/ martes 5 de enero de 2021

Padre de Assange pide a Nueva Zelanda que otorgue asilo político a su hijo

La solicitud se produce después de que una jueza británica rechazara la extradición a EU del fundador de WikiLeaks por razones médicas

John Shipton, padre del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha pedido a Nueva Zelanda que otorgue asilo político a su hijo, después de que la justicia británica rechazara la solicitud de extradición de Estados Unidos, confirmaron a Efe fuentes legales.

"Nueva Zelanda es ciertamente una opción", dijo a Efe el abogado Greg Barns, asesor de la campaña en Australia en favor de la liberación de Assange y quien firmó esta carta junto a Shipton y su colega neozelandés Craig Tuck, al considerar que se trata de "un caso político" que puede ser negociado con Reino Unido.

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"Esta carta es una petición a los países progresistas como Nueva Zelanda de que reconozcan la importancia de lo que defiende Assange y se aseguren de que no sea procesado por ejercer su libertad de expresión", subrayó Barns.

El letrado añadió que muchos países progresistas "están preocupados por que la posición de Julian Assange respecto a la libertad de expresión no sea criminalizada por los EU", y destacó la oferta de México de conceder asilo al activista australiano.

➡️ Periodista del "Guardian" reveló el acceso a cables encriptados de WikiLeaks

El pedido de asilo se produce después de que este lunes la jueza británica Vanessa Baraister rechazara la extradición del australiano de 49 años por razones médicas, en un fallo que será apelado por EU y que durará años, tras ser descartados los alegatos de la defensa, que denunciaban motivaciones políticas para juzgarlo y un juicio tendencioso.

Assange afronta una pena potencial de 175 años de cárcel por presuntos delitos de espionaje e intromisión informática por la filtración en la década pasada de documentos militares y confidenciales sobre la intervención de Washington en Irak y Afganistán.

Barns volvió a reclamar al Ejecutivo de Camberra, histórico aliado de EU, por no pedir la liberación de Assange o dar las garantías necesarias para que retorne "de forma segura" junto a su familia a su país natal "y no sea extraditado de Australia".

El gobierno de Morrison ha intervenido en favor de la académica australiana-británica Kylie Moore-Gilbert, liberada en noviembre de Irán, o el activista escritor chino-australiano Yang Hengjun, detenido a principios de 2019 en China por presunto espionaje, mientras que dice que esperará a los fallos en el caso de Assange.

➡️ Assange podría ser procesado en su ausencia por interrumpir a testigo

Detenido inicialmente en 2010 en el Reino Unido a petición de Suecia por un caso de presunta violación que ya ha sido archivado, Assange ha pasado los últimos diez años confinado, primero bajo arresto domiciliario y después refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, que en 2019 le retiró el asilo político.

En pasado mayo, EU pidió al Reino Unido su extradición por 18 presuntos delitos de espionaje y conspiración por la publicación en su portal WikiLeaks en 2010 y 2011 (aunque ahora amplía el periodo de 2007 a 2015) de registros militares y otros documentos confidenciales, lo que acarrea una condena de unos 175 años de cárcel.


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John Shipton, padre del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha pedido a Nueva Zelanda que otorgue asilo político a su hijo, después de que la justicia británica rechazara la solicitud de extradición de Estados Unidos, confirmaron a Efe fuentes legales.

"Nueva Zelanda es ciertamente una opción", dijo a Efe el abogado Greg Barns, asesor de la campaña en Australia en favor de la liberación de Assange y quien firmó esta carta junto a Shipton y su colega neozelandés Craig Tuck, al considerar que se trata de "un caso político" que puede ser negociado con Reino Unido.

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"Esta carta es una petición a los países progresistas como Nueva Zelanda de que reconozcan la importancia de lo que defiende Assange y se aseguren de que no sea procesado por ejercer su libertad de expresión", subrayó Barns.

El letrado añadió que muchos países progresistas "están preocupados por que la posición de Julian Assange respecto a la libertad de expresión no sea criminalizada por los EU", y destacó la oferta de México de conceder asilo al activista australiano.

➡️ Periodista del "Guardian" reveló el acceso a cables encriptados de WikiLeaks

El pedido de asilo se produce después de que este lunes la jueza británica Vanessa Baraister rechazara la extradición del australiano de 49 años por razones médicas, en un fallo que será apelado por EU y que durará años, tras ser descartados los alegatos de la defensa, que denunciaban motivaciones políticas para juzgarlo y un juicio tendencioso.

Assange afronta una pena potencial de 175 años de cárcel por presuntos delitos de espionaje e intromisión informática por la filtración en la década pasada de documentos militares y confidenciales sobre la intervención de Washington en Irak y Afganistán.

Barns volvió a reclamar al Ejecutivo de Camberra, histórico aliado de EU, por no pedir la liberación de Assange o dar las garantías necesarias para que retorne "de forma segura" junto a su familia a su país natal "y no sea extraditado de Australia".

El gobierno de Morrison ha intervenido en favor de la académica australiana-británica Kylie Moore-Gilbert, liberada en noviembre de Irán, o el activista escritor chino-australiano Yang Hengjun, detenido a principios de 2019 en China por presunto espionaje, mientras que dice que esperará a los fallos en el caso de Assange.

➡️ Assange podría ser procesado en su ausencia por interrumpir a testigo

Detenido inicialmente en 2010 en el Reino Unido a petición de Suecia por un caso de presunta violación que ya ha sido archivado, Assange ha pasado los últimos diez años confinado, primero bajo arresto domiciliario y después refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, que en 2019 le retiró el asilo político.

En pasado mayo, EU pidió al Reino Unido su extradición por 18 presuntos delitos de espionaje y conspiración por la publicación en su portal WikiLeaks en 2010 y 2011 (aunque ahora amplía el periodo de 2007 a 2015) de registros militares y otros documentos confidenciales, lo que acarrea una condena de unos 175 años de cárcel.


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