/ jueves 15 de abril de 2021

Plan migratorio de Biden, empañado por quejas de corrupción en Centroamérica

Washington considera a la corrupción y la mala gobernanza, junto con la pobreza y la violencia, factores clave detrás de la migración centroamericana

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere que los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras tomen medidas enérgicas contra la corrupción como parte de un millonario plan para la región que busca detener la migración ilegal.

Pero las acusaciones de corrupción y autoritarismo persiguen a algunos de los líderes con los que Biden debe trabajar en Centroamérica.

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El año pasado, los tres países se ubicaron en la mitad inferior del ranking mundial de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Honduras ocupó el puesto 157 de 180 países, su peor nota en casi una década.

Desde que asumió el cargo en enero, el Gobierno de Biden se comprometió a formar un grupo de trabajo regional para atajar la corruptela y amenazó con congelar las cuentas bancarias estadounidenses de funcionarios corruptos en la zona conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica, responsable de gran parte de migración indocumentada hacia Estados Unidos.

Con las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México en su nivel más alto en dos décadas, Biden busca implementar un plan de 4,000 millones de dólares para la región por los próximos cuatro años.

Washington considera a la corrupción y la mala gobernanza, junto con la pobreza y la violencia, como factores clave detrás de la migración centroamericana, y le preocupa que la ayuda financiera estadounidense pueda verse empañada.

"No vamos a poder tener una asociación cercana con gobiernos que no están comprometidos en trabajar contra la corrupción", dijo a Reuters Brendan O'Brien, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador.

La administración de Biden quiere que los gobiernos de la región cumplan con parámetros "sólidos (...) en la lucha contra la corrupción y la impunidad", apoyen la independencia electoral y judicial y protejan los derechos humanos, aseguró a Reuters un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

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"Abordar los enormes desafíos de la región requiere un cambio sistémico y la voluntad política de los líderes de El Salvador, Guatemala y Honduras", agregó.

PREOCUPACIÓN

Pero el historial de corrupción en la región es irregular.

En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández advirtió que la investigación de fiscales estadounidenses por sus supuestos vínculos con el narco podría dañar la cooperación internacional. El mandatario, cuyo hermano fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua por tráfico de drogas a fines de marzo, ha negado las acusaciones.

En El Salvador, donde la creciente concentración de poder del presidente Nayib Bukele preocupa a Washington, el carismático líder de 39 años ha criticado el plan de Biden como una repetición de la Alianza para la Prosperidad de la era de Barack Obama que, según dijo, no dio resultados.

Y en Guatemala, el mandatario Alejandro Giammattei provocó indignación entre activistas el mes pasado al nombrar a su abogada para ocupar un asiento en la máxima corte del país.

"Va a ser difícil para la administración Biden encontrar aliados confiables entre los gobiernos centroamericanos", sostuvo Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), un grupo de defensa de los derechos humanos.

Funcionarios estadounidenses como Roberta Jacobson, coordinadora para la frontera sur, han dicho que Washington continuará canalizando el apoyo a grupos de la sociedad civil en la región, limitando la ayuda directa a los gobiernos.

Pero un funcionario de alto nivel del gobierno de Biden aseguró a Reuters, bajo condición de anonimato, que las ONG a menudo no están bien equipadas para absorber los millones de dólares que Washington busca destinar y que es necesario mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de sus programas.

El jefe del gabinete de ministros de Hernández, Carlos Madera, dijo que Honduras "no dejará" de ser un socio confiable de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y que atacará la corrupción.

"Nosotros con Estados Unidos hemos sido sumamente exitosos en la relación de cooperación bilateral, no creo que vaya ser la diferencia esta vez", comentó la semana pasada antes de partir a Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses.

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La Presidencia de Guatemala, por su parte, aseguró en un comunicado a Reuters que combatir la corrupción es una de las principales prioridades de Giammattei.

"El combate a la corrupción es un compromiso y una prioridad del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei y no depende de disposiciones, ni condicionamientos provenientes del extranjero, sino que se hace porque es lo correcto", sostuvo.

"CHEQUE EN BLANCO"

En gran parte, el aumento de la migración desde Centroamérica refleja una dura realidad económica: la pandemia del coronavirus aunada a dos potentes huracanes que golpearon la región a fines del año pasado ha dejado a cientos de miles de personas desesperadas.

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El Triángulo Norte ya era una de las regiones más pobres y violentas de América. Ahora, corre el riesgo de desarrollar una grave crisis humanitaria, advierten analistas.

Pero, además del aumento de la pobreza, muchos migrantes aseguran que la corrupción los está obligando a buscar mejores horizontes en el norte del continente.

"La gente está más pobre y ellos, los funcionarios de turno, cada vez más ricos", se lamentó Laura Escobar, una salvadoreña de 39 años, quien dijo que planeaba emigrar luego de perder su trabajo durante la pandemia.

