Un hackeo a los servidores informáticos de la policía china de Xinjiang, que incluye miles de fotos de mujeres, niños y ancianos uigures detenidos, arroja luz sobre la difícil situación que vive esta etnia en la región, pues incluso figura la política de disparar a matar para aquellos que intentan escapar.
Los llamados Archivos de la Policía de Xinjiang fueron entregados a la BBC a principios de este año y, después de meses de investigación para establecer su autenticidad, se ha podido demostrar que facilitan importante información sobre el internamiento de los uigures de la región y de otras minorías.
Esta revelación coincide con la reciente llegada a China de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para una visita a Xinjiang.
El archivo revela en detalle el uso por parte de China de campos de "reeducación" y detenciones masivas de uigures. Pekín rechaza esta cifra y califica a las acusaciones de "mentira del siglo".
La afirmación del gobierno de que los campos de reeducación construidos en Xinjiang desde 2017 no son más que "escuelas" son una contradicción con las instrucciones policiales internas, las listas de vigilancia y las imágenes de los detenidos.
Además, hay un uso generalizado de cargos de terrorismo, que ha llevado a miles a ser retenidos en cárceles, y hay folios policiales con condenas arbitrarias y draconianas.
Los documentos proporcionan algunas de las pruebas más sólidas hasta la fecha de una política dirigida contra cualquier expresión de identidad, cultura o fe islámica uigur, y de una cadena de mando que llega hasta el líder chino, Xi Jinping.
Los archivos pirateados contienen más de cinco mil fotografías policiales de uigures tomadas entre enero y julio de 2018, y, utilizando otros datos adjuntos, se puede demostrar que al menos dos mil 884 de ellos han sido detenidos, señala la cadena.
Entre los documentos filtrados figuran más de dos mil 800 fotos de identidad de detenidos, incluyendo la de Zeytunigul Ablehet, una adolescente de 17 años detenida por haber escuchado un discurso prohibido, y de Bilal Qasim, 16 años, presuntamente condenado por su relación con otros prisioneros.
Anihan Hamit, de 73 años en el momento de su detención, es la más anciana de la lista.
Otra imagen muestra a guardias armados con porras intentando controlar a un prisionero encadenado.
Documentos escritos acreditan por su parte la tesis de una represión ordenada por las más altas esferas del Estado chino.
Un discurso atribuido al ministro de la policía, Zhao Kezhi, en 2018 dice, por ejemplo, que el presidente Xi Jinping ordenó la ampliación de los centros de detención.
Según Zhao, al menos dos millones de habitantes del sur de Xinjiang estarían "seriamente influenciados por la infiltración del pensamiento extremista".
Los uigures representan cerca de la mitad de la población del Xinjiang (26 millones de habitantes).
En un discurso de 2017, Chen Quanguo, entonces jefe de la región, ordenó a los guardias matar a balazos a aquellos que intenten escapar y "vigilar estrechamente a los creyentes".
Pekín rechazó categóricamente las conclusiones de Zenz.
Tras salir a la luz esta información, la ministra británica de Asuntos Exteriores, Liz Truss, dijo que los detalles sobre violaciones de los derechos humanos en Xinjiang se suman a "los testimonios de primera mano, imágenes de satélites y visitas de nuestros propios diplomáticos a la región".
"Nuevas pruebas muestran el extraordinario alcance de los ataques de China contra los musulmanes uigures y otras minorías étnicas, incluido el trabajo forzoso, las severas restricciones a la libertad de religión, la separación de los padres de sus hijos, el control forzoso de la natalidad y el encarcelamiento masivo", añadió.
La jefa de la diplomacia británica resaltó que su país apoya a sus socios internacionales para "denunciar la atroz persecución de los musulmanes uigures y otras minorías por parte de China. Seguimos comprometidos para hacer que China rinda cuentas".
Al mismo tiempo, la ministra pide a China que facilite a la alta comisionada de la ONU "acceso total y sin restricciones" a la región para que pueda hacer un análisis exhaustivo de los hechos.
"Si ese acceso no se produce, la visita solo servirá para resaltar los intentos de China por ocultar la verdad de sus acciones en Xinjiang", agregó Truss.
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