejaron 355 muertos, “tenemos cuatro años de una crisis prolongada que no logró dar vuelta la página y a raíz de que (Ortega y Murillo) aseguraron su continuidad en el poder (...) en las elecciones de noviembre, están institucionalizando un estado policial”, expuso la especialista.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega “está migrando de partido hegemónico a partido único. Pero realmente lo que tenemos de fondo es la construcción de un culto a la personalidad”, comentó el exdiputado y analista Eliseo Núñez, también desde el exilio.
PERSECUCIÓN
En el último año, el gobierno detuvo a 46 opositores y críticos, condenándolos a penas de hasta 13 años de cárcel. Entre los opositores presos, siete eran aspirantes a la presidencia para las elecciones de 2021 en las que Ortega fue reelecto por cuarta vez consecutiva.
También fue ocupado el edificio del diario opositor La Prensa, con casi 100 años de existencia. Su gerente, Juan Lorenzo Holmann, está preso. El diario se publica de forma digital y su personal se exilió en julio por temor a ser arrestado.
El canal de televisión de la Iglesia católica fue cerrado por el ente de telecomunicaciones junto a otros medios del clero.
En tanto, el Parlamento canceló la personalidad jurídica de al menos mil 450 fundaciones y organizaciones cívicas que trabajaban en defensa de los derechos humanos, de mujeres y niños o de la libertad de expresión, así como a universidades privadas y entidades culturales.
Las autoridades alegan que las ONG fueron ilegalizadas por no registrarse como agentes extranjeros como manda una ley aprobada en 2020 y por obstaculizar las acciones de control y vigilancia que realiza el ministerio de Gobernación.
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La Iglesia católica, cuyas relaciones con el gobierno han sido tensas en los cuatro años recientes, es el último reducto de rebeldía desde donde se cuestionan los actos gubernamantales.
En sus discursos oficiales, Murillo ha indicado que las críticas de varios de los obispos son “un delito” y “un pecado de lesa espiritualidad”.
