BOGOTÁ. La Policía Nacional de Colombia fue responsable de la muerte de 11 personas durante las protestas del año pasado contra la brutalidad de ese organismo, indica un informe patrocinado por Naciones Unidas y entregado a la alcaldía de Bogotá.
El 9 y 10 de septiembre multitudes con piedras, palos y bombas incendiarias se volcaron hacia los puestos barriales de la policía en Bogotá y en el aledaño municipio de Soacha, a raíz del asesinato de Javier Ordóñez (43 años) a manos de dos agentes que lo sometieron a un brutal castigo que quedó grabado en celulares.
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“La policía nacional actuó con violencia desproporcionada contra los jóvenes que protestaban en sectores populares (...) Es decir, los policías se ensañaron contra la gente más pobre de esta ciudad, creyendo que por esto los podían matar, herir y que hacerlo no tendría consecuencia alguna”, dijo Carlos Negret, exdefensor del pueblo y relator de la investigación financiada y apoyada “metodológicamente” por Naciones Unidas.
Ordóñez fue rematado en una sede policial y uno de los asesinos recibió una condena de 20 años de prisión.
Durante las “noches de terror” que siguieron a su muerte, la policía “reaccionó de una forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad” y “su actuación causó una masacre”, expresó Negret conmovido durante la exposición del informe.
Catorce personas murieron violentamente, “once” de la cuales, entre ellas Ordóñez, fallecieron a causa del “uso ilícito de la fuerza” de efectivos policiales.
También resultaron heridos 300 civiles y 216 uniformados, así como 76 puestos policiales fueron destruidos. Los investigadores encontraron también evidencias de “violencia” contra los agentes.
El perfil de los muertos dejó ver una “criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública”, dijo Negret: ninguno tenía formación profesional, eran trabajadores informales con ingresos menores al salario mínimo (13 casos) y tenían entre 17 y 27 años (10).
El informe es “doloroso hasta el alma, pero necesario para salvaguardar y recomponer nuestra democracia”, expresó entre lágrimas la alcaldesa de Bogotá durante el acto de presentación.
La mandataria clamó “justicia”, pidió perdón “por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera” y le solicitó al presidente Iván Duque atender las recomendaciones del informe y reconocer que hubo una “masacre cometida por miembros de la policía”.
El relator de la investigación concluyó también que la “subordinación de la policía a las autoridades civiles es una ficción constitucional”, pues no obedecen a alcaldes ni gobernadores.
En los últimos tres años Colombia ha enfrentado inéditas protestas masivas, la mayoría convocadas contra las políticas gubernamentales. La ONU, gobiernos y ONG internacionales han denunciado los abusos policiales durante el prolongado estallido social.
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