Bucarest.- El Gobierno socialdemócrata de Rumanía rechazóhoy las demandas de dimisión después de que las mayores protestasdesde la caída del comunismo en 1989 le obligaran a revocar uncontrovertido decreto que despenalizaba ciertos delitos decorrupción. El Gobierno no tiene por quédimitir. Ha sido elegido legítimamente y tiene que continuargobernando", dijo ante la prensa el líder del PartidoSocialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea.
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"Hasta el momento, nadie ha asumido el error de promover estedecreto", dijo a los periodistas Silviu Dehelan, diputado de laUnión Salvar Rumanía (USR), una de las tres formaciones queimpulsó el voto de censura.
Para calmar la tensión, el primer ministro, Sorin Grindeanu,así como Dragnea, hablan abiertamente sobre una posibledestitución del ministro de Justicia, Florin Iordache, a quién seresponsabiliza de la redacción del decreto.
"Que pasen estos dos días en los que debatiremos el presupuestoy la moción de censura. Es normal que esté el ministro. Luego, elmiércoles o el jueves, tomaré una decisión", avanzóGrindeanu.
Rumanía ha vivido en la última semana las mayoresprotestas desde la llegada de la democracia y anochesalieron a las calles medio millón de personas, de las que 300.000se manifestaron en Bucarest.
Muchos de los congregados lanzaron consignas contra el ejecutivoy pedían su dimisión al grito de "ladrones" y "traidores".
La concentración de hoy frente a la sede del Gobierno enBucarest es la menor de la última semana, en parte debido a que elEjecutivo ha retirado la normativa y al cansancio de losmanifestantes.
No obstante, algunos ciudadanos -unas 5.000 personas a primerahora de la noche- han vuelto a protestar y muchos de ellos piden ladimisión del ministro de Justicia, con gritos como "AbajoIordache".
"El tremendo ruido de la manifestación del domingo es una formade expresar que los estamos vigilando y que no nos calláremos",aseguró a Efe Cristina Gruia, una abogada de 31 años.
El presidente, Klaus Iohannis, que se hamostrado muy crítico con el decreto, pronunciará mañanaun discurso en el Parlamento para advertir de lospeligros de modificar el código penal para suavizar loscastigos por corrupción.
Iohannis es un político de centroderecha crítico con elGobierno socialdemócrata y llegó a rechazar en diciembre a laprimera candidata del PSD para ser jefa del Ejecutivo. Mientras quela protesta ante al sede del Gobierno se reduce, crece otra frentea la presidencia -donde se concentran unas 1.500 personas- paramostrar su apoyo al Ejecutivo al grito de "respetad el voto de losrumanos".
El martes pasado el Gobierno aprobó por sorpresa y conun procedimiento urgente un decreto ley que despenalizaba los casosde corrupción si causaban pérdidas al Estado por debajode 44.000 euros.
Esta modificación penal iba a acompañada de un indulto a 2.700presos por delitos menores, también por corrupción, y que elEjecutivo justificó por la necesidad de vaciar las abarrotadascárceles rumanas.
Uno de los beneficiados de la polémica medida habría sido ellíder socialdemócrata, Liviu Dragnea, que no hubiera respondidoante un tribunal por un caso de corrupción con un perjuicio parael Estado valorado en 24.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción ha logrado encarcelar desde 2010 amás de 3.000 políticos y funcionarios -entre ellos inclusoministros y un ex primer ministro del PSD, Adrian Nastase- lo quele ha valido los elogios de la Comisión Europea.
