/ jueves 7 de noviembre de 2019

Demandan a Piñera por tortura y abusos

Hacen responsable al gobierno por delitos de lesa humanidad durante los 20 días de protestas

SANTIAGO. Un tribunal chileno admitió una demanda presentada en contra del presidente Sebastián Piñera por su responsabilidad en supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la crisis social que Chile vive desde hace casi tres semanas y suma 20 muertos, de acuerdo con el Poder Judicial.

La demanda fue interpuesta en contra del mandatario por "la responsabilidad que le cabe, en su calidad de autor, como jefe de Estado y de todos quienes resulten responsables como autores, encubridores y/o cómplices del delito de crimen de lesa humanidad", indicó el documento presentado ante un juzgado de Santiago por abogados representantes de organizaciones de derechos humanos.

En la demanda se indica que la Policía y militares cometieron al menos nueve delitos –entre ellos homicidios, torturas, apremios ilegítimos y abusos sexuales -desde el viernes 18 de octubre, cuando comenzó el estallido social y el presidente Piñera instauró el estado de emergencia, en el que entregó al ejército el control de la seguridad de Santiago y otras ciudades.

Las protestan dejaron 20 muertos, cinco de ellos por acción directa de agentes del Estado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos constató mil 778 heridos y cerca de cinco mil detenidos.

Por su parte, el presidente Piñera aseguró que no tiene "nada que ocultar" sobre el accionar de las fuerzas de seguridad e investigará cualquier exceso cometido en medio de la extendida crisis social que sacude al país.

Cabe destacar que la Fiscalía chilena abrirá una investigación formal contra 14 efectivos policiales por delito de tortura durante un estado de emergencia decretado por el gobierno en las protestas.

VAN CONTRA RICOS

Las protestas sociales llegaron al centro comercial Costanera Center, la entrada al distrito financiero y las zonas acomodadas de Santiago, hasta ahora indemnes de las manifestaciones que sacuden Chile. A dos semanas y media del estallido, cientos de personas llegaron hasta el centro comercial más grande de Sudamérica y que alberga la torre más alta de la región.

Hubo saqueos a una farmacia y al menos dos bancos y enfrentamientos con la policía cerca al Costanera Center y el barrio de Providencia.

En la comuna de Renca, un barrio popular en el norte de Santiago, una veintena de personas atacó un cuartel policial, dejando a cinco efectivos heridos.

SANTIAGO. Un tribunal chileno admitió una demanda presentada en contra del presidente Sebastián Piñera por su responsabilidad en supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la crisis social que Chile vive desde hace casi tres semanas y suma 20 muertos, de acuerdo con el Poder Judicial.

La demanda fue interpuesta en contra del mandatario por "la responsabilidad que le cabe, en su calidad de autor, como jefe de Estado y de todos quienes resulten responsables como autores, encubridores y/o cómplices del delito de crimen de lesa humanidad", indicó el documento presentado ante un juzgado de Santiago por abogados representantes de organizaciones de derechos humanos.

En la demanda se indica que la Policía y militares cometieron al menos nueve delitos –entre ellos homicidios, torturas, apremios ilegítimos y abusos sexuales -desde el viernes 18 de octubre, cuando comenzó el estallido social y el presidente Piñera instauró el estado de emergencia, en el que entregó al ejército el control de la seguridad de Santiago y otras ciudades.

Las protestan dejaron 20 muertos, cinco de ellos por acción directa de agentes del Estado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos constató mil 778 heridos y cerca de cinco mil detenidos.

Por su parte, el presidente Piñera aseguró que no tiene "nada que ocultar" sobre el accionar de las fuerzas de seguridad e investigará cualquier exceso cometido en medio de la extendida crisis social que sacude al país.

Cabe destacar que la Fiscalía chilena abrirá una investigación formal contra 14 efectivos policiales por delito de tortura durante un estado de emergencia decretado por el gobierno en las protestas.

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