BOGOTÁ. Oficiales del Ejército colombiano están involucrados en actos de corrupción, incluida la venta de armas a bandas de narcotraficantes y disidencias de las FARC, según una investigación interna de esa institución filtrada a medios locales.
La "Operación Bastón", nombre de la investigación, involucra a 16 generales, 128 oficiales, 122 suboficiales y 35 civiles que tienen "diversos niveles de responsabilidad en los delitos que aparecen documentados", detalla la revista Semana.
Entre los hallazgos de la investigación de contrainteligencia militar está que un general vendía armas a la guerrilla de las FARC y luego a sus disidencias; las alianzas de otro con narcotraficantes del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y la venta de armas y salvoconductos a miembros de la mafia conocida como Oficina de Envigado.
Según Semana, la investigación comenzó en 2017 a partir de las recomendaciones que hizo a Colombia la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cuando aceptó al país como su primer "socio global" latinoamericano.
La operación fue develada quince días después de que Semana publicara la investigación "Las carpetas secretas", según la cual miembros del Ejército espiaron entre febrero y diciembre de 2019 a por lo menos 130 personas, incluidos periodistas colombianos y extranjeros, políticos, defensores de derechos humanos e incluso a funcionarios del alto gobierno.
Entre los 57 mil 538 documentos, contratos, videos y entrevistas que respaldan las investigaciones de la "Operación Bastón", algunos involucran a un general que vendía información a las FARC y luego a sus disidencias.
"De acuerdo con lo mencionado por la fuente, el grupo armado organizado (...) recibió información por parte del señor general, la cual fue recompensada con dádivas, situación que se habría presentado en diferentes oportunidades", dice uno de los apartes del archivo relacionado con el oficial y publicado por Semana.
Incluso hay un video en el que una guerrillera del Frente Décimo de las FARC cuenta cómo le entregó 2 mil millones de pesos (unos 511 mil dólares) al general en cuestión, cuyo nombre no fue publicado para no entorpecer la investigación y quien pidió su retiro antes de que culminaran las pesquisas.
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