Dato:
Los activistas explican que se trata de una batalla en contra de un sistema legal que no está preparado para esta clase de temas
El activismo contra los combustibles fósiles se transforma a menudo en una oscura pelea ante los tribunales de todo el mundo para exigir a las grandes corporaciones responsabilidades por la emisión de gases contaminantes.
"¿Cómo podíamos realmente forzar a Shell a recortar sus emisiones? Estuvimos haciendo campaña, pero no funcionaba", se preguntaba la activista holandesa Nine de Pater en un coloquio de justicia ecológica celebrado en Glasgow esta semana en la "People Summit", la cumbre civil paralela a la COP26.
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La petrolera, prosiguió la activista, es "de los grandes contaminadores del mundo, con el 3 % de emisiones totales a la atmósfera".
Ella, junto a sus compañeros de la ONG ecologista holandesa Amigos de la Tierra (Milieudefensie, en neerlandés), consiguió el pasado mayo que un juez obligara a Shell a reducir en un 45 % sus emisiones en 2030, con respecto a 2019.
"Mientras las empresas no tengan que responder de ello económicamente, van a continuar contaminando", explica a EFE Noah Walker, de la influyente organización alemana GermanWatch.
Esta ONG participa en el litigio entre un granjero andino, Saúl Luciano Lliuya, y la energética alemana RWE, ya que sus emisiones amenazan a su familia, propiedades y población por el peligro de inundaciones ante el deshielo en los Andes.
DESAFÍOS JURÍDICOS
"Uno de los mayores retos es encontrar todas las pruebas, ser capaz de que se puedan utilizar" legalmente, señala a EFE la holandesa De Pater.
En su opinión, "los jueces no son expertos; se necesitan científicos independientes (...), peritos que expliquen los modelos climáticos para interpretarlos en la ley con cierto nivel de certeza" para poder decidir sobre el asunto.
Las empresas llegan a pedir la recusación de los magistrados si estos han expresado antes inquietudes ecologistas, alegando su "falta de neutralidad", según Walker.
Además, hay que tener en cuenta la "gran capacidad económica" de los gigantes energéticos en comparación con "quien está al otro lado", señala a Efe la abogada ecologista Tessa Khan.
Esta jurista británica denuncia tácticas como "retrasar los casos o intimidar a sus oponentes", aunque, puntualiza, "en el Cono Sur, Asia, Filipinas o Brasil asesinan a sus oponentes".
Otro desafío frecuente que se encuentran estos luchadores es la base legal sobre la que sustentar el caso ante los tribunales, pues, en muchos casos, "el sistema legal no está preparado para ello", apunta Walker.
"Intentamos utilizar leyes que ya están ahí", prosigue, aunque "se necesitan jueces valientes" ya que "pueden esgrimir que la ley nunca ha sido aplicada de esta forma o que el cambio climático no es relevante."
LA TIPIFICACIÓN DEL ECOCIDIO
La estrategia para depurar responsabilidades pasa por acciones legales contra gobiernos y empresas.
Y eso incluye denunciar la ausencia de medidas suficientes para luchar contra el cambio climático gracias a "compromisos a nivel internacional, como el Acuerdo de París", sostiene Walker.
Los gobiernos "quieren limitar el aumento de las temperaturas, pero muchos no están haciendo lo suficiente", por ello "podemos demandarles, diciendo que no están cumpliendo lo comprometido." explica Noah.
Pese a que no se ve fácil que se legisle en este campo, el activismo se mueve para que a nivel internacional se establezca el "ecocidio" como un delito criminal ante la Corte Penal Internacional, al mismo nivel que el genocidio.
La sentencia holandesa contra Shell implica que "no solo es el gobierno el que tiene que cumplir con el acuerdo de París", sino que también "las empresas tienen que hacer lo mismo", agrega el responsable de GreenWatch.
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Walker defiende la necesidad de "una mejor base legal para este tipo de demandas" porque "el daño causado a la naturaleza en sí no es un crimen".
"En algunos países comienzan a legislar contra la destrucción del medioambiente", apostilla con esperanza la letrada Khan.
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