No es la primera vez que Estados Unidos busca condicionar la ayuda a Centroamérica en un intento por frenar la migración.

Durante el gobierno del exmandatario Barack Obama (2009-2017), el Congreso de Estados Unidos presionó para que los 1,000 millones de dólares de ayuda de la Alianza para la Prosperidad se vincule a la lucha contra la corrupción y el tráfico de drogas, pero el esfuerzo no fue suficiente, aseguraron analistas.

Los niveles de asistencia siguen siendo sustanciales. El año pasado, Estados Unidos -el principal socio comercial de los tres países- desembolsó 390,6 millones de dólares al Triángulo Norte. La mayoría se destinó a proyectos de educación y gobernanza.

Ahora, los funcionarios estadounidenses quieren asegurarse de que el apoyo venga con condiciones más rigurosas.

"(La ayuda) no será un cheque en blanco", aseguró a Reuters, bajo condición de anonimato, otro funcionario estadounidense de alto rango. "Necesitaremos ver algunas reformas sistémicas serias para combatir la corrupción".

La fuente agregó que Washington quiere que los países centroamericanos se comprometan con una comisión anticorrupción independiente y respaldada regionalmente, parecida a las establecidas anteriormente en Guatemala y Honduras -CICIG y MACCIH- que luego no fueron renovadas.

Washington también busca enviar más agregados del Departamento de Justicia y del Tesoro a sus embajadas en la región para combatir el crimen y crear una nueva oficina responsable de investigar la corrupción en el Triángulo Norte.

En El Salvador, agregó la fuente, Bukele necesitaba restaurar la separación de poderes y mostrar un mayor compromiso con la transparencia.

HONDURAS, DOLOR DE CABEZA

Pero, para muchos en Washington, la principal preocupación es Honduras, el mayor remitente de migrantes centroamericanos y un país donde las acusaciones de drogas que rodean al presidente Hernández han erosionado la confianza en su gobierno.

Las elecciones para reemplazar a Hernández se llevarán a cabo a fines de noviembre, y varios de los principales candidatos para sucederlo se han visto envueltos en investigaciones de corrupción o narcotráfico.

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La frustración con los líderes políticos también está aumentando en Guatemala, donde la administración de Giammattei se ha visto afectada por un escándalo centrado en las acusaciones de que funcionarios compraron medicamentos contra el COVID-19 a precios inflados para enriquecerse.

Según Isacson, de WOLA, la debilidad política interna puede hacer que Guatemala y Honduras respondan mejor a la presión de Estados Unidos que El Salvador, donde Bukele goza de una gran popularidad que su partido acaba de aprovechar para lograr la mayoría más amplia en la historia del Congreso.

"Alguien como Bukele, que acaba de obtener una gran mayoría en todo y tiene 85% de respaldo en las encuestas, probablemente sienta que puede desafiar más a Estados Unidos", opinó Isacson.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere que los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras tomen medidas enérgicas contra la corrupción como parte de un millonario plan para la región que busca detener la migración ilegal.

Pero las acusaciones de corrupción y autoritarismo persiguen a algunos de los líderes con los que Biden debe trabajar en Centroamérica.

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El año pasado, los tres países se ubicaron en la mitad inferior del ranking mundial de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Honduras ocupó el puesto 157 de 180 países, su peor nota en casi una década.

Desde que asumió el cargo en enero, el Gobierno de Biden se comprometió a formar un grupo de trabajo regional para atajar la corruptela y amenazó con congelar las cuentas bancarias estadounidenses de funcionarios corruptos en la zona conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica, responsable de gran parte de migración indocumentada hacia Estados Unidos.

Con las detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México en su nivel más alto en dos décadas, Biden busca implementar un plan de 4,000 millones de dólares para la región por los próximos cuatro años.

Washington considera a la corrupción y la mala gobernanza, junto con la pobreza y la violencia, como factores clave detrás de la migración centroamericana, y le preocupa que la ayuda financiera estadounidense pueda verse empañada.

"No vamos a poder tener una asociación cercana con gobiernos que no están comprometidos en trabajar contra la corrupción", dijo a Reuters Brendan O'Brien, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en El Salvador.

La administración de Biden quiere que los gobiernos de la región cumplan con parámetros "sólidos (...) en la lucha contra la corrupción y la impunidad", apoyen la independencia electoral y judicial y protejan los derechos humanos, aseguró a Reuters un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.

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"Abordar los enormes desafíos de la región requiere un cambio sistémico y la voluntad política de los líderes de El Salvador, Guatemala y Honduras", agregó.

PREOCUPACIÓN

Pero el historial de corrupción en la región es irregular.

En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández advirtió que la investigación de fiscales estadounidenses por sus supuestos vínculos con el narco podría dañar la cooperación internacional. El mandatario, cuyo hermano fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua por tráfico de drogas a fines de marzo, ha negado las acusaciones.

