Bogotá.- La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) manifestó su preocupación por la salida del país de un reportero y un fotógrafo de The New York Times, tras revelar en un artículo que supuestamente el Ejército ha ordenado a sus soldados duplicar el número de criminales y guerrilleros muertos, lo que pone en riesgo vidas civiles.
Así lo hizo la APIC luego de que el periodista Nicholas Casey aseguró el domingo que se fue del país tras recibir acusaciones falsas por parte de miembros del partido de Gobierno, como la senadora María Fernanda Cabal, quien manifestó que en "2016 estuvo de gira con las FARC en la selva y se preguntó "¿cuánto le habrían pagado por ese reportaje?".
A raíz de esos señalamientos también se vio obligado a salir del país el fotógrafo Federico Ríos, de nacionalidad colombiana.
"Creemos que en este momento de polarización creciente en Colombia, la estigmatización de los periodistas en razón de su trabajo no solo pone en peligro la vida de los colegas Caseyy Ríos, sino de todos los periodistas que, en cumplimiento de su labor, presentan la versión de las diferentes perspectivas dentro de una historia", detalló la Asociación en un comunicado.
Ejército colombiano: No hay riesgo de que mueran civiles
El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Fernando Navarro, afirmó que no existe riesgo de que "civiles inocentes" mueran durante operaciones, después de que The New York Times señalara que el Ejército pone en riesgo la vida de esas personas al exigir a altos mandos mejorar sus resultados.
"No hay ningún riesgo de que vayan a caer civiles inocentes. Inclusive nosotros dentro del marco operacional si vemos que hay algún riesgo contra la población civil preferimos cancelar una operación y no la hacemos porque no queremos que vayan a caer civiles inocentes", aseguró Navarro a periodistas en reacción al artículo publicado en inglés y español en el diario estadounidense.
El alto oficial agregó que las autoridades evalúan incluso los posibles "daños colaterales" de una operación, que determinan si ésta es viable o no, pues tienen como objetivo llevar "la mejor seguridad" a los colombianos.
En tanto, el ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, afirmó que "siempre hay certeza en el objetivo" y reiteró que la fuerza pública busca proteger los derechos, por lo que los uniformados reciben formación en esa área.
"Hemos capacitado en lo corrido de este año a 115 mil personas, hemos realizado 38 talleres y además hemos formado 177 asesoren en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH)", acotó Botero.
