/ martes 23 de julio de 2019

Guatemala busca negociar con EU acuerdo sobre tercer país seguro

Esta decisión se produce después de que Trump amenazó con imponer aranceles a Guatemala por romper el trato sobre el tercer país seguro

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, presentó este martes una revocatoria ante la Corte de Constitucionalidad para revertir un amparo provisional que prohibía al Gobierno seguir negociando con Estados Unidos convertir a la nación centroamericana en un "tercer país seguro" para migrantes.

"El Organismo Ejecutivo presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de revocatoria al amparo provisional otorgado debido a que el contenido de los acuerdos en discusión permanecían en una mesa de negociación de alto nivel", aseguró la Presidencia en un comunicado.

Esta decisión se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a Guatemala con imponer "vetos, aranceles e impuestos a las remesas" debido a que Guatemala había decidido romper un acuerdo inicial con Washington respecto a la conocida como política de un "tercer país seguro".

"Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando grandes cantidades de gente a EU, algunos de ellos con antecedentes criminales, ha decidido romper el acuerdo que tenían con nosotros para la firma del necesario Acuerdo de Tercer País Seguro", aseguró Trump.

El Constitucional, el máximo tribunal del país, había decidido amparar provisionalmente a un grupo de excancilleres y al titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, y dejar en suspenso que Guatemala no fuera convertida en un tercer país seguro, un acuerdo que se ha roto.

Esta decisión, según Morales, atenta "contra de la Constitución y el mandato presidencial" y "pone en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos" que traerá consigo posibles sanciones del principal socio económico de Guatemala, que ya hizo públicas sus amenazas.

Horas después, Morales culpó a la Corte de Constitucionalidad de estas posibles sanciones económicas por unas decisiones que calificó como irresponsables y explicó que las negociaciones y la labor de su Gobierno se han visto "entorpecidas" por estos fallos del máximo tribunal del país, que no están "apegados a derecho y que dañan la política exterior" de Guatemala.

Es por ello que ha instruido al Ministerio de Relaciones Exteriores a que "agote todas las instancias diplomáticas disponibles" para "evitar posibles sanciones que repercutan negativamente en la economía del país" y avanzó que la prioridad de las negociaciones con Estados Unidos seguirá siendo aquellas que garanticen el "bienestar de los guatemaltecos".

Estados Unidos también amenazó este martes con sancionar a congresistas de Guatemala que, a su juicio, han obstaculizado el acuerdo para convertir a esa nación en un "tercer país seguro", lo que habría permitido enviar allí a los solicitantes de asilo que llegaran a la frontera sur estadounidense.

Mauricio Claver-Carone, el principal asesor para Latinoamérica del presidente estadounidense, Donald Trump, se expresó así en una entrevista con Efe unas horas después de que el mandatario amenazara con imponer "aranceles e impuestos a las remesas" para Guatemala o incluso aplicarle un veto migratorio generalizado.

De acuerdo con un informe del Banco de Guatemala, las remesas de los inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos a sus familias alcanzaron a 9 mil 300 millones de dólares en 2018 y se prevé que este año se supere esa cifra.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, presentó este martes una revocatoria ante la Corte de Constitucionalidad para revertir un amparo provisional que prohibía al Gobierno seguir negociando con Estados Unidos convertir a la nación centroamericana en un "tercer país seguro" para migrantes.

"El Organismo Ejecutivo presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de revocatoria al amparo provisional otorgado debido a que el contenido de los acuerdos en discusión permanecían en una mesa de negociación de alto nivel", aseguró la Presidencia en un comunicado.

Esta decisión se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a Guatemala con imponer "vetos, aranceles e impuestos a las remesas" debido a que Guatemala había decidido romper un acuerdo inicial con Washington respecto a la conocida como política de un "tercer país seguro".

"Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando grandes cantidades de gente a EU, algunos de ellos con antecedentes criminales, ha decidido romper el acuerdo que tenían con nosotros para la firma del necesario Acuerdo de Tercer País Seguro", aseguró Trump.

El Constitucional, el máximo tribunal del país, había decidido amparar provisionalmente a un grupo de excancilleres y al titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, y dejar en suspenso que Guatemala no fuera convertida en un tercer país seguro, un acuerdo que se ha roto.

Esta decisión, según Morales, atenta "contra de la Constitución y el mandato presidencial" y "pone en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos" que traerá consigo posibles sanciones del principal socio económico de Guatemala, que ya hizo públicas sus amenazas.

Horas después, Morales culpó a la Corte de Constitucionalidad de estas posibles sanciones económicas por unas decisiones que calificó como irresponsables y explicó que las negociaciones y la labor de su Gobierno se han visto "entorpecidas" por estos fallos del máximo tribunal del país, que no están "apegados a derecho y que dañan la política exterior" de Guatemala.

Es por ello que ha instruido al Ministerio de Relaciones Exteriores a que "agote todas las instancias diplomáticas disponibles" para "evitar posibles sanciones que repercutan negativamente en la economía del país" y avanzó que la prioridad de las negociaciones con Estados Unidos seguirá siendo aquellas que garanticen el "bienestar de los guatemaltecos".

Estados Unidos también amenazó este martes con sancionar a congresistas de Guatemala que, a su juicio, han obstaculizado el acuerdo para convertir a esa nación en un "tercer país seguro", lo que habría permitido enviar allí a los solicitantes de asilo que llegaran a la frontera sur estadounidense.

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