En El Salvador, donde la creciente concentración de poder del presidente Nayib Bukele preocupa a Washington, el carismático líder de 39 años ha criticado el plan de Biden como una repetición de la Alianza para la Prosperidad de la era de Barack Obama que, según dijo, no dio resultados.

Y en Guatemala, el mandatario Alejandro Giammattei provocó indignación entre activistas el mes pasado al nombrar a su abogada para ocupar un asiento en la máxima corte del país.

"Va a ser difícil para la administración Biden encontrar aliados confiables entre los gobiernos centroamericanos", sostuvo Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés), un grupo de defensa de los derechos humanos.

Funcionarios estadounidenses como Roberta Jacobson, coordinadora para la frontera sur, han dicho que Washington continuará canalizando el apoyo a grupos de la sociedad civil en la región, limitando la ayuda directa a los gobiernos.

Pero un funcionario de alto nivel del gobierno de Biden aseguró a Reuters, bajo condición de anonimato, que las ONG a menudo no están bien equipadas para absorber los millones de dólares que Washington busca destinar y que es necesario mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de sus programas.

El jefe del gabinete de ministros de Hernández, Carlos Madera, dijo que Honduras "no dejará" de ser un socio confiable de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y que atacará la corrupción.

"Nosotros con Estados Unidos hemos sido sumamente exitosos en la relación de cooperación bilateral, no creo que vaya ser la diferencia esta vez", comentó la semana pasada antes de partir a Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses.

➡️ Guatemala niega que haya acuerdo con EU para aumentar tropas en fronteras

La Presidencia de Guatemala, por su parte, aseguró en un comunicado a Reuters que combatir la corrupción es una de las principales prioridades de Giammattei.

"El combate a la corrupción es un compromiso y una prioridad del Gobierno del presidente Alejandro Giammattei y no depende de disposiciones, ni condicionamientos provenientes del extranjero, sino que se hace porque es lo correcto", sostuvo.

"CHEQUE EN BLANCO"

En gran parte, el aumento de la migración desde Centroamérica refleja una dura realidad económica: la pandemia del coronavirus aunada a dos potentes huracanes que golpearon la región a fines del año pasado ha dejado a cientos de miles de personas desesperadas.

➡️ EU detiene 135 niños al día en su frontera

El Triángulo Norte ya era una de las regiones más pobres y violentas de América. Ahora, corre el riesgo de desarrollar una grave crisis humanitaria, advierten analistas.

Pero, además del aumento de la pobreza, muchos migrantes aseguran que la corrupción los está obligando a buscar mejores horizontes en el norte del continente.

"La gente está más pobre y ellos, los funcionarios de turno, cada vez más ricos", se lamentó Laura Escobar, una salvadoreña de 39 años, quien dijo que planeaba emigrar luego de perder su trabajo durante la pandemia.

No es la primera vez que Estados Unidos busca condicionar la ayuda a Centroamérica en un intento por frenar la migración.

Durante el gobierno del exmandatario Barack Obama (2009-2017), el Congreso de Estados Unidos presionó para que los 1,000 millones de dólares de ayuda de la Alianza para la Prosperidad se vincule a la lucha contra la corrupción y el tráfico de drogas, pero el esfuerzo no fue suficiente, aseguraron analistas.

Los niveles de asistencia siguen siendo sustanciales. El año pasado, Estados Unidos -el principal socio comercial de los tres países- desembolsó 390,6 millones de dólares al Triángulo Norte. La mayoría se destinó a proyectos de educación y gobernanza.

Ahora, los funcionarios estadounidenses quieren asegurarse de que el apoyo venga con condiciones más rigurosas.

"(La ayuda) no será un cheque en blanco", aseguró a Reuters, bajo condición de anonimato, otro funcionario estadounidense de alto rango. "Necesitaremos ver algunas reformas sistémicas serias para combatir la corrupción".

La fuente agregó que Washington quiere que los países centroamericanos se comprometan con una comisión anticorrupción independiente y respaldada regionalmente, parecida a las establecidas anteriormente en Guatemala y Honduras -CICIG y MACCIH- que luego no fueron renovadas.

Washington también busca enviar más agregados del Departamento de Justicia y del Tesoro a sus embajadas en la región para combatir el crimen y crear una nueva oficina responsable de investigar la corrupción en el Triángulo Norte.

En El Salvador, agregó la fuente, Bukele necesitaba restaurar la separación de poderes y mostrar un mayor compromiso con la transparencia.

HONDURAS, DOLOR DE CABEZA

Pero, para muchos en Washington, la principal preocupación es Honduras, el mayor remitente de migrantes centroamericanos y un país donde las acusaciones de drogas que rodean al presidente Hernández han erosionado la confianza en su gobierno.

Las elecciones para reemplazar a Hernández se llevarán a cabo a fines de noviembre, y varios de los principales candidatos para sucederlo se han visto envueltos en investigaciones de corrupción o narcotráfico.

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