/ sábado 10 de noviembre de 2018

Trump condiciona asilo a pacto con México

EU suspenderá por 90 días el beneficio a inmigrantes ilegales; se reducirá si nuestro país acepta a expulsados

WASHINGTON, DC. El presidente Donald Trump limitó las opciones para los solicitantes de asilo en la frontera con México mediante una orden presidencial que impide que esta protección sea concedida a quienes acceden al país de forma irregular, en un intento por disuadir a la migración centroamericana y presionar a México para que actúe.

“Queremos que la gente ingrese a nuestro país, pero tiene que ingresar legalmente”, dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca tras firmar el decreto antes de partir a París, llamando a la oposición demócrata a legislar sobre el tema de la inmigración.

Trump sustentó su decisión para salvaguardar el “interés nacional” ante la llegada de “un número sustancial” de extranjeros, principalmente centroamericanos, que desde hace casi un mes marchan hacia la frontera estadounidense.

La medida no afectará a ningún extranjero que pida protección presentándose debidamente en un puesto fronterizo legal, ni a ningún residente permanente legal en EU. Tampoco alcanzará a los menores de edad que viajen solos.

La orden ejecutiva, que rige a partir de esta medianoche, estará vigente por 90 días, que podrán ser ampliados.

Pero la administración Trump explícitamente busca que el gobierno mexicano se haga cargo del tema, al estipular que el decreto dejaría de estar en vigor si antes se llega a un acuerdo que “permita a Estados Unidos expulsar a extranjeros a México”.

Este acuerdo es lo que Estados Unidos llama “tercer país seguro”. Para eso, el decreto señala que el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos consultarán con el gobierno mexicano sobre cómo “desalentar, disuadir y hacer retornar” a los grupos de extranjeros antes de que ingresen a Estados Unidos. Según Washington, las conversaciones ya iniciaron.

Según el gobierno de EU, las patrullas fronterizas registraron más de 400 mil ingresos ilegales en 2018. Y en los últimos cinco años, el número de solicitantes de asilo ha aumentado en un 2,000%, desbordando el sistema, que tiene más de 700 mil casos acumulados para procesar.

Según expertos, con este decreto Trump viola el derecho internacional que protege a los solicitantes de asilo.

Las autoridades estadounidenses consideran sin embargo que como México es el primer “país seguro” al que llegan los migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, las solicitudes de asilo deben presentarse allí.

“Sin duda, México es un país seguro para estas personas que huyen de la persecución”, dijo ayer a periodistas un funcionario del gobierno. “Deberían buscar protección en México”, señaló.

Estados Unidos manda regularmente a inmigrantes mexicanos indocumentados de regreso a su país, pero ha tenido dificultades para obtener cooperación para repatriar a hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.

Reportes indican que aún antes de este anuncio, el gobierno empezó a poner controles en los puertos terrestres, instalando agentes de aduanas a mitad de algunos de los puentes internacionales en la frontera con México, que son utilizados para el cruce de personas.

Los arrestos en la frontera sur de EU de inmigrantes indocumentados alcanzaron el pasado mes de octubre la mayor cifra (50 mil 975) desde que Donald Trump llegara a la Casa Blanca en enero de 2017.

WASHINGTON, DC. El presidente Donald Trump limitó las opciones para los solicitantes de asilo en la frontera con México mediante una orden presidencial que impide que esta protección sea concedida a quienes acceden al país de forma irregular, en un intento por disuadir a la migración centroamericana y presionar a México para que actúe.

“Queremos que la gente ingrese a nuestro país, pero tiene que ingresar legalmente”, dijo el mandatario a periodistas en la Casa Blanca tras firmar el decreto antes de partir a París, llamando a la oposición demócrata a legislar sobre el tema de la inmigración.

Trump sustentó su decisión para salvaguardar el “interés nacional” ante la llegada de “un número sustancial” de extranjeros, principalmente centroamericanos, que desde hace casi un mes marchan hacia la frontera estadounidense.

La medida no afectará a ningún extranjero que pida protección presentándose debidamente en un puesto fronterizo legal, ni a ningún residente permanente legal en EU. Tampoco alcanzará a los menores de edad que viajen solos.

La orden ejecutiva, que rige a partir de esta medianoche, estará vigente por 90 días, que podrán ser ampliados.

Pero la administración Trump explícitamente busca que el gobierno mexicano se haga cargo del tema, al estipular que el decreto dejaría de estar en vigor si antes se llega a un acuerdo que “permita a Estados Unidos expulsar a extranjeros a México”.

Este acuerdo es lo que Estados Unidos llama “tercer país seguro”. Para eso, el decreto señala que el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos consultarán con el gobierno mexicano sobre cómo “desalentar, disuadir y hacer retornar” a los grupos de extranjeros antes de que ingresen a Estados Unidos. Según Washington, las conversaciones ya iniciaron.

Según el gobierno de EU, las patrullas fronterizas registraron más de 400 mil ingresos ilegales en 2018. Y en los últimos cinco años, el número de solicitantes de asilo ha aumentado en un 2,000%, desbordando el sistema, que tiene más de 700 mil casos acumulados para procesar.

Según expertos, con este decreto Trump viola el derecho internacional que protege a los solicitantes de asilo.

Las autoridades estadounidenses consideran sin embargo que como México es el primer “país seguro” al que llegan los migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras, las solicitudes de asilo deben presentarse allí.

“Sin duda, México es un país seguro para estas personas que huyen de la persecución”, dijo ayer a periodistas un funcionario del gobierno. “Deberían buscar protección en México”, señaló.

Estados Unidos manda regularmente a inmigrantes mexicanos indocumentados de regreso a su país, pero ha tenido dificultades para obtener cooperación para repatriar a hondureños, salvadoreños y guatemaltecos.

Reportes indican que aún antes de este anuncio, el gobierno empezó a poner controles en los puertos terrestres, instalando agentes de aduanas a mitad de algunos de los puentes internacionales en la frontera con México, que son utilizados para el cruce de personas.

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