/ lunes 4 de abril de 2022

Gobierno de Filipinas intensifica ataques contra periodista María Ressa

La administración del presidente Rodrigo Duterte ha sumado 14 denuncias en las últimas semanas contra el medio independiente Rappler, dirigido por la Premio Nobel

El gobierno de Filipinas ha presentado en las últimas semanas 14 nuevas denuncias por difamación cibernética contra el medio independiente Rappler de la periodista y Premio Nobel Maria Ressa, denunció la coalición internacional Hold the Line.

Compuesta por más de 80 grupos liderados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) y Reporteros sin Fronteras (RSF), la coalición denunció que antes de las elecciones presidenciales del 9 de mayo, el Estado filipino ha intensificado sus ataques contra Ressa y el medio de comunicación que dirige.

“Los intentos flagrantes del Estado de suprimir los servicios de verificación de hechos relacionados con las elecciones son un intento inaceptable de privar al público de su derecho a una información precisa, fundamental durante las elecciones”, dijo el comité directivo en un comunicado.

Hold the Line informó que se han presentado 14 nuevas denuncias por difamación cibernética contra Rappler en las últimas semanas, que apuntan a varios periodistas y sus fuentes relacionados con informes sobre el pastor Apollo Quiboloy, cercano al presidente Rodrigo Duterte y quien está en la lista de los más buscados del FBI, así como ocho de sus seguidores.

De acuerdo con el comunicado, Quiboloy y sus socios fueron acusados de conspiración para participar en tráfico sexual, fraude y coercion, tráfico sexual de niños, fraude matrimonial, fraude y uso indebido de visas, además de lavado de dinero.

“La empresa de Quiboloy, Sonshine Media Network International (SMNI), que ha atacado a periodistas independientes y medios de comunicación que informan críticamente sobre la administración de Duterte, recibió recientemente una licencia de televisión del gobierno”, afirma Hold the Line.

Maria Ressa se encuentra entre los 17 reporteros, editores, ejecutivos y siete medios de información que han sido denunciados por difamación cibernética por el ministro del gabinete de Duterte y secretario de Energía, Alfonso Cusi.

El funcionario alega que que Ressa y los demás periodistas “lo acusaron públicamente de corrupción” al informar sobre una demanda presentada contra él y un empresario. Cusi exige que cada acusado le pague 200 millones de pesos filipinos (casi 4 millones de dólares) por daños y perjuicios.

La coalición advirtió que si las autoridades deciden abrir un juicio por estos casos, los cargos penales acarrearían sentencias de cárcel potencialmente severas, que se sumarían a la condena por difamación -que está bajo apelación- dictada ya contra Ressa.

Además, después de que la Procuraduría General solicitó a la Corte Suprema de Filipinas anular el acuerdo de verificación de hechos de Rappler con la Comisión Electoral, que buscaba contrarrestar la desinformación asociada con las elecciones presidenciales, la cooperación se detuvo temporalmente, a poco más de un mes de los comicios.

“Esta dramática escalada en el hostigamiento legal a Maria Ressa y Rappler destaca la necesidad urgente de que Filipinas despenalice la difamación y elimine las leyes de las que se abusa repetidamente para perseguir a los periodistas cuyos reportajes exponen irregularidades públicas”, indicó el comité directivo de la coalición.

También exigió permitir a Rappler participar en el “servicio público esencial de exponer falsedades, particularmente durante el período electoral, incluso cuando resulten políticamente perjudiciales para quienes están en el poder”.

El gobierno de Filipinas ha presentado en las últimas semanas 14 nuevas denuncias por difamación cibernética contra el medio independiente Rappler de la periodista y Premio Nobel Maria Ressa, denunció la coalición internacional Hold the Line.

Compuesta por más de 80 grupos liderados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) y Reporteros sin Fronteras (RSF), la coalición denunció que antes de las elecciones presidenciales del 9 de mayo, el Estado filipino ha intensificado sus ataques contra Ressa y el medio de comunicación que dirige.

“Los intentos flagrantes del Estado de suprimir los servicios de verificación de hechos relacionados con las elecciones son un intento inaceptable de privar al público de su derecho a una información precisa, fundamental durante las elecciones”, dijo el comité directivo en un comunicado.

Hold the Line informó que se han presentado 14 nuevas denuncias por difamación cibernética contra Rappler en las últimas semanas, que apuntan a varios periodistas y sus fuentes relacionados con informes sobre el pastor Apollo Quiboloy, cercano al presidente Rodrigo Duterte y quien está en la lista de los más buscados del FBI, así como ocho de sus seguidores.

De acuerdo con el comunicado, Quiboloy y sus socios fueron acusados de conspiración para participar en tráfico sexual, fraude y coercion, tráfico sexual de niños, fraude matrimonial, fraude y uso indebido de visas, además de lavado de dinero.

“La empresa de Quiboloy, Sonshine Media Network International (SMNI), que ha atacado a periodistas independientes y medios de comunicación que informan críticamente sobre la administración de Duterte, recibió recientemente una licencia de televisión del gobierno”, afirma Hold the Line.

Maria Ressa se encuentra entre los 17 reporteros, editores, ejecutivos y siete medios de información que han sido denunciados por difamación cibernética por el ministro del gabinete de Duterte y secretario de Energía, Alfonso Cusi.

El funcionario alega que que Ressa y los demás periodistas “lo acusaron públicamente de corrupción” al informar sobre una demanda presentada contra él y un empresario. Cusi exige que cada acusado le pague 200 millones de pesos filipinos (casi 4 millones de dólares) por daños y perjuicios.

La coalición advirtió que si las autoridades deciden abrir un juicio por estos casos, los cargos penales acarrearían sentencias de cárcel potencialmente severas, que se sumarían a la condena por difamación -que está bajo apelación- dictada ya contra Ressa.

Además, después de que la Procuraduría General solicitó a la Corte Suprema de Filipinas anular el acuerdo de verificación de hechos de Rappler con la Comisión Electoral, que buscaba contrarrestar la desinformación asociada con las elecciones presidenciales, la cooperación se detuvo temporalmente, a poco más de un mes de los comicios.

“Esta dramática escalada en el hostigamiento legal a Maria Ressa y Rappler destaca la necesidad urgente de que Filipinas despenalice la difamación y elimine las leyes de las que se abusa repetidamente para perseguir a los periodistas cuyos reportajes exponen irregularidades públicas”, indicó el comité directivo de la coalición.

También exigió permitir a Rappler participar en el “servicio público esencial de exponer falsedades, particularmente durante el período electoral, incluso cuando resulten políticamente perjudiciales para quienes están en el poder”.

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