/ jueves 24 de noviembre de 2022

Honduras suspenderá garantías constitucionales por guerra contra la extorsión de las maras

La presidenta Hondureña, Xiomara Castro, pidió este jueves a la policía que recomiende a municipios controlados por el crimen aplicar un estado de excepción

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró el jueves emergencia nacional de seguridad ante los crecientes casos de extorsión por parte de violentos grupos criminales que operan en diferentes regiones del país.

"Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley en los barrios y las colonias, en las aldeas, en los municipios (y) en los departamentos, declaro emergencia nacional en materia de seguridad", dijo Castro en un mensaje conjunto con la policía.

El mecanismo anunciado por Castro contempla la suspensión de garantías constitucionales en zonas de mayor presencia de bandas delictivas, 20 mil policías destinados de manera rotativa, medidas legales contra el lavado de dinero, controles de seguridad en calles y carreteras, entre otras disposiciones.

"Este Gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión, así como desde el primer día –el 27 de enero– le declaramos la guerra a la corrupción, a la impunidad y al narcotráfico", dijo Castro durante el anuncio de la Estrategia Integral contra la Extorsión y Delitos Conexos, por parte del Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad.

La declaratoria autoriza al Gobierno hondureño el uso extraordinario de recursos públicos para echar a andar el nuevo proyecto para combatir a las bandas criminales que también se dedican al sicariato, tráfico de drogas y secuestro.

Con el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, el gobierno de la izquierdista buscará acabar con el creciente fenómeno que golpea a la empobrecida nación centroamericana, explicó la mandataria durante el mismo mensaje.

El proyecto surge en medio de presiones de empresarios, transportistas, pobladores y organizaciones no gubernamentales que aseguran que la extorsión, impuesta en su mayoría por las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y Mara Barrio 18, ha crecido en los últimos meses.

Esta semana propietarios de centenares de autobuses del transporte urbano en Tegucigalpa paralizaron sus unidades en protesta por la extorsión, en algunos casos hasta por tres bandas criminales.

"La Policía Nacional cuenta con todo mi apoyo, cuenta con todo el apoyo para combatir el crimen, la extorsión, el narcotráfico y desarticular las organizaciones criminales, hasta identificar y capturar a los cabecillas de cuello blanco", expresó la titular del Ejecutivo hondureño.

El nuevo plan de seguridad, que entra en vigor el jueves, no podrá aplicar por el momento la suspensión de garantías constitucionales hasta ser aprobada por el Congreso Nacional que ha demandado a la funcionaria un proyecto en contra de la extorsión.

La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), que investiga temas de seguridad, ha dicho el llamado "impuesto de guerra", que utilizan las bandas criminales para extorsionar, genera ganancias anuales equivalentes a los 737 millones de dólares, casi el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.



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La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró el jueves emergencia nacional de seguridad ante los crecientes casos de extorsión por parte de violentos grupos criminales que operan en diferentes regiones del país.

"Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley en los barrios y las colonias, en las aldeas, en los municipios (y) en los departamentos, declaro emergencia nacional en materia de seguridad", dijo Castro en un mensaje conjunto con la policía.

El mecanismo anunciado por Castro contempla la suspensión de garantías constitucionales en zonas de mayor presencia de bandas delictivas, 20 mil policías destinados de manera rotativa, medidas legales contra el lavado de dinero, controles de seguridad en calles y carreteras, entre otras disposiciones.

"Este Gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión, así como desde el primer día –el 27 de enero– le declaramos la guerra a la corrupción, a la impunidad y al narcotráfico", dijo Castro durante el anuncio de la Estrategia Integral contra la Extorsión y Delitos Conexos, por parte del Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad.

La declaratoria autoriza al Gobierno hondureño el uso extraordinario de recursos públicos para echar a andar el nuevo proyecto para combatir a las bandas criminales que también se dedican al sicariato, tráfico de drogas y secuestro.

Con el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, el gobierno de la izquierdista buscará acabar con el creciente fenómeno que golpea a la empobrecida nación centroamericana, explicó la mandataria durante el mismo mensaje.

El proyecto surge en medio de presiones de empresarios, transportistas, pobladores y organizaciones no gubernamentales que aseguran que la extorsión, impuesta en su mayoría por las pandillas Mara Salvatrucha MS-13 y Mara Barrio 18, ha crecido en los últimos meses.

Esta semana propietarios de centenares de autobuses del transporte urbano en Tegucigalpa paralizaron sus unidades en protesta por la extorsión, en algunos casos hasta por tres bandas criminales.

"La Policía Nacional cuenta con todo mi apoyo, cuenta con todo el apoyo para combatir el crimen, la extorsión, el narcotráfico y desarticular las organizaciones criminales, hasta identificar y capturar a los cabecillas de cuello blanco", expresó la titular del Ejecutivo hondureño.

El nuevo plan de seguridad, que entra en vigor el jueves, no podrá aplicar por el momento la suspensión de garantías constitucionales hasta ser aprobada por el Congreso Nacional que ha demandado a la funcionaria un proyecto en contra de la extorsión.

La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), que investiga temas de seguridad, ha dicho el llamado "impuesto de guerra", que utilizan las bandas criminales para extorsionar, genera ganancias anuales equivalentes a los 737 millones de dólares, casi el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.



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