/ jueves 9 de noviembre de 2017

Fiscalía española ordena prisión preventiva para presidenta del parlamento catalán

También pidió como medida cautelar la prisión incondicional para tres de los parlamentarios independentistas por sedición y rebelión

La fiscalía solicitó este jueves prisión preventiva para la presidenta del parlamento catalán, la independentista Carme Forcadell, y otros tres parlamentarios que declararon en el Tribunal Supremo de Madrid investigados por sedición y rebelión.

Tras el interrogatorio, la fiscalía pidió como medida cautelar la prisión incondicional para cuatro de los parlamentarios independentistas, prisión eludible con fianza para otra y la puesta en libertad de otro diputado.

El juez del Tribunal Supremo encargado del caso debe decidir ahora si toma o no las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía.

La fiscalía se querelló contra ellos como integrantes del órgano rector del parlamento catalán después de que permitieran la votación de una declaración de independencia de la región el pasado 27 de octubre.

Los acusa de delitos de rebelión, sedición y malversación alegando que urdieron "una estrategia concertada a declarar la independencia" en colaboración con el gobierno regional de Carles Puigdemont, destituido a finales de octubre por el ejecutivo español, y las asociaciones independentistas.

En su declaración, Forcadell sostuvo que como presidenta del parlamento no tiene "libertad para impedir votaciones" y que no se puede censurar previamente el debate parlamentario, relató un portavoz suyo.

En líneas generales, la defensa intentó restar importancia a la declaración de independencia, señalando que no tuvo "efectos jurídicos", informaron fuentes presentes en el interrogatorio. 

Ocho miembros del antiguo gobierno regional ya se encuentran encarcelados preventivamente por delitos de rebelión, sedición y malversación, así como los presidentes de dos asociaciones independentistas que organizaron grandes manifestaciones.

Puigdemont y otros cuatro miembros de su gabinete evitaron por ahora la cárcel al viajar hace diez días a Bruselas, donde están pendientes de la decisión de la justicia belga sobre la orden de extradición emitida desde España.

La encarcelación de los diez líderes independentistas, considerados por sus militantes como "presos políticos", generó fuertes manifestaciones en Cataluña.

 

- Juncker: el nacionalismo "es un veneno" -

 

El presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, evitó ir a la cárcel al viajar a Bélgica hace diez días junto a cuatro de sus ministros, y ahora están pendientes de la decisión de la justicia belga de extraditarlos a España.

El objetivo de este viaje era desplazar la crisis catalana al corazón de Europa, que sigue dándole la espalda, como dejó claro este jueves el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker en la Universidad de Salamanca (centro de España).

"El nacionalismo es un veneno que impide que Europa viva junta", afirmó Juncker, que fue investido doctor honoris causa, en un acto al que acudió el jefe de gobierno español Mariano Rajoy.

Después del referéndum, que aseguraron haber ganado con un 90% de los votos y una participación del 43%, los independentistas proclamaron una república catalana que no fue reconocida por ningún país.

A las horas, la declaración quedó en papel mojado. El gobierno español destituyó al ejecutivo de Puigdemont y disolvió la cámara regional entre otras medidas.

Sus impulsores se exponen ahora a penas de hasta 30 años por rebelión y 15 años por sedición y ocho de ellos ya están entre rejas.

Sus militantes los consideran "presos políticos", pero desde la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional descartaron por ahora esta etiqueta, señalando que "están acusados de actuaciones que pueden constituir delito".

 

- Inestabilidad económica -

 

Las encarcelaciones provocaron una huelga general el miércoles en Cataluña, con un seguimiento minoritario pero graves perturbaciones en el tráfico por los cortes de carreteras y vías férreas.

Se trata de la segunda huelga general en un mes y medio de inestabilidad en Cataluña, que ha visto cómo 2.200 empresas trasladaban su sede a otras regiones. 

La Comisión Europea alertó que la crisis puede afectar el crecimiento español y el organizador del Congreso Mundial del Móvil, el más importante de ese sector, recordó "la necesidad de un ambiente seguro y estable" para seguir celebrando la feria en Barcelona, informó una portavoz.

Aun así, los independentistas prometen seguir con sus protestas mientras preparan las elecciones regionales del 21 de diciembre, en las que esperan retomar el poder.

El gobierno español espera una amplia movilización de los no independentistas en estos comicios, cuyo resultado se prevé muy ajustado, y una vuelta a cierta normalidad.

"Sería importante que hubiera una participación masiva (...) Espero que de aquí vayamos a una situación de moderación y tranquilidad", afirmó Rajoy desde Salamanca.

Pero Puigdemont no da su mano a torcer y desde Bruselas sigue reclamando sin éxito un frente unitario del independentismo contra la intervención de Madrid.

