Los policías de Río de Janeiro tendrán que usar microcámaras en sus uniformes que registrarán la totalidad de sus acciones durante las horas de servicio, según un proyecto de ley aprobado este miércoles por la Asamblea Legislativa del estado más emblemático de Brasil.
La decisión se da tras una letal operación policial realizada el jueves pasado en una favela de la ciudad, que dejó como saldo 28 personas muertas, entre ellas un uniformado, y que fue considerada por organizaciones defensoras de derechos humanos como "la mayor masacre en la historia de Río".
La violenta acción prendió de nuevo las alarmas sobre los abusos de la Policía en la icónica ciudad brasileña, ya que la mayoría de los 27 civiles muertos eran jóvenes negros y de acuerdo con la Policía gran parte de ellos tenía antecedentes policiales por diferentes crímenes.
Irregularidades denunciadas por testigos de los hechos, que aseguran que varios de los fallecidos fueron ejecutados dentro de sus casas y que algunos ni siquiera estaban armados, ha puesto los hechos bajo la lupa de las autoridades competentes.
El proyecto de ley aprobado este miércoles por la Asamblea de Río busca garantizar la transparencia y la eficiencia del cuerpo policial en el estado fluminense, ya que las microcámaras registrarán todo lo que un policía ve, escucha, habla y hace durante su servicio.
"El objetivo es posibilitar un mayor control de la legalidad por parte de los poderes constituidos sobre los actos practicados por los agentes de seguridad en el ejercicio de sus funciones", explicó el diputado regional Carlos Minc, autor del proyecto.
Según el diputado, la nueva ley también servirá de salvaguarda en casos de acusaciones falsas contra la policía y puede ayudar a corregir errores y mejorar el servicio de la Policía durante los operativos.
Tanto la Policía Militar, que es la que realiza el trabajo de patrullamiento ostensivo en las calles, como la Policía Civil, encargada de la investigación criminal, tendrán que acogerse a la nueva norma.
La medida complementará la norma que en la actualidad obliga al Gobierno regional a instalar cámaras de vídeo y audio en los vehículos de los entes de Seguridad Pública y Defensa Civil.
Solo en el primer trimestre de este año 453 personas han muerto a manos de uniformados en Río, según datos oficiales.
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