/ viernes 29 de mayo de 2020

SIP califica de “unilateral" la orden ejecutiva de Trump contra redes sociales

La "orden ejecutiva sobre la prevención de la censura en línea" fue emitida después de que Twitter incluyera avisos de advertencia a los lectores para que revisaran la información publicada por Trump

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de unilateral, sin debate y basada en el "enojo" del presidente Donald Trump contra Twitter, la orden ejecutiva en la que el mandatario busca responsabilizar a las plataformas de internet por los contenidos que distribuyen los usuarios.

La SIP dijo que la orden, firmada el jueves por Trump, que incluye a Twitter, Facebook, Google y YouTube, entre otras plataformas, es contraria al "espíritu del debate profundo sobre libertad de expresión que debe prevalecer en el ámbito digital".

"La decisión unilateral de la Casa Blanca no solo tendrá repercusiones en el país, sino que pudiera contagiar peligrosas conductas regulatorias que podrían crear una 'nueva pandemia' de coacción en contra de la libertad de expresión a nivel global", se lamentó Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

El necesario debate sobre las responsabilidades y deberes de las plataformas en materia de distribución y curación de contenidos debe ser abierto, transparente y profundo, manifestó por su parte Christopher Barnes, presidente de la SIP.

"No puede estar enmarcado por una orden ejecutiva presidencial que, a todas luces, ha sido dictada por el presidente Trump en forma intempestiva, enojado por el trato que dio Twitter a algunos de sus tuits", señaló Barnes.

"La actitud mostrada por el presidente Trump está alejada del espíritu del debate profundo sobre libertad de expresión que debe prevalecer en el ámbito digital", dijo.

Subrayó que este "no puede estar limitado por órdenes ejecutivas sino también considerar la rica jurisprudencia que se ha creado en Estados Unidos en torno a los derechos de la Primera Enmienda" sobre libertad de expresión.

La "orden ejecutiva sobre la prevención de la censura en línea" fue emitida después de que Twitter incluyera avisos de advertencia a los lectores para que revisaran la información publicada por Trump en dos tuits en los que dijo que las votaciones por correo que pidieron algunos gobernadores para sortear los efectos de la pandemia por el Covid-19, podrían derivar en fraude electoral.

La etiqueta de Twitter, donde Trump tiene 80 millones de seguidores, fue acompañada por un enlace a una página que describía las afirmaciones del presidente como "sin fundamento".

El decreto presidencial tiene el propósito, entre otros, de eliminar las protecciones legales otorgadas a las plataformas tecnológicas en una ley de 1996, que les eximen de responsabilidad legal por información que publican terceros.

La orden ejecutiva ordena revisar si las políticas de uso de las empresas tecnológicas cumplen con su compromiso de neutralidad, tras acusaciones de que las redes sociales discriminan información y opiniones de usuarios con sesgo conservador.

Requiere, además, que las agencias federales examinen de nuevo sus gastos en publicidad oficial en dichas plataformas de internet.

La SIP, con sede en Miami y con más de mil 300 publicaciones, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de unilateral, sin debate y basada en el "enojo" del presidente Donald Trump contra Twitter, la orden ejecutiva en la que el mandatario busca responsabilizar a las plataformas de internet por los contenidos que distribuyen los usuarios.

La SIP dijo que la orden, firmada el jueves por Trump, que incluye a Twitter, Facebook, Google y YouTube, entre otras plataformas, es contraria al "espíritu del debate profundo sobre libertad de expresión que debe prevalecer en el ámbito digital".

"La decisión unilateral de la Casa Blanca no solo tendrá repercusiones en el país, sino que pudiera contagiar peligrosas conductas regulatorias que podrían crear una 'nueva pandemia' de coacción en contra de la libertad de expresión a nivel global", se lamentó Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

El necesario debate sobre las responsabilidades y deberes de las plataformas en materia de distribución y curación de contenidos debe ser abierto, transparente y profundo, manifestó por su parte Christopher Barnes, presidente de la SIP.

"No puede estar enmarcado por una orden ejecutiva presidencial que, a todas luces, ha sido dictada por el presidente Trump en forma intempestiva, enojado por el trato que dio Twitter a algunos de sus tuits", señaló Barnes.

"La actitud mostrada por el presidente Trump está alejada del espíritu del debate profundo sobre libertad de expresión que debe prevalecer en el ámbito digital", dijo.

Subrayó que este "no puede estar limitado por órdenes ejecutivas sino también considerar la rica jurisprudencia que se ha creado en Estados Unidos en torno a los derechos de la Primera Enmienda" sobre libertad de expresión.

La "orden ejecutiva sobre la prevención de la censura en línea" fue emitida después de que Twitter incluyera avisos de advertencia a los lectores para que revisaran la información publicada por Trump en dos tuits en los que dijo que las votaciones por correo que pidieron algunos gobernadores para sortear los efectos de la pandemia por el Covid-19, podrían derivar en fraude electoral.

La etiqueta de Twitter, donde Trump tiene 80 millones de seguidores, fue acompañada por un enlace a una página que describía las afirmaciones del presidente como "sin fundamento".

El decreto presidencial tiene el propósito, entre otros, de eliminar las protecciones legales otorgadas a las plataformas tecnológicas en una ley de 1996, que les eximen de responsabilidad legal por información que publican terceros.

La orden ejecutiva ordena revisar si las políticas de uso de las empresas tecnológicas cumplen con su compromiso de neutralidad, tras acusaciones de que las redes sociales discriminan información y opiniones de usuarios con sesgo conservador.

Requiere, además, que las agencias federales examinen de nuevo sus gastos en publicidad oficial en dichas plataformas de internet.

La SIP, con sede en Miami y con más de mil 300 publicaciones, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.

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