La legisladora Norma Torres, la única centroamericana miembro del Congreso de Estados Unidos, rogó al gobierno de Joe Biden limitar "severamente" la asistencia a los gobiernos de Centroamérica, en los que señaló "corrupción" y "mala gobernanza", informó el jueves su oficina.
"Les imploro que se resistan a enviar dinero directamente a manos de funcionarios corruptos", dijo Torres, una congresista por California nacida en Guatemala, en una carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
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"Nuestra asistencia extranjera debe ir a la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, instituciones multilaterales y otras instituciones creíbles que tengan un historial probado de ayudar a personas y comunidades vulnerables", apuntó.
No es la primera vez que Torres, integrante del Subcomité de Asignaciones Estatales y Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes, busca que la ayuda estadounidense beneficie a quienes lo necesitan en Guatemala, El Salvador y Honduras, origen de la mayoría de los migrantes indocumentados que llegan crecientemente a la frontera sur de Estados Unidos.
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En el proyecto de ley de financiación omnibus del 2020, Torres aseguró financiamiento para la lucha anticorrupción en esos tres países, así como la identificación de funcionarios corruptos y la eliminación de la financiación militar.
Torres, del Partido Demócrata, cuestionó la gestión del expresidente republicano Donald Trump, por permitir una corrupción "desenfrenada" en el llamado llamado Triángulo Norte centroamericano.
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En su misiva, señaló que en Guatemala, los militares utilizaron la asistencia de seguridad estadounidense para intimidar a la propia embajada de Estados Unidos.
Además, citó procedimientos judiciales en tribunales federales en Nueva York, según los cuales presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, "protegió a narcotraficantes mientras se jactaba de traer drogas a Estados Unidos".
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También dijo que en El Salvador, "el presidente Nayib Bukele usa su influencia para desacreditar procesos e instituciones democráticas legítimas".
El gobierno de Biden, que asumió el 20 de enero con la promesa de una política migratoria "justa y humana", dijo que está decidido a atacar las "causas fundamentales de la migración".
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