PARÍS. En su primer mensaje después de 24 semanas de protestas de los “chalecos amarillos” y tres meses de debate nacional con todos los sectores del país, el presidente francés Emmanuel Macron admitió haber cometido algunos errores, pero estimó que su método era el “correcto” y dijo que “no habrá cambios”, pero prometió bajar impuestos y subir las pensiones.
Casi dos años después de haber llegado al poder, Macron realizó ese balance de su presidencia durante la primera conferencia de prensa de su mandato, que fue precedida de un discurso de 100 minutos.
El resultado de ese ejercicio inédito fue juzgado decepcionante por la mayoría de los analistas políticos y líderes opositores. “Sólo escuché: ‘Tengo razón, no cambiaremos nada, y los franceses deben prepararse para trabajar cada vez más’”, indicó el líder sindical Philippe Martinez, secretario general de la central procomunista CGT.
“Las medidas anunciadas siguen beneficiando a los mismos. Los aumentos a jubilados y la clase media quedarán anulados por el incremento de cotizaciones, que el presidente mantiene. Tampoco sabemos cómo financiará sus medidas”, comentó por su parte Laurent Wauquiez, líder el partido conservador Los Republicanos.
Al definir los objetivos de la segunda mitad de su quinquenio, anunció una serie de decisiones que no alcanzaron a responder a la enorme expectativa del país. Las dos más importantes fueron la reducción de la carga impositiva para la clase media baja y las pymes, y una indexación escalonada de las jubilaciones, desde ahora hasta 2021.
Pese a reconocer la existencia de una “injusticia fiscal”, Macron volvió a defender su criticada reforma del Impuesto a las Grandes Fortunas (ISF), que libera el capital y grava los bienes inmuebles, aunque se comprometió a revaluarla a fines de 2020.
En relación al funcionamiento democrático y las instituciones, descartó la idea de instaurar el Referendo de Iniciativa Ciudadana (RIC), principal reivindicación de los “chalecos amarillos” y de los partidos de extrema derecha e izquierda. En su lugar, propuso modificar el ya existente Referendo de Iniciativa Participativa (RIP), reduciendo el número de firmas requerido para organizar una consulta popular de 4,5 millones a un millón.
Igualmente anunció haber renunciado a suprimir 120 mil puestos en la administración pública, que fue una de las principales promesas de su campaña.
