/ martes 25 de febrero de 2020

Inicia veto de Trump a migrantes pobres

Quienes reciban asistencia de comida, vivienda o salud no podrán obtener tarjeta de residente; todo el sistema migratorio puede cambiar, alertan

La posibilidad o no de convertirse en una “carga pública” como beneficiario de ayudas gubernamentales es desde ayer un requisito que deberán sortear los inmigrantes que soliciten un visado a Estados Unidos o deseen obtener su tarjeta de residencia permanente, conocida como “green card”.

Después de meses de un intenso pulso judicial y en pleno año de elecciones, la administración del presidente Donald Trump empezará a aplicar la norma de “carga pública”.

La medida entró en vigor en todo el país en tanto siguen en proceso las apelaciones pendientes y después de que el viernes pasado la Suprema Corte levantara una exclusión que estaba vigente para Illinois.

La Corte había dejado antes sin efecto fallos judiciales en contra de esta normativa emitidos por tribunales de los estados de Nueva York, California, Washington y Maryland.

La norma no se aplicará a quienes soliciten la ciudadanía ni se será retroactiva. También excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o a quienes posean cierto tipo de visados que se conceden a víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otros.

Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 establece que un extranjero que solicite un visado o el ajuste de estatus migratorio “es inadmisible” en caso de que un oficial consular o un fiscal considere que puede convertirse en carga pública, los expertos advierten que la vuelta de tuerca que ha dado la administración de Trump puede cambiar el sistema de migración del país hacia uno basado en criterios como ingresos, edad, estudios, capacitación o activos.

A la luz de la nueva reglamentación, un inmigrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos” durante más de 12 meses en un periodo de tres años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.

Shelby Gonzales, directora de políticas de inmigración del Centro sobre Presupuesto y Políticas Prioritarias, indicó que esta normativa cambiará “radicalmente” el sistema de inmigración estadounidense “a uno que sólo da la bienvenida a aquellos con medios suficientes”.

Para Aaron Reichlin-Melnick, asesor del American Immigration Council, el cambio que trae esta regulación es que el concepto de “carga pública” afectaba únicamente a quienes eran dependientes de subvenciones financieras, pero ahora abarca los planes de ayuda de alimentos, de salud y vivienda, que, en su mayoría, se otorgan a quienes ya poseen su permiso de residencia.

Este requisito por ahora afecta a los que pidan residencia permanente o busquen cambiar su estatus pero, alertó, se aplicará en un futuro a los que soliciten un visado.

La posibilidad o no de convertirse en una “carga pública” como beneficiario de ayudas gubernamentales es desde ayer un requisito que deberán sortear los inmigrantes que soliciten un visado a Estados Unidos o deseen obtener su tarjeta de residencia permanente, conocida como “green card”.

Después de meses de un intenso pulso judicial y en pleno año de elecciones, la administración del presidente Donald Trump empezará a aplicar la norma de “carga pública”.

La medida entró en vigor en todo el país en tanto siguen en proceso las apelaciones pendientes y después de que el viernes pasado la Suprema Corte levantara una exclusión que estaba vigente para Illinois.

La Corte había dejado antes sin efecto fallos judiciales en contra de esta normativa emitidos por tribunales de los estados de Nueva York, California, Washington y Maryland.

La norma no se aplicará a quienes soliciten la ciudadanía ni se será retroactiva. También excluye a refugiados, asilados, a personas con amparos migratorios como el Estatus de Protección Temporal (TPS) o a quienes posean cierto tipo de visados que se conceden a víctimas de violaciones de derechos humanos, entre otros.

Si bien la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 establece que un extranjero que solicite un visado o el ajuste de estatus migratorio “es inadmisible” en caso de que un oficial consular o un fiscal considere que puede convertirse en carga pública, los expertos advierten que la vuelta de tuerca que ha dado la administración de Trump puede cambiar el sistema de migración del país hacia uno basado en criterios como ingresos, edad, estudios, capacitación o activos.

A la luz de la nueva reglamentación, un inmigrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos” durante más de 12 meses en un periodo de tres años. Pero este concepto también se tendrá en cuenta para determinar quiénes podrían llegar a necesitar en el futuro algún tipo de asistencia.

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