Seis miembros de la Guardia Civil de España, denunciados por el gobierno boliviano de tratar de ingresar a la embajada de México "encapuchados", abandonaron este viernes el país sudamericano, informó en La Paz el director Nacional de Migración, Marcel Rivas.
"Este viernes, en un vuelo de (la línea aérea) Avianca se retiraron los señores, viajaron con destino a Madrid con combinación en Colombia", dijo Rivas, entrevistado por el canal privado de TV-Bolivisión, y aseguró que son "de un grupo especial de la Guardia Civil española".
Acotó que todos fueron identificados, tras las versiones de la prensa local de que ingresaron a Bolivia con identidad falsa. Señaló que ellos son: José Luis Rivera Pérez, Juan Manuel Fernández Chamorro, Jesús María Varas García, Jorge Santos Casaus, Sergio Mora Mendieta y Sergio Casal Rodríguez.
El personal de seguridad fue filmado la semana pasada con el rostro cubierto en las inmediaciones de la residencia mexicana en La Paz, visitada por los españoles Cristina Borreguero (encargada de negocios) y Álvaro Fernández (cónsul), quienes luego fueron expulsados de Bolivia.
La medida de persona "no grata" también alcanzó a la embajadora de México, María Teresa Mercado, quien dejó el martes el país, el mismo día que Borreguero y Fernández.
La Paz aseguró que los efectivos, "aparente armados", tenían el fin de evacuar de manera subrepticia al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, asilado desde que renunciara a la presidencia Evo Morales, el 10 de noviembre pasado, tras una convulsión social y política.
España negó "rotundamente" que se buscara facilitar la salida de alguno de los asilados bolivianos y aseguró que hubo una visita de cortesía a la residencia mexicana. La ministra encargada de Relaciones Exteriores de España, Margarita Robles, debe comparecer en el Congreso de su país para informar lo que sucedió en La Paz.
España calificó de "hostil" la expulsión de su personal y respondió de igual manera echando a tres diplomáticos bolivianos por reciprocidad.
En la residencia mexicana hay un total de nueve a diez personas del gobierno de Morales, denunciados o investigados por la fiscalía local por los delitos de sedición y terrorismo y a quienes la administración de la presidenta interina Jeanine Áñez les niega salvoconductos para salir del país.
