/ lunes 12 de abril de 2021

México pacta enviar 10 mil soldados a frontera sur para frenar migración: Casa Blanca

Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que México mantiene el despliegue como parte de sus esfuerzos para detener el creciente número de migrantes provenientes de Centroamérica

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acordó con Estados Unidos el despliegue de 10 mil militares en la frontera sur de México como parte del compromiso para aumentar la seguridad fronteriza, informó Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca.

“México tomó la decisión de mantener 10 mil tropas en su frontera sur”, expuso la funcionaria del gobierno de Joe Biden.

Agregó que “hubo una serie de reuniones bilaterales entre nuestra administración y los gobiernos de México, Honduras y Guatemala. A través de estas discusiones se hicieron compromisos para incrementar la seguridad en la frontera”.

Según la vocera estadounidense, los gobiernos de Guatemala y Honduras desplegarán mil 500 y siete mil agentes, entre personal militar y policías, respectivamente, para hacer más complicado el camino de los migrantes hacia EU.

En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que el gobierno mexicano “favorece una migración ordenada, segura, regular y con apego a los derechos humanos, además de que sostiene que el desarrollo económico y social es la única solución de fondo al fenómeno migratorio”.

“México mantendrá el despliegue ya existente de fuerzas federales en su zona fronteriza, con el objetivo de hacer cumplir su propia legislación migratoria, a fin de brindar atención a las personas migrantes, principalmente a menores no acompañados, y combatir el tráfico de personas”, agregó la Cancillería mexicana.

Desde el 19 de marzo, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó sobre operativos en la frontera sur del país con distintas dependencias del gobierno para “salvaguardar los derechos e integridad” de menores migrantes centroamericanos.

También para tener mayor control en el contexto de la pandemia. Sin embargo, no especificó la cifra de elementos.

La llamada de la semana pasada entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, supuso un mayor nivel en negociaciones para lo que ambos llaman migración segura y ordenada.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, las detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzaron su mayor nivel mensual en dos décadas, al registrar en marzo 172 mil 331 personas interceptadas.

El aumento de migrantes que tienen la esperanza de que el gobierno de EU les permita entrar, se ha convertido en un problema para la administración Biden.

Un proyecto de ley impulsado por el mandatario busca promover una ambiciosa reforma migratoria que de vía a la ciudadanía de 11 millones de indocumentados.

Biden se ha negado a calificar la situación fronteriza actual como crisis y ha llamado a cambiar el sistema migratorio estadounidense por uno que priorice el lado humano, contemplando el derecho de asilo, el trato debido a los refugiados, los permisos para trabajar y las oportunidades para que familias enteras puedan migrar.

El canciller Marcelo Ebrard advirtió que los flujos migratorios hacia Estados Unidos continuarán constantes y crecientes en los próximos años, dadas las perspectivas demográficas y económicas de la región. EU ha enviado un mensaje contradictorio, al destacar que la frontera está cerrada pero proporcionará refugio a los niños no acompañados.

En el tema del ejercicio de los recursos, cada administración tiene su propia propuesta. López Obrador pidió al Congreso estadounidense la aprobación de cuatro mil millones de dólares de ayuda a Centroamérica para expandir a esa región el programa Sembrando Vida creado por su administración.

La Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM), encabezada por Marcelo Ebrard, acordó enfrentar la crisis migratoria con recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). Las dependencias con competencia migratoria, como la Guardia Nacional, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o el INM, podrán solicitar al Indep los bienes provenientes del comercio exterior.

Sin embargo, Roberta Jacobson, quien días atrás abandonó el cargo de coordinadora de la frontera sur de EU, precisó a la agencia de noticias Reuters que el gobierno estadounidense estudia todas las opciones productivas para abordar las razones económicas y de seguridad por las que la gente puede estar migrando.

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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador acordó con Estados Unidos el despliegue de 10 mil militares en la frontera sur de México como parte del compromiso para aumentar la seguridad fronteriza, informó Jen Psaki, vocera de la Casa Blanca.

“México tomó la decisión de mantener 10 mil tropas en su frontera sur”, expuso la funcionaria del gobierno de Joe Biden.

Agregó que “hubo una serie de reuniones bilaterales entre nuestra administración y los gobiernos de México, Honduras y Guatemala. A través de estas discusiones se hicieron compromisos para incrementar la seguridad en la frontera”.

Según la vocera estadounidense, los gobiernos de Guatemala y Honduras desplegarán mil 500 y siete mil agentes, entre personal militar y policías, respectivamente, para hacer más complicado el camino de los migrantes hacia EU.

En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que el gobierno mexicano “favorece una migración ordenada, segura, regular y con apego a los derechos humanos, además de que sostiene que el desarrollo económico y social es la única solución de fondo al fenómeno migratorio”.

“México mantendrá el despliegue ya existente de fuerzas federales en su zona fronteriza, con el objetivo de hacer cumplir su propia legislación migratoria, a fin de brindar atención a las personas migrantes, principalmente a menores no acompañados, y combatir el tráfico de personas”, agregó la Cancillería mexicana.

Desde el 19 de marzo, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó sobre operativos en la frontera sur del país con distintas dependencias del gobierno para “salvaguardar los derechos e integridad” de menores migrantes centroamericanos.

También para tener mayor control en el contexto de la pandemia. Sin embargo, no especificó la cifra de elementos.

La llamada de la semana pasada entre la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, supuso un mayor nivel en negociaciones para lo que ambos llaman migración segura y ordenada.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, las detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzaron su mayor nivel mensual en dos décadas, al registrar en marzo 172 mil 331 personas interceptadas.

El aumento de migrantes que tienen la esperanza de que el gobierno de EU les permita entrar, se ha convertido en un problema para la administración Biden.

Un proyecto de ley impulsado por el mandatario busca promover una ambiciosa reforma migratoria que de vía a la ciudadanía de 11 millones de indocumentados.

Biden se ha negado a calificar la situación fronteriza actual como crisis y ha llamado a cambiar el sistema migratorio estadounidense por uno que priorice el lado humano, contemplando el derecho de asilo, el trato debido a los refugiados, los permisos para trabajar y las oportunidades para que familias enteras puedan migrar.

El canciller Marcelo Ebrard advirtió que los flujos migratorios hacia Estados Unidos continuarán constantes y crecientes en los próximos años, dadas las perspectivas demográficas y económicas de la región. EU ha enviado un mensaje contradictorio, al destacar que la frontera está cerrada pero proporcionará refugio a los niños no acompañados.

En el tema del ejercicio de los recursos, cada administración tiene su propia propuesta. López Obrador pidió al Congreso estadounidense la aprobación de cuatro mil millones de dólares de ayuda a Centroamérica para expandir a esa región el programa Sembrando Vida creado por su administración.

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