/ miércoles 18 de enero de 2023

Lula remueve a 40 soldados de la residencia presidencial por asalto de bolsonaristas

Al menos 15 agentes estarían implicados en actos golpistas; Corte Suprema da 10 días a la Policía Federal para un informe

El Gobierno de LuizInácio Lula da Silva prescindió de 40 militares que trabajaban en la administración de la residencia presidencial, en un momento de desconfianza entre el mandatario brasileño y las Fuerzas Armadas por el asalto a los poderes de bolsonaristas radicales el 8 de enero.

La decisión fue tomada por el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, que dispensó a 40 militares que formaban parte de la Coordinación de Administración del Palacio de la Alvorada, la residencia del jefe de Estado, en Brasilia, según publicó en el Diario Oficial.

Entérate: Autoridades de Brasil apuntan a altos cargos por revueltas de bolsonaristas

La mayoría de las tropas que custodian el palacio pertenecen al ejército, pero también hay miembros de la Armada, la Fuerza Aérea y una policía militarizada. Los militares apartados son de rangos bajos -soldados, cabos, sargentos-, algunos de los cuales prestaban seguridad al lugar, y seguirán ligados a las fuerzas armadas, aunque en otras actividades, según el portal de noticias G1.

Los manifestantes vandalizaron oficinas del palacio presidencial / REUTERS

Al menos 15 agentes de las fuerzas del orden, incluyendo policías militares, soldados de las Fuerzas Armadas e incluso un bombero, estarían implicados de alguna manera en los actos golpistas. En esta lista hay tanto agentes en activo como en la reserva y según el diario O Globo, entre estos quince, además del citado bombero, hay nueve policías militares, tres soldados del Ejército, un oficial de Marina y un antiguo cabo de la Fuerza Aérea, que dejó el cargo a mediados de 2022 tras ocho años de servicio.


Lula asumió el poder el 1 de enero, pero aún no se ha trasladado a la Alvorada, que está pasando por una serie de pericias después de cuatros años siendo el hogar del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien cayó derrotado ante el dirigente progresista en las elecciones de octubre.

La semana pasada, Lula acusó a “muchos” policías y militares de haber sido “conniventes” con el caos generado. “Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que esas personas entraran porque no hay ninguna puerta quebrada, es decir, alguien les facilitó la entrada”, manifestó.

Lula se reunirá esta semana con los comandantes de las Fuerzas Armadas, informó la Casa Civil (jefatura de gabinete). Sería la primera vez que se encuentran desde que cargó contra sectores policiales y militares por su “connivencia” con los manifestantes. Según la Casa Civil, abordarán la “modernización” de las fuerzas.

Bolsonaro, en Estados Unidos desde antes de terminar su mandato, niega cualquier conexión con los actos violentos en Brasilia, pero es investigado por las autoridades bajo sospecha de haber instigado el asalto al corazón político de Brasil.

El Tribunal Superior Electoral dio un plazo de tres días a Bolsonaro para explicar el contenido de un proyecto de decreto encontrado en la residencia de uno de sus exministros y considerado evidencia de que pretendía dar un golpe de Estado.

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Asimismo, La Corte Suprema de Brasil dio un plazo de 10 días para que la Policía Federal presente un informe parcial sobre la investigación de los actos golpistas. En la misiva, el magistrado indicó que esas pruebas pueden "identificar" a los agentes públicos que pudieron "incurrir en delitos" durante la recolección de las mismas.



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El Gobierno de LuizInácio Lula da Silva prescindió de 40 militares que trabajaban en la administración de la residencia presidencial, en un momento de desconfianza entre el mandatario brasileño y las Fuerzas Armadas por el asalto a los poderes de bolsonaristas radicales el 8 de enero.

La decisión fue tomada por el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, que dispensó a 40 militares que formaban parte de la Coordinación de Administración del Palacio de la Alvorada, la residencia del jefe de Estado, en Brasilia, según publicó en el Diario Oficial.

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La mayoría de las tropas que custodian el palacio pertenecen al ejército, pero también hay miembros de la Armada, la Fuerza Aérea y una policía militarizada. Los militares apartados son de rangos bajos -soldados, cabos, sargentos-, algunos de los cuales prestaban seguridad al lugar, y seguirán ligados a las fuerzas armadas, aunque en otras actividades, según el portal de noticias G1.

Los manifestantes vandalizaron oficinas del palacio presidencial / REUTERS

Al menos 15 agentes de las fuerzas del orden, incluyendo policías militares, soldados de las Fuerzas Armadas e incluso un bombero, estarían implicados de alguna manera en los actos golpistas. En esta lista hay tanto agentes en activo como en la reserva y según el diario O Globo, entre estos quince, además del citado bombero, hay nueve policías militares, tres soldados del Ejército, un oficial de Marina y un antiguo cabo de la Fuerza Aérea, que dejó el cargo a mediados de 2022 tras ocho años de servicio.


Lula asumió el poder el 1 de enero, pero aún no se ha trasladado a la Alvorada, que está pasando por una serie de pericias después de cuatros años siendo el hogar del ultraderechista Jair Bolsonaro, quien cayó derrotado ante el dirigente progresista en las elecciones de octubre.

La semana pasada, Lula acusó a “muchos” policías y militares de haber sido “conniventes” con el caos generado. “Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que esas personas entraran porque no hay ninguna puerta quebrada, es decir, alguien les facilitó la entrada”, manifestó.

Lula se reunirá esta semana con los comandantes de las Fuerzas Armadas, informó la Casa Civil (jefatura de gabinete). Sería la primera vez que se encuentran desde que cargó contra sectores policiales y militares por su “connivencia” con los manifestantes. Según la Casa Civil, abordarán la “modernización” de las fuerzas.

Bolsonaro, en Estados Unidos desde antes de terminar su mandato, niega cualquier conexión con los actos violentos en Brasilia, pero es investigado por las autoridades bajo sospecha de haber instigado el asalto al corazón político de Brasil.

El Tribunal Superior Electoral dio un plazo de tres días a Bolsonaro para explicar el contenido de un proyecto de decreto encontrado en la residencia de uno de sus exministros y considerado evidencia de que pretendía dar un golpe de Estado.

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Asimismo, La Corte Suprema de Brasil dio un plazo de 10 días para que la Policía Federal presente un informe parcial sobre la investigación de los actos golpistas. En la misiva, el magistrado indicó que esas pruebas pueden "identificar" a los agentes públicos que pudieron "incurrir en delitos" durante la recolección de las mismas.



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