/ domingo 24 de enero de 2021

Puerto Rico declara estado de emergencia por violencia de género

La alarma social se desató definitivamente después de que en un periodo de cuatro semanas entre septiembre 15 y octubre 19 del año pasado, se registraran 17 asesinatos de mujeres

San Juan.- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció este domingo una orden ejecutiva para declarar una emergencia por violencia de género, como había adelantado durante su campaña electoral debido a la situación que viven las mujeres en la isla.

La iniciativa responde a una alarma social provocada por el aumento de casos en una población como la de Puerto Rico, de cerca de 3.2 millones de personas, donde en 2020 se registraron más de 45 feminicidios.

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La alarma social se desató definitivamente después de que en un periodo de cuatro semanas entre septiembre 15 y octubre 19 del año pasado, se registraran 17 asesinatos de mujeres.

La decisión anunciada hoy llega después de que su predecesora, Wanda Vázquez, anunciara un estado de alerta nacional a causa de la violencia contra las mujeres en septiembre de 2019.

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"Por demasiado tiempo víctimas vulnerables han sufrido las consecuencias del machismo sistemático, la falta de equidad, discriminación, la falta de educación, la falta de orientación y sobre todo la falta de acción", subrayó.

 

 

DEBER Y COMPROMISO COMO GOBERNADOR

"Es mi deber y compromiso como gobernador establecer un PARE a la violencia de género y ante estos fines es que he declarado un estado de emergencia", sostuvo Pierluisi.

La orden ejecutiva 2021-13 establece mecanismos puntuales como la designación de un oficial de cumplimiento, que responderá al gobernador, para fiscalizar, dar seguimiento y comprobar la implementación de la orden.

Además, crea el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE) en el que se designan 17 miembros y aumenta a tres la representación de las organizaciones que se dedican a luchar contra la violencia de género.

Este comité será presidido por la secretaria de la Familia, Carmen González.

Otra de las disposiciones de la orden ordena crear una aplicación telefónica que ayude a víctimas de violencia de género a solicitar ayuda de emergencia ocultando el mensaje enviado para proteger a la víctima de su agresor.

Además, cada agencia en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tendrá que identificar los recursos para cumplir con las disposiciones de la orden ejecutiva y, de ser necesario, solicitar fondos adicionales para manejar la emergencia declarada.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A VÍCTIMAS

Como esfuerzo para prevenir fatalidades y proveer mayor seguridad a las víctimas, se crea un programa de seguimiento para que toda persona que tenga una orden de protección por violencia de género sea contactada por un oficial público para verificar su seguridad.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Asimismo, se ordena el establecimiento de mecanismos de capacitación para todos los agentes de orden público y personal de agencias de Gobierno relevantes a los esfuerzos del Comité PARE, así como la optimización de los procesos para compilar estadísticas confiables sobre la incidencia de la violencia de género.

También se ordena la evaluación para emitir recomendaciones sobre la implantación del Plan Alerta Rosa y se ordena explorar maneras de mejorar la atención a víctimas vulnerables a través de las divisiones especializadas del Departamento de Justicia.

 

 

Tomando en cuenta que en múltiples ocasiones en los casos de violencia de género hay un factor económico que no permite a la víctima tener las herramientas necesarias para alejarse de su situación de violencia, la orden ejecutiva obliga al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a crear programas que incentiven la integración de mujeres a la fuerza laboral.

Para concienciar, educar y prevenir la violencia de género se instruye el diseño y diseminación de campañas mediáticas en alianza con la empresa privada.

Finalmente, se establece que el Comité PARE deberá publicar un primer informe de progreso en los 45 días posteriores a la primera reunión y cada 30 días por la duración de la orden, que será hasta el 30 de junio de 2022, prorrogable por el gobernador a petición del Comité PARE.

San Juan.- El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció este domingo una orden ejecutiva para declarar una emergencia por violencia de género, como había adelantado durante su campaña electoral debido a la situación que viven las mujeres en la isla.

La iniciativa responde a una alarma social provocada por el aumento de casos en una población como la de Puerto Rico, de cerca de 3.2 millones de personas, donde en 2020 se registraron más de 45 feminicidios.

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La alarma social se desató definitivamente después de que en un periodo de cuatro semanas entre septiembre 15 y octubre 19 del año pasado, se registraran 17 asesinatos de mujeres.

La decisión anunciada hoy llega después de que su predecesora, Wanda Vázquez, anunciara un estado de alerta nacional a causa de la violencia contra las mujeres en septiembre de 2019.

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"Por demasiado tiempo víctimas vulnerables han sufrido las consecuencias del machismo sistemático, la falta de equidad, discriminación, la falta de educación, la falta de orientación y sobre todo la falta de acción", subrayó.

 

 

DEBER Y COMPROMISO COMO GOBERNADOR

"Es mi deber y compromiso como gobernador establecer un PARE a la violencia de género y ante estos fines es que he declarado un estado de emergencia", sostuvo Pierluisi.

La orden ejecutiva 2021-13 establece mecanismos puntuales como la designación de un oficial de cumplimiento, que responderá al gobernador, para fiscalizar, dar seguimiento y comprobar la implementación de la orden.

Además, crea el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE) en el que se designan 17 miembros y aumenta a tres la representación de las organizaciones que se dedican a luchar contra la violencia de género.

Este comité será presidido por la secretaria de la Familia, Carmen González.

Otra de las disposiciones de la orden ordena crear una aplicación telefónica que ayude a víctimas de violencia de género a solicitar ayuda de emergencia ocultando el mensaje enviado para proteger a la víctima de su agresor.

Además, cada agencia en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tendrá que identificar los recursos para cumplir con las disposiciones de la orden ejecutiva y, de ser necesario, solicitar fondos adicionales para manejar la emergencia declarada.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A VÍCTIMAS

Como esfuerzo para prevenir fatalidades y proveer mayor seguridad a las víctimas, se crea un programa de seguimiento para que toda persona que tenga una orden de protección por violencia de género sea contactada por un oficial público para verificar su seguridad.

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Asimismo, se ordena el establecimiento de mecanismos de capacitación para todos los agentes de orden público y personal de agencias de Gobierno relevantes a los esfuerzos del Comité PARE, así como la optimización de los procesos para compilar estadísticas confiables sobre la incidencia de la violencia de género.

También se ordena la evaluación para emitir recomendaciones sobre la implantación del Plan Alerta Rosa y se ordena explorar maneras de mejorar la atención a víctimas vulnerables a través de las divisiones especializadas del Departamento de Justicia.

 

 

Tomando en cuenta que en múltiples ocasiones en los casos de violencia de género hay un factor económico que no permite a la víctima tener las herramientas necesarias para alejarse de su situación de violencia, la orden ejecutiva obliga al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a crear programas que incentiven la integración de mujeres a la fuerza laboral.

Para concienciar, educar y prevenir la violencia de género se instruye el diseño y diseminación de campañas mediáticas en alianza con la empresa privada.

Finalmente, se establece que el Comité PARE deberá publicar un primer informe de progreso en los 45 días posteriores a la primera reunión y cada 30 días por la duración de la orden, que será hasta el 30 de junio de 2022, prorrogable por el gobernador a petición del Comité PARE.

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