/ miércoles 18 de agosto de 2021

Justicia de Brasil va por Bolsonaro por datos falsos sobre Covid

Fiscalía general aprueba investigación preliminar contra el presidente por sus ataques contra el sistema de voto electrónico

BRASILIA. El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, informó que abrió una investigación preliminar contra el presidente del país, Jair Bolsonaro, para indagar si hubo irregularidades en unos pronunciamientos del mandatario sobre las urnas electrónicas, durante un programa en vivo.

A finales de julio, durante uno de los pronunciamientos que semanalmente realiza en vivo a través de las redes sociales, Bolsonaro levantó sospechas sobre el sistema de votación electrónica que se utiliza en el país, al que acusó de “fraudulento” sin presentar prueba alguna.

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La decisión responde a dos llamamientos para que Aras tomara cartas en el asunto, realizados por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Lúcia, tras una denuncia presentada por un grupo de parlamentarios al alto tribunal.

Varios diputados de la oposición acusaron a comienzos de agosto a Bolsonaro de improbidad administrativa, por hacer propaganda electoral anticipada, en la transmisión que realizó en vivo el pasado 21 de julio. Según los legisladores, el mandatario también habría cometido abuso de poder económico y abuso de autoridad.

En la respuesta a la magistrada, Aras señaló que efectuará una investigación preliminar mediante la cual revisará los hechos denunciados y analizará posibles prácticas delictivas que justifiquen la solicitud de una investigación formal.

Por otro lado, una comisión del Senado reafirmó la sospecha de que Bolsonaro, se valió de datos falsos para afirmar que el número de muertos por la pandemia era “inflado” por gobernadores y alcaldes.

El grupo parlamentario tomó declaración a Alexandre Marques, un funcionario del Tribunal de Cuentas de la Unión que admitió ser el autor de un “papel de trabajo” que Bolsonaro citó, como si fuera un documento oficial de ese órgano fiscalizador, para afirmar que el país tenía al menos “un 50 por ciento menos de muertos” por Covid.

El mandatario hizo esa declaración en junio pasado, cuando ya el país sumaba 475 mil muertos (hoy son casi 570 mil) y acusó a alcaldes y gobernadores de “inflar” esas cifras a fin de recibir más recursos financieros del Estado.

BRASILIA. El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, informó que abrió una investigación preliminar contra el presidente del país, Jair Bolsonaro, para indagar si hubo irregularidades en unos pronunciamientos del mandatario sobre las urnas electrónicas, durante un programa en vivo.

A finales de julio, durante uno de los pronunciamientos que semanalmente realiza en vivo a través de las redes sociales, Bolsonaro levantó sospechas sobre el sistema de votación electrónica que se utiliza en el país, al que acusó de “fraudulento” sin presentar prueba alguna.

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Varios diputados de la oposición acusaron a comienzos de agosto a Bolsonaro de improbidad administrativa, por hacer propaganda electoral anticipada, en la transmisión que realizó en vivo el pasado 21 de julio. Según los legisladores, el mandatario también habría cometido abuso de poder económico y abuso de autoridad.

En la respuesta a la magistrada, Aras señaló que efectuará una investigación preliminar mediante la cual revisará los hechos denunciados y analizará posibles prácticas delictivas que justifiquen la solicitud de una investigación formal.

Por otro lado, una comisión del Senado reafirmó la sospecha de que Bolsonaro, se valió de datos falsos para afirmar que el número de muertos por la pandemia era “inflado” por gobernadores y alcaldes.

El grupo parlamentario tomó declaración a Alexandre Marques, un funcionario del Tribunal de Cuentas de la Unión que admitió ser el autor de un “papel de trabajo” que Bolsonaro citó, como si fuera un documento oficial de ese órgano fiscalizador, para afirmar que el país tenía al menos “un 50 por ciento menos de muertos” por Covid.

El mandatario hizo esa declaración en junio pasado, cuando ya el país sumaba 475 mil muertos (hoy son casi 570 mil) y acusó a alcaldes y gobernadores de “inflar” esas cifras a fin de recibir más recursos financieros del Estado.

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