/ jueves 14 de octubre de 2021

Sebastián Piñera, presidente de Chile, encara juicio político por minera

La oposición se une para presentar un pedido de destitución en el Congreso por irregularidades en la compra-venta de empresa

SANTIAGO. Legisladores chilenos de oposición iniciaron un proceso de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera ante las eventuales irregularidades en la compraventa de una minera, reveladas por los Pandora Papers.

Se trata de un proceso histórico pues, por segunda vez desde que asumió en 2018, Piñera enfrenta un pedido de destitución. Es, además, el segundo presidente chileno en ejercicio que encara un juicio político, tras la causa desestimada contra Carlos Ibáñez del Campo en 1956.

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Pese a que la venta en 2010 de Minera Dominga fue estudiada y sobreseída por tribunales en 2017, una cláusula que condicionaba un pago a que no hubiera cambios regulatorios reavivó la controversia en torno al mandatario, que estaba en su primer período de gobierno.

Parlamentarios de todos los partidos de la oposición, desde los comunistas hasta los democristianos -quienes rara vez se ponen de acuerdo-, levantaron el pedido de destitución en la Cámara de Diputados y acusaron al mandatario de haber faltado al principio de “probidad” y “comprometer gravemente el honor de la Nación”.

Todo a raíz de que los Papeles de Pandora revelaran irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que este asumió el cargo para su primer mandato (2010-2014).

En entredicho

Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la venta del proyecto al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, una decisión que dependía de Piñera.

Los opositores chilenos sostienen que el gobierno de Piñera ha evitado siempre definir una zona de protección que afectaría la instalación del polémico proyecto, lo que tendría clara vinculación al caso.

La medida aparece luego de que la Fiscalía decidiera abrir una nueva investigación sobre el caso tras determinar que los detalles de la operación no eran el motivo principal de la investigación anterior.

El multimillonario empresario ha rechazado las acusaciones y ha argumentado que todos los detalles del contrato estuvieron en el expediente ya revisado y donde no se encontraron irregularidades.

La controversia ha tomado relevancia en medio de la campaña presidencial y legislativa para los comicios de noviembre, donde luce como favorito el exlíder estudiantil y diputado Gabriel Boric, apoyado por una coalición del izquierdista Frente Amplio y el Partido Comunista.

La Acusación Constitucional contaría con los 78 votos necesarios para ser aprobada en diputados, pero aún no se desconoce si lograría avanzar en el Senado.

Los impulsores de la propuesta quieren que el proceso sea resuelto antes de las elecciones del 21 de noviembre.

Sebastián Piñera, un hábil y millonario empresario, ha quedado así en una encrucijada en la recta final de su segundo gobierno, marcado por un estallido social, una crisis económica y sanitaria, y ahora enfrascado en la incertidumbre por el proceso de destitución.


Te recomendamos el podcast ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

SANTIAGO. Legisladores chilenos de oposición iniciaron un proceso de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera ante las eventuales irregularidades en la compraventa de una minera, reveladas por los Pandora Papers.

Se trata de un proceso histórico pues, por segunda vez desde que asumió en 2018, Piñera enfrenta un pedido de destitución. Es, además, el segundo presidente chileno en ejercicio que encara un juicio político, tras la causa desestimada contra Carlos Ibáñez del Campo en 1956.

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Pese a que la venta en 2010 de Minera Dominga fue estudiada y sobreseída por tribunales en 2017, una cláusula que condicionaba un pago a que no hubiera cambios regulatorios reavivó la controversia en torno al mandatario, que estaba en su primer período de gobierno.

Parlamentarios de todos los partidos de la oposición, desde los comunistas hasta los democristianos -quienes rara vez se ponen de acuerdo-, levantaron el pedido de destitución en la Cámara de Diputados y acusaron al mandatario de haber faltado al principio de “probidad” y “comprometer gravemente el honor de la Nación”.

Todo a raíz de que los Papeles de Pandora revelaran irregularidades en la venta de la Minera Dominga por parte de una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que este asumió el cargo para su primer mandato (2010-2014).

En entredicho

Según reveló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la venta del proyecto al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, una decisión que dependía de Piñera.

Los opositores chilenos sostienen que el gobierno de Piñera ha evitado siempre definir una zona de protección que afectaría la instalación del polémico proyecto, lo que tendría clara vinculación al caso.

La medida aparece luego de que la Fiscalía decidiera abrir una nueva investigación sobre el caso tras determinar que los detalles de la operación no eran el motivo principal de la investigación anterior.

El multimillonario empresario ha rechazado las acusaciones y ha argumentado que todos los detalles del contrato estuvieron en el expediente ya revisado y donde no se encontraron irregularidades.

La controversia ha tomado relevancia en medio de la campaña presidencial y legislativa para los comicios de noviembre, donde luce como favorito el exlíder estudiantil y diputado Gabriel Boric, apoyado por una coalición del izquierdista Frente Amplio y el Partido Comunista.

La Acusación Constitucional contaría con los 78 votos necesarios para ser aprobada en diputados, pero aún no se desconoce si lograría avanzar en el Senado.

Los impulsores de la propuesta quieren que el proceso sea resuelto antes de las elecciones del 21 de noviembre.

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