MANAGUA. El Congreso de Nicaragua aprobó una ley de amnistía que favorece a los opositores presos y cierra la posibilidad de castigar a los responsables de la represión de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
"Se aprueba en lo general la ley de amnistía", anunció el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Gustavo Porras, al cerrar la votación que contó con el apoyo de 70 legisladores del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) y el rechazo de 15 opositores.
La ley favorece a "todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos a partir del 18 de abril del 2018", cuando estallaron las protestas, y abarca a las personas que han sido o puedan ser investigadas o estén cumpliendo sentencias.
Incluye a los opositores que están presos por participar en las manifestaciones, quienes deberán ser liberados "de forma inmediata" cuando la disposición entre en vigencia, con su publicación en la gaceta oficial.
Establece, además, que los beneficiados deberán "abstenerse" de volver a participar en protestas.
La oposición estima que cerca de 800 personas fueron encarcelados por apoyar las marchas, aunque el gobierno ha dicho que son unas 350.
Unos fueron recluidos sin que se le formularan cargos y otros fueron acusados de "terrorismo" bajo una cuestionada ley de 2018 que criminalizó las protestas. Uno de los detenidos es el líder campesino y opositor Medardo Mairena, condenado en febrero pasado a 216 años de prisión por terrorismo y otros seis delitos.
IMPUNIDAD
La amnistía cierra la posibilidad de investigar y castigar a quienes reprimieron las protestas que estallaron el año pasado contra el presidente Ortega, tras una cuestionada reforma al seguro social, que se transformó en una demanda de salida del mandatario, en el poder desde 2007.
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