PARÍS. El caso de Julian Assange presenta diversas aristas controvertidas. En primer lugar pone en juego -en términos generales- la inviolabilidad del derecho de asilo, que hasta ahora era respetado en forma escrupulosa en todo el mundo como una extensión del principio milenario de hospitalidad.
En segundo término, suscita dudas sobre sobre el valor de la palabra de Ecuador a nivel internacional, pues -a juicio de la abogada de Julian Assange- se trata de una “vulgar entrega” a Estados Unidos.
El episodio también abre dudas sobre el comportamiento de Gran Bretaña y su eventual complicidad con el gobierno de Donald Trump. El presidente de Ecuador aseguró que había pedido al gobierno de Londres garantías de que Assange no sería extraditado a un país en el que pueda ser torturado o condenado a muerte. Gran Bretaña, según Moreno, respondió afirmativamente por escrito. Estados Unidos, sin embargo, es un país que aplica la pena de muerte.
La abogada de Assange, Jennifer Robinson, destacó que la solicitud de EU fue emitida en diciembre de 2017 en relación con el caso de Chelsea Manning. El pedido de extradición nunca mencionó en forma pública la existencia de un proceso abierto contra Assange, pero documentos revelados en noviembre de 2018 sugieren que sí existía un proceso secreto en ese país contra el fundador de WikiLeaks.
