LIMA, Perú. La petición de asilo del expresidente peruano Alan García a Uruguay abrió la puerta a una crisis internacional a cuenta de la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht en el país, y de las investigaciones de la Justicia para perseguir los casos que afectan a sus líderes políticos.
García, quien tiene una orden de prohibición de salida del país por 18 meses mientras es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos, decidió convertirse en el primer exmandatario peruano investigado por los sobornos de Odebrecht en solicitar un asilo a otro país.
En ese camino, García, quien permanece en la residencia del embajador uruguayo en Lima, se comunicó con el presidente Tabaré Vázquez y le aseguró que en el Perú, "una vez más, las leyes y procedimientos se desnaturalizan y manipulan por intereses políticos como instrumentos de persecución".
A través de una carta, García expresó su convicción de que es un perseguido político, que la Justicia y los fiscales peruanos actúan en su contra de manera parcial y que el gobierno de Martín Vizcarra está detrás de estas iniciativas para ocultar sus propios actos de corrupción vinculados a Odebrecht.
Mientras tanto, el Gobierno peruano preparaba los argumentos formales para que Uruguay rechace el pedido de asilo diplomático solicitado por el expresidente. Vizcarra informó que habló con su homólogo uruguayo Tabaré Vázquez para comentarle la importancia de la investigación abierta contra García en Perú y el rechazo a que se trate de una persecución política en su contra.
El caso quedó ahora en manos del presidente Vázquez y su Gobierno, cuyo canciller, Rodolfo Nin Novoa, confirmó que ha aceptado el trámite del asilo y que emitirá una decisión al respecto en función de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.
COLOMBIA
Odebrecht firmó contratos ficticios cuyo valor puede llegar a 65 mil millones de pesos (unos 20.4 mdd) como parte de la obra de construcción de la Ruta del Sol, una carretera que conecta el centro con el norte de Colombia, informó la Fiscalía.
La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidieron a la Superintendencia de Sociedades inhabilitar por 20 años a la empresa brasileña como consecuencia del caso de corrupción que lo involucra.
Previamente el presidente Iván Duque recomendó nombrar a un fiscal general paa investigar específicamente el caso Odebrecht, donde el fiscal general colombiano está involucrado al estar enterado de los movimientos ilícitos en el país por parte de la constructora.
