/ viernes 27 de mayo de 2022

Jueza de EU confirma que fabricantes de armas pueden ser demandados

En paralelo, Marcelo Ebrard confirmó que México sigue con la demanda contra estas empresas por “impulsar el tráfico ilícito” de armas hacia el país

Este viernes, una jueza federal en Estados Unidos confirmó que los fabricantes de armas sí pueden ser demandados por poner en peligro la seguridad pública de los ciudadanos.

Así lo determinó la jueza Mae A. D’Agostino, del Estado de Nueva York, en paralelo a un juicio que implica a 14 miembros de la industria de armas y una asociación comercial de los Estados Unidos.

La decisión de la jueza es importante para México, pues desestima la inmunidad que argumentan tener armerías como Smith & Wesson, que están denunciadas por el Gobierno mexicano por permitir la entrada ilegal de cientos de armas al país.

Desde el 16 de diciembre de 2021 las armerías promovieron una queja en contra de la fiscal general Letitia James, en la que alegaban que es inconstitucional que se les busque juzgar ya que la segunda enmienda establece como un derecho fundamental de todos los ciudadanos el poder portar un arma.

En su determinación la jueza D’Agostino recordó que el 6 de julio de 2021 Nueva York promulgó una ley para responsabilizar civilmente a los miembros de la industria de armas por “molestias públicas”.

En concreto esta ley establece que ningún miembro de la industria de armas “creará, mantendrá o contribuirá a sabiendas o imprudentemente a una condición en el estado de Nueva York que ponga en peligro la seguridad nacional o la salud del público a través de la venta, fabricación, importación o comercialización de un producto”.

También establece que todas las armerías deberán “establecer y utilizar controles y procedimientos razonables para evitar que sus productos sean poseídos, usados comercializados o vendidos ilegalmente en el estado de Nueva York”.

Por ello determinó dictar sentencia a favor de la fiscal demandada y el cierre del caso.

En paralelo, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que México continúa con la demanda para probar la presunta negligencia de las empresas productoras de armas, quienes son señaladas por el Gobierno de México por “impulsar el tráfico ilícito” de armas hacia el país.

Este viernes, una jueza federal en Estados Unidos confirmó que los fabricantes de armas sí pueden ser demandados por poner en peligro la seguridad pública de los ciudadanos.

Así lo determinó la jueza Mae A. D’Agostino, del Estado de Nueva York, en paralelo a un juicio que implica a 14 miembros de la industria de armas y una asociación comercial de los Estados Unidos.

La decisión de la jueza es importante para México, pues desestima la inmunidad que argumentan tener armerías como Smith & Wesson, que están denunciadas por el Gobierno mexicano por permitir la entrada ilegal de cientos de armas al país.

Desde el 16 de diciembre de 2021 las armerías promovieron una queja en contra de la fiscal general Letitia James, en la que alegaban que es inconstitucional que se les busque juzgar ya que la segunda enmienda establece como un derecho fundamental de todos los ciudadanos el poder portar un arma.

En su determinación la jueza D’Agostino recordó que el 6 de julio de 2021 Nueva York promulgó una ley para responsabilizar civilmente a los miembros de la industria de armas por “molestias públicas”.

En concreto esta ley establece que ningún miembro de la industria de armas “creará, mantendrá o contribuirá a sabiendas o imprudentemente a una condición en el estado de Nueva York que ponga en peligro la seguridad nacional o la salud del público a través de la venta, fabricación, importación o comercialización de un producto”.

También establece que todas las armerías deberán “establecer y utilizar controles y procedimientos razonables para evitar que sus productos sean poseídos, usados comercializados o vendidos ilegalmente en el estado de Nueva York”.

Por ello determinó dictar sentencia a favor de la fiscal demandada y el cierre del caso.

En paralelo, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que México continúa con la demanda para probar la presunta negligencia de las empresas productoras de armas, quienes son señaladas por el Gobierno de México por “impulsar el tráfico ilícito” de armas hacia el país.

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