/ domingo 15 de diciembre de 2019

Hallan cementerio con más de 50 cuerpos de civiles ejecutados en Colombia

Militar revela la ubicación de un cementerio con más de 50 cuerpos de civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales

Bogotá, 14 dic (EFE).- El hallazgo en un cementerio del noroeste de Colombia de fosas en las que se cree están enterrados al menos medio centenar de civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales abre en el país un nuevo capítulo del horror conocido como "falsos positivos".

La investigación en el cementerio Las Mercedes, del municipio de Dabeiba, unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín, capital del departamento de Antioquia, está a cargo de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que detalló que allí se encontraron restos de posibles víctimas de esas ejecuciones, uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano por su crueldad.

"Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate ('falsos positivos')", afirmó la JEP en un comunicado, en el que señaló la exhumación de los cadáveres comenzó el pasado lunes.

Según este tribunal, creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla FARC, los trabajos en el cementerio de Dabeiba dejan hasta el momento "la exhumación de siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos".

ESCÁNDALO RECURRENTE

Este hallazgo vuelve a poner sobre la mesa los "falsos positivos", un escabrosa política aplicada por miembros del Ejército colombiano desde la década del noventa y que consistía en "reclutar" civiles con promesas de falsos trabajos para conducirlos a lugares distintos a los de su residencia donde posteriormente eran ejecutados.

Una vez perpetrado el crimen, los militares presentaban a los asesinados como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos.

El escándalo de los "falsos positivos" ya había vuelto a ser objeto de controversia en el país en mayo pasado cuando un artículo publicado en el diario The New York Times reveló la existencia de una directriz en el Ejército orientada a revivir las ejecuciones de civiles que esa institución se vio obligada a retirar.

NUEVO CAPÍTULO

La investigación en el cementerio de Dabeiba, localidad que da acceso a la estratégica región agroindustrial de Urabá, donde hasta antes de la firma de la paz fueron muy activos varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC, saca a la luz el que puede ser el caso más grande de "falsos positivos".

Las fosas en Dabeiba tienen la particularidad de que se encuentran en un cementerio situado dentro del perímetro urbano, a diferencia de otros casos similares en los que los cadáveres han sido encontrados en zonas despobladas, generalmente en las montañas.

Las excavaciones y exhumaciones en Dabeiba hacen parte de una de las investigaciones que lleva a cabo la JEP para esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado, y como parte de este proceso ese tribunal decretó "medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia".

Según medios locales, un exsoldado del Ejército que acompañó a la JEP a la exhumación, detalló que superiores suyos le ordenaron disparar con una ametralladora en la cabeza de los fallecidos para que estos no pudieran ser identificados.

Hasta el momento, la Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y que implican a unos 1.500 militares, aunque solo se ha condenado por ellos a soldados o suboficiales, más no a oficiales de alto rango.

Dentro de la investigación la JEP ha acreditado cerca de 400 víctimas, ha recibido 17 informes de diferentes organizaciones y 160 exmiembros de la fuerza pública han dado su versión de los hechos.

Los “falsos positivos”, condenados de manera reiterada por organismos internacionales como Human Rights Watch, salieron a la luz hace más de una década después de que varios jóvenes, algunos de ellos discapacitados, aparecieron muertos en las afueras de Ocaña, segunda ciudad del departamento de Norte de Santander.

Bogotá, 14 dic (EFE).- El hallazgo en un cementerio del noroeste de Colombia de fosas en las que se cree están enterrados al menos medio centenar de civiles víctimas de ejecuciones extrajudiciales abre en el país un nuevo capítulo del horror conocido como "falsos positivos".

La investigación en el cementerio Las Mercedes, del municipio de Dabeiba, unos 200 kilómetros al noroeste de Medellín, capital del departamento de Antioquia, está a cargo de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que detalló que allí se encontraron restos de posibles víctimas de esas ejecuciones, uno de los episodios más oscuros del conflicto armado colombiano por su crueldad.

"Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate ('falsos positivos')", afirmó la JEP en un comunicado, en el que señaló la exhumación de los cadáveres comenzó el pasado lunes.

Según este tribunal, creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla FARC, los trabajos en el cementerio de Dabeiba dejan hasta el momento "la exhumación de siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos".

ESCÁNDALO RECURRENTE

Este hallazgo vuelve a poner sobre la mesa los "falsos positivos", un escabrosa política aplicada por miembros del Ejército colombiano desde la década del noventa y que consistía en "reclutar" civiles con promesas de falsos trabajos para conducirlos a lugares distintos a los de su residencia donde posteriormente eran ejecutados.

Una vez perpetrado el crimen, los militares presentaban a los asesinados como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios como ascensos, condecoraciones o permisos.

El escándalo de los "falsos positivos" ya había vuelto a ser objeto de controversia en el país en mayo pasado cuando un artículo publicado en el diario The New York Times reveló la existencia de una directriz en el Ejército orientada a revivir las ejecuciones de civiles que esa institución se vio obligada a retirar.

NUEVO CAPÍTULO

La investigación en el cementerio de Dabeiba, localidad que da acceso a la estratégica región agroindustrial de Urabá, donde hasta antes de la firma de la paz fueron muy activos varios frentes del Bloque José María Córdova de las FARC, saca a la luz el que puede ser el caso más grande de "falsos positivos".

Las fosas en Dabeiba tienen la particularidad de que se encuentran en un cementerio situado dentro del perímetro urbano, a diferencia de otros casos similares en los que los cadáveres han sido encontrados en zonas despobladas, generalmente en las montañas.

Las excavaciones y exhumaciones en Dabeiba hacen parte de una de las investigaciones que lleva a cabo la JEP para esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto armado, y como parte de este proceso ese tribunal decretó "medida cautelar de protección sobre algunos cuerpos custodiados en el Laboratorio de Osteología Antropológica de la Universidad de Antioquia".

Según medios locales, un exsoldado del Ejército que acompañó a la JEP a la exhumación, detalló que superiores suyos le ordenaron disparar con una ametralladora en la cabeza de los fallecidos para que estos no pudieran ser identificados.

Hasta el momento, la Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos" que fueron cometidos entre 1988 y 2014 y que implican a unos 1.500 militares, aunque solo se ha condenado por ellos a soldados o suboficiales, más no a oficiales de alto rango.

Dentro de la investigación la JEP ha acreditado cerca de 400 víctimas, ha recibido 17 informes de diferentes organizaciones y 160 exmiembros de la fuerza pública han dado su versión de los hechos.

Los “falsos positivos”, condenados de manera reiterada por organismos internacionales como Human Rights Watch, salieron a la luz hace más de una década después de que varios jóvenes, algunos de ellos discapacitados, aparecieron muertos en las afueras de Ocaña, segunda ciudad del departamento de Norte de Santander.

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