El rey emérito Juan Carlos solicitó este martes inmunidad legal en Inglaterra, intentando pausar una demanda por acoso presentada por su ex amante, en un caso que se ha vuelto polémico por la publicación de un pódcast sobre ese romance.
En Londres, tres jueces del Tribunal de Apelación de escucharon a los abogados del ex monarca, de 84 años, y de la empresaria germano-danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de 57 años, con quien mantuvo una relación extramarital entre 2004 y 2009.
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Dada la complejidad del caso, anunciaron al fin de la vista que tardarán algún tiempo en pronunciarse, sin precisar fecha.
En 2020, la empresaria, también conocida por su apellido de soltera Larsen, presentó una demanda civil por acoso en Londres, donde vive, y denunció ocho años de amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación.
Asegura que Juan Carlos la hostigó desde 2012 buscando recuperar regalos que incluyen 65 millones de dólares.
Reclama una indemnización por daños psicológicos y medidas de alejamiento. No hay riesgo de cárcel o extradición al padre del actual rey Felipe VI.
Juan Carlos niega las acusasiones
Juan Carlos, que vive exiliado en los Emiratos Árabes Unidos, niega las acusaciones.
Su equipo jurídico defiende desde 2021 que no puede ser juzgado en Inglaterra en virtud de la ley británica de inmunidad del Estado de 1978.
En marzo, un juez de la Alta Corte de Londres le denegó dicha inmunidad, argumentando que tras su abdicación en 2014 dejó de ser miembro de la casa real, e incluso antes sus presuntos "actos de acoso" no beneficiaban de dicha protección.
Pero el Tribunal de Apelación accedió a reexaminar la cuestión, aunque únicamente mientras fue jefe de Estado y en caso de que actuase como tal.
"La inmunidad es un obstáculo procesal, no tiene en absoluto en cuenta la legalidad o la moralidad de la conducta aludida", defendió el martes el abogado del ex rey, Tim Otty.
"La conducta sigue siendo imputable al Estado aunque el agente del Estado actúa con abuso de poder", agregó.
Sin embargo aceptar tal abuso, aunque beneficiase de inmunidad hasta 2014, puede tener consecuencias en los actos posteriores que se le imputan, advirtió uno de los jueces.
Estos deberán decidir si al solicitar los servicios del general Félix Sanz Roldán, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quien según Sayn-Wittgenstein la amenazó y envió a agentes a acosarla, Juan Carlos lo hizo como jefe de Estado recurriendo al jefe del espionaje o como favor personal entre amigos.
Recientemente los abogados de la empresaria modificaron su demanda, eliminando toda referencia al CNI para dar a entender que ambos actuaron de forma privada. Esta modificación fue cuestionada por los magistrados que también pusieron en duda la ansiedad, como daño psicológico, alegado por la ex amante como consecuencia del acoso.
Y criticaron la falta de exactitud de ciertos argumentos en un caso de muy alto perfil, con acusaciones graves y mucho dinero en juego.
El abogado de Larsen, James Lewis, insistió en que la inmunidad sólo se aplica a actos realizados "en el desempeño de funciones oficiales" y "no por placer o interés propio" del jefe de Estado.
Y subrayó que el rey de España no tiene control o autoridad sobre el CNI.
Polémico pódcast
El caso se vio enturbiado por la publicación el lunes de un polémico pódcast titulado "Corinna y el Rey", en que los periodistas londinenses Bradley Hope y Tom Wright relatan, con testimonios de Larsen y otros entrevistados, un romance real que al venirse abajo "abrió la ventana a un mundo peligroso y lleno de codicia, corrupción y crimen".
En documentos judiciales presentados el martes, los abogados de Larsen aseguran que aunque Juan Carlos le entregó los 65 millones alegando "un afecto por ella y sus hijos que no podía reflejar en su testamento" su intención era en realidad ocultarlos al fisco español.
Y afirman que el supuesto hostigamiento comenzó en 2012 buscando acceder a dicho dinero.
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Paralizada hasta que se resuelva el recurso sobre la inmunidad, la demanda por acoso debería proseguir después, dado que el rey emérito no fue autorizado a reclamar inviolabilidad a partir de su abdicación.
Nombrado jefe de Estado en 1975, Juan Carlos I fue respetado durante décadas por permitir el retorno de la democracia a España tras la dictadura franquista. Pero una multiplicación de escándalos a partir de 2012, incluida la relación con Larsen, derrumbaron su imagen.