"Hay que echar democráticamente de nuestras instituciones a quienes las han querido hacer suyas con un golpe de Estado", dijo en una carta.

/eds

La fiscalía solicitó este jueves prisión preventiva para la presidenta del parlamento catalán, la independentista Carme Forcadell, y otros tres parlamentarios que declararon en el Tribunal Supremo de Madrid investigados por sedición y rebelión.

Tras el interrogatorio, la fiscalía pidió como medida cautelar la prisión incondicional para cuatro de los parlamentarios independentistas, prisión eludible con fianza para otra y la puesta en libertad de otro diputado.

El juez del Tribunal Supremo encargado del caso debe decidir ahora si toma o no las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía.

La fiscalía se querelló contra ellos como integrantes del órgano rector del parlamento catalán después de que permitieran la votación de una declaración de independencia de la región el pasado 27 de octubre.

Los acusa de delitos de rebelión, sedición y malversación alegando que urdieron "una estrategia concertada a declarar la independencia" en colaboración con el gobierno regional de Carles Puigdemont, destituido a finales de octubre por el ejecutivo español, y las asociaciones independentistas.

En su declaración, Forcadell sostuvo que como presidenta del parlamento no tiene "libertad para impedir votaciones" y que no se puede censurar previamente el debate parlamentario, relató un portavoz suyo.

En líneas generales, la defensa intentó restar importancia a la declaración de independencia, señalando que no tuvo "efectos jurídicos", informaron fuentes presentes en el interrogatorio. 

Ocho miembros del antiguo gobierno regional ya se encuentran encarcelados preventivamente por delitos de rebelión, sedición y malversación, así como los presidentes de dos asociaciones independentistas que organizaron grandes manifestaciones.

Puigdemont y otros cuatro miembros de su gabinete evitaron por ahora la cárcel al viajar hace diez días a Bruselas, donde están pendientes de la decisión de la justicia belga sobre la orden de extradición emitida desde España.

La encarcelación de los diez líderes independentistas, considerados por sus militantes como "presos políticos", generó fuertes manifestaciones en Cataluña.

 

- Juncker: el nacionalismo "es un veneno" -

 

El presidente catalán cesado, Carles Puigdemont, evitó ir a la cárcel al viajar a Bélgica hace diez días junto a cuatro de sus ministros, y ahora están pendientes de la decisión de la justicia belga de extraditarlos a España.

El objetivo de este viaje era desplazar la crisis catalana al corazón de Europa, que sigue dándole la espalda, como dejó claro este jueves el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker en la Universidad de Salamanca (centro de España).

"El nacionalismo es un veneno que impide que Europa viva junta", afirmó Juncker, que fue investido doctor honoris causa, en un acto al que acudió el jefe de gobierno español Mariano Rajoy.

Después del referéndum, que aseguraron haber ganado con un 90% de los votos y una participación del 43%, los independentistas proclamaron una república catalana que no fue reconocida por ningún país.

A las horas, la declaración quedó en papel mojado. El gobierno español destituyó al ejecutivo de Puigdemont y disolvió la cámara regional entre otras medidas.

Sus impulsores se exponen ahora a penas de hasta 30 años por rebelión y 15 años por sedición y ocho de ellos ya están entre rejas.

Sus militantes los consideran "presos políticos", pero desde la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional descartaron por ahora esta etiqueta, señalando que "están acusados de actuaciones que pueden constituir delito".

 

- Inestabilidad económica -

 

Las encarcelaciones provocaron una huelga general el miércoles en Cataluña, con un seguimiento minoritario pero graves perturbaciones en el tráfico por los cortes de carreteras y vías férreas.

Se trata de la segunda huelga general en un mes y medio de inestabilidad en Cataluña, que ha visto cómo 2.200 empresas trasladaban su sede a otras regiones. 

La Comisión Europea alertó que la crisis puede afectar el crecimiento español y el organizador del Congreso Mundial del Móvil, el más importante de ese sector, recordó "la necesidad de un ambiente seguro y estable" para seguir celebrando la feria en Barcelona, informó una portavoz.

Aun así, los independentistas prometen seguir con sus protestas mientras preparan las elecciones regionales del 21 de diciembre, en las que esperan retomar el poder.

El gobierno español espera una amplia movilización de los no independentistas en estos comicios, cuyo resultado se prevé muy ajustado, y una vuelta a cierta normalidad.

"Sería importante que hubiera una participación masiva (...) Espero que de aquí vayamos a una situación de moderación y tranquilidad", afirmó Rajoy desde Salamanca.

Pero Puigdemont no da su mano a torcer y desde Bruselas sigue reclamando sin éxito un frente unitario del independentismo contra la intervención de Madrid.

"Hay que echar democráticamente de nuestras instituciones a quienes las han querido hacer suyas con un golpe de Estado", dijo en una carta.

/eds

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