/ martes 7 de febrero de 2023

Investigan a Bolsonaro por genocidio en la Amazonia

El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró una emergencia después de que aparecieran fotos de niños y ancianos demacrados en la región y 570 niños yanomami murieron por enfermedades prevenibles

BRASILIA. El expresidente Jair Bolsonaro será investigado por genocidio, aseguró la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, mientras el gobierno despliega de cientos de policías y soldados para expulsar a mineros ilegales acusados de desatar una crisis humanitaria en las tierras indígenas yanomami, de donde miles de invasores empezaron a huir.

El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró una emergencia después de que aparecieran fotos de niños y ancianos demacrados en la región y el sitio de noticias Sumaúma revelara que 570 niños yanomami murieron por enfermedades prevenibles en el mandato de Bolsonaro, un aumento del 29 por ciento respecto al 2018.

Entérate: Chile rechaza polémico proyecto de minería

En una entrevista con el diario británico The Guardian, Silva dijo que Bolsonaro debe rendir cuentas. “Creo que debería ser investigado por cometer genocidio”, dijo. “El propio Ministerio de Justicia ya está adelantando la acción”, aseguró.

De acuerdo con el ministro de Justicia brasileño, Flavio Dino, las autoridades estiman que 15 mil personas invadieron ilegalmente esta área protegida en la Amazonia, donde los indígenas acusan a los buscadores ilegales de oro de asesinar y violar a miembros de su comunidad, contaminar el agua con mercurio y provocar una crisis alimentaria al destruir la selva.

El gobierno brasileño afirmó que empezó a desplegar más de 500 policías y soldados en el terreno, para una operación de expulsión de los mineros que comenzará esta semana, señaló Dino.

AFP

Mientras tanto, miles de mineros empezaron a huir por su cuenta, aseguró Dino, después de que Lula ordenara una zona de exclusión del espacio aéreo sobre la reserva, impidiendo la circulación de las avionetas que los mineros usan para transportar comida y suministros.

Dino celebró el éxodo, asegurando que el gobierno prefiere que los invasores se retiren pacíficamente, “sin conflictos”. Pero advirtió que no los dejará impunes.

“Todos aquellos que cometieron delitos como genocidio, crímenes ambientales, financiación de minería ilegal y lavado de dinero” serán procesados, afirmó Dino el lunes en una conferencia de prensa en Brasilia.

Los medios locales publicaron imágenes de numerosos grupos de mineros huyendo del remoto territorio en la selva amazónica. Jailson Mesquita, líder del movimiento Garimpo é Legal (La minería salvaje es legal), pidió al gobierno que sacara por aire a los mineros del territorio yanomami o que levantara la zona de exclusión aérea para permitirles salir en avionetas desde pistas clandestinas dentro de la reserva.

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En un video publicado en las redes sociales, Mesquita pidió al gobierno de Lula que desbloquee los ríos durante 10-15 días para que los mineros puedan salir de la reserva, en el norteño estado de Roraima y donde la minería está prohibida por la Constitución.

“Es importante proteger a los indígenas, pero no podemos criminalizar a los mineros que buscan un medio de vida para sobrevivir”, dijo a Reuters el senador de Roraima Chico Rodrigues. “Lo que importa es que los mineros salgan pacíficamente y protegidos”, añadió.

BRASILIA. El expresidente Jair Bolsonaro será investigado por genocidio, aseguró la ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, mientras el gobierno despliega de cientos de policías y soldados para expulsar a mineros ilegales acusados de desatar una crisis humanitaria en las tierras indígenas yanomami, de donde miles de invasores empezaron a huir.

El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró una emergencia después de que aparecieran fotos de niños y ancianos demacrados en la región y el sitio de noticias Sumaúma revelara que 570 niños yanomami murieron por enfermedades prevenibles en el mandato de Bolsonaro, un aumento del 29 por ciento respecto al 2018.

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En una entrevista con el diario británico The Guardian, Silva dijo que Bolsonaro debe rendir cuentas. “Creo que debería ser investigado por cometer genocidio”, dijo. “El propio Ministerio de Justicia ya está adelantando la acción”, aseguró.

De acuerdo con el ministro de Justicia brasileño, Flavio Dino, las autoridades estiman que 15 mil personas invadieron ilegalmente esta área protegida en la Amazonia, donde los indígenas acusan a los buscadores ilegales de oro de asesinar y violar a miembros de su comunidad, contaminar el agua con mercurio y provocar una crisis alimentaria al destruir la selva.

El gobierno brasileño afirmó que empezó a desplegar más de 500 policías y soldados en el terreno, para una operación de expulsión de los mineros que comenzará esta semana, señaló Dino.

AFP

Mientras tanto, miles de mineros empezaron a huir por su cuenta, aseguró Dino, después de que Lula ordenara una zona de exclusión del espacio aéreo sobre la reserva, impidiendo la circulación de las avionetas que los mineros usan para transportar comida y suministros.

Dino celebró el éxodo, asegurando que el gobierno prefiere que los invasores se retiren pacíficamente, “sin conflictos”. Pero advirtió que no los dejará impunes.

“Todos aquellos que cometieron delitos como genocidio, crímenes ambientales, financiación de minería ilegal y lavado de dinero” serán procesados, afirmó Dino el lunes en una conferencia de prensa en Brasilia.

Los medios locales publicaron imágenes de numerosos grupos de mineros huyendo del remoto territorio en la selva amazónica. Jailson Mesquita, líder del movimiento Garimpo é Legal (La minería salvaje es legal), pidió al gobierno que sacara por aire a los mineros del territorio yanomami o que levantara la zona de exclusión aérea para permitirles salir en avionetas desde pistas clandestinas dentro de la reserva.

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En un video publicado en las redes sociales, Mesquita pidió al gobierno de Lula que desbloquee los ríos durante 10-15 días para que los mineros puedan salir de la reserva, en el norteño estado de Roraima y donde la minería está prohibida por la Constitución.

“Es importante proteger a los indígenas, pero no podemos criminalizar a los mineros que buscan un medio de vida para sobrevivir”, dijo a Reuters el senador de Roraima Chico Rodrigues. “Lo que importa es que los mineros salgan pacíficamente y protegidos”, añadió.

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