Simpatizantes de la oposición de Venezuela se preparaban el domingo para entregar en puestos militares copias de una propuesta de ley de amnistía que considera la Asamblea Nacional, bajo control opositor.
El congreso trabaja desde hace semanas en ese plan para los civiles y militares que colaboren en la transición, pero los diputados tiene que maniobrar entre la política y el derecho internacional, que impone ciertos límites para otorgar ese beneficio.
Pequeños grupos tenían previsto acudir a puntos militares y policiales, como alcabalas y batallones, entre otros, a entregar copias del proyecto de ley a los uniformados que vigilan los accesos.
"Llegamos hasta la puerta del batallón Girardot, salió un comandante y nos dio la espalda. Igual vamos a seguir entregando la ley entre militares conocidos y familiares de militares", dijo Juvenal Timaure, representante del opositor grupo Frente Amplio en Coro, capital del estado Falcón, en el extremo noroccidental de Venezuela.
El líder opositor, Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela el 23 de enero, ha hecho exhortos a las fuerzas armadas y al pueblo a que se le unan para presionar por la salida del mandatario Nicolás Maduro, a quien el Congreso de oposición declaró "usurpador" del cargo.
La declaratoria de usurpación se dio este mes después de que el 10 de enero Maduro juró por otro sexenio de gobierno tras las elecciones de mayo del año pasado, consideradas fraudulentas por buena parte de la comunidad internacional.
"La familia militar es fundamental en este proceso", dijo Guaidó en una entrevista con Reuters esta semana cuando empezó a avanzar en la ley de amnistía que incluye las "garantías" a los oficiales.
Según normas del congreso, la propuesta de ley ya recibió la primera de las dos aprobaciones que requiere. Se prevé que en los próximos días reciba la segunda y última aprobación.
El texto del proyecto de ley, que tiene sólo 6 artículos, fue presentado al público el fin de semana en asambleas populares realizadas en plazas de las principales ciudades del país con el fin de buscar apoyo entre los ciudadanos.
En su tercera disposición, señala que "se concederán todas las garantías a funcionarios civiles y militares" que colaboren a la restitución de la democracia. En su cuarto artículo ofrece amnistía a oficiales y funcionarios detenidos, pero mantiene la investigación y sanción a delitos contra los derechos humanos.
