/ miércoles 7 de junio de 2023

Investigan corrupción en Italia y Colombia en contrato fallido de armamento militar

Exdirigentes de ambos países están vinculados en el intento de venta de armas, aviones y buques por 4.2mdd

ROMA. El exjefe de gobierno italiano Massimo D'Alema forma parte de las personalidades italianas y colombianas implicadas en una investigación por corrupción relacionada con la venta de armas militares en Bogotá, confirmó su abogado.

Con un valor de cuatro mil 280 millones de dólares, el contrato abortado, se refería a la venta a Colombia de aviones y buques militares producidos por el gigante de la defensa Leonardo y el astillero Fincantieri, empresas italianas con participación pública.

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La fiscalía de Nápoles abrió una investigación y registró los domicilios y oficinas de Massimo d'Alema, Alessandro Profumo, expresidente de Leonardo y Giuseppe Giordo, exjefe de la división buques militares de Fincantieri, según el diario Il Corriere della Será y la agencia Ansa.

La fiscalía invocó el secreto de la instrucción para justificar la retención del expediente de investigación tras las filtraciones a la prensa. En cambio, el abogado de D'Alema, Gianluca Luongo, confirmó el registro de su cliente.

Un total de ocho ciudadanos italianos son sospechosos de "corrupción o incitación a la corrupción", según Il Corriere della Será. También están implicados antiguos responsables políticos colombianos, entre ellos la exjefa de la diplomacia Marta Lucía Ramírez.

Los medios de comunicación italianos revelaron a principios de 2022 que D'Alema, jefe de gobierno de 1998 a 2000 y ministro de Asuntos Exteriores de 2006 a 2008, había participado en negociaciones sobre una posible venta de armas a Colombia, prometiendo compartir 86 millones de dólares de comisiones entre intermediarios colombianos e italianos.

Petro pidió investigar el caso de los altos funcionarios del anterior gobierno y a dos empresas italianas, así como al ex primer ministro italiano

DENUNCIAN CONSPIRACIÓN


Respecto al escándalo más reciente en el gobierno colombiano, la coalición gobernante anunció que denunciará ante el Congreso al fiscal general por conspiración y sedición, alegando que se convirtió en "un vocero de la oposición" en medio de un caso de escuchas ilegales que enloda a la administración de Gustavo Petro.

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La ya tensa relación entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente ha traspasado una nueva línea en los últimos días, tras un escándalo que fulminó a dos alfiles del círculo cercano de Petro: el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti y su antigua mano derecha, Laura Sarabia, ambos apartados de sus cargos el viernes.

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Con un valor de cuatro mil 280 millones de dólares, el contrato abortado, se refería a la venta a Colombia de aviones y buques militares producidos por el gigante de la defensa Leonardo y el astillero Fincantieri, empresas italianas con participación pública.

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La fiscalía invocó el secreto de la instrucción para justificar la retención del expediente de investigación tras las filtraciones a la prensa. En cambio, el abogado de D'Alema, Gianluca Luongo, confirmó el registro de su cliente.

Un total de ocho ciudadanos italianos son sospechosos de "corrupción o incitación a la corrupción", según Il Corriere della Será. También están implicados antiguos responsables políticos colombianos, entre ellos la exjefa de la diplomacia Marta Lucía Ramírez.

Los medios de comunicación italianos revelaron a principios de 2022 que D'Alema, jefe de gobierno de 1998 a 2000 y ministro de Asuntos Exteriores de 2006 a 2008, había participado en negociaciones sobre una posible venta de armas a Colombia, prometiendo compartir 86 millones de dólares de comisiones entre intermediarios colombianos e italianos.

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