SANTIAGO. El giro del gobierno de Sebastián Piñera para iniciar un proceso de cambio a la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet no convenció a todos los dirigentes políticos ni logró acallar las protestas sociales que entraron en su cuarta semana.
Miles de profesores y profesionales de la educación marcharon por la céntrica avenida Alameda, mientras que centenares de pobladores que exigen viviendas sociales se tomaron terrenos y bloquearon calles en la comuna de Peñalolén, en el este de Santiago.
"En este despertar del país, la educación está en el centro de las demandas. La gente reclama que deje de ser un bien de consumo, de mercado, y que sea un derecho social", afirmó el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien dijo que las protestas "no se van a detener hasta que en Chile haya un cambio real".
Además, manifestantes de la salud y profesores entraron a los patios de la sede del Congreso en Santiago.
Para hoy, un centenar de organizaciones sociales llaman a paralizar el país. "Se detiene toda la capacidad productiva del país", dice una de las decenas de convocatorias que circulan en redes sociales.
Las manifestaciones no ceden pese al giro que dio el gobierno derechista al anunciar su voluntad de empezar un proceso para redactar una nueva Constitución a través de un "Congreso Constituyente", con amplia participación ciudadana y un plebiscito que lo ratifique.
"Hemos acordado iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Constitución", dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tras una reunión la noche del domingo con los partidos de la coalición.
El ministro agregó que consideraban que la mejor fórmula para realizar este cambio es a través de un Congreso Constituyente, que cuente con "una amplia participación de la ciudadanía, y en segundo lugar que pueda tener un plebiscito ratificatorio".
La actual Constitución, vigente desde 1980, ha tenido más de 200 modificaciones en más de 40 artículos, dijo Piñera en una entrevista al diario El Mercurio .
El texto no reconoce, sin embargo, la responsabilidad del Estado de ofrecer como un derecho la educación y la salud, dos de las exigencias de los millones de chilenos que están en las calles manifestándose desde el pasado 18 de octubre.
El excandidato presidencial de la centro izquierda, Alejandro Guillier, afirmó que la propuesta llegaba "demasiado tarde" y planteó la necesidad de convocar a elecciones anticipadas.
Así emplazó a Piñera en Twitter: "La posibilidad de construir un nuevo Chile requiere que usted llame a elecciones anticipadas de presidente de la República y la totalidad del Congreso Nacional".
El gobierno, por su parte, afirmó ayer que invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una visita al país destinada a observar la situación de los derechos humanos